(Washington, DC) – El Senado de Estados Unidos podría pronto dar un paso importante que permita reconocer garantías trascendentales a inmigrantes no autorizados, indicó hoy Human Rights Watch. El plan podría regularizar la situación legal de millones de personas y reducir su vulnerabilidad ante violaciones de derechos humanos.
El 16 de abril de 2013 se difundió un resumen del proyecto de Ley del Senado sobre Seguridad en Fronteras, Oportunidades Económicas y Modernización en Materia Inmigratoria (Senate Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act), que plantea profundos cambios al complejo entramado de leyes sobre inmigración de Estados Unidos. El proyecto de ley, de 844 páginas, fue presentado oficialmente en la madrugada. Human Rights Watch está revisando el texto para aclarar los vacíos del resumen legislativo.
“La propuesta del Senado podría marcar un hito para la inmigración en Estados Unidos, al rescatar de la clandestinidad a millones de personas”, aseveró Alison Parker, directora del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Sin embargo, la propuesta podría igualmente vulnerar los derechos de los migrantes a la unidad familiar y el debido proceso”.
Lamentablemente, el proyecto del Senado prevé fondos para ampliar radicalmente la persecución penal de quienes cruzan la frontera al sur del país. Ello podría incluso incrementar la cantidad de personas que son enviadas a prisión por cruzar ilegalmente la frontera, a pesar de que las leyes vigentes ya contemplan la posibilidad de deportar a estas personas.Estos procesos no consiguen abordar las verdaderas amenazas para la seguridad pública y de la nación, y suponen un enorme costo humano y financiero, un aspecto que Human Rights Watch explicará detenidamente en un informe próximo. Human Rights Watch señaló que no deberían ampliarse los procesos penales sin antes considerar cuidadosamente si cumplen la finalidad esperada.
“Procesar penalmente a los migrantes que cruzan la frontera comporta una medida innecesaria y antieconómica, considerando que ya existe la posibilidad de deportación”, indicó Parker. “El gobierno estadounidense no debería destinar erradamente sus esfuerzos y recursos a juzgar y encarcelar a personas que intentan reunirse con sus familiares, escapar de contextos de violencia o conseguir trabajo”.
Si bien la propuesta crearía un mecanismo para que inmigrantes no autorizados puedan regularizar su situación, niega a personas que hayan sido condenadas por delitos graves o tres contravenciones la posibilidad de regularizar su situación legal. El proyecto no dispone claramente si los criterios de exclusión admitirán excepciones cuando, por ejemplo, el delito grave no haya tenido carácter violento, haya transcurrido tiempo suficiente desde la condena o el inmigrante demuestre posteriormente haberse rehabilitado o mantenga fuertes lazos con su núcleo familiar en Estados Unidos.
La propuesta insta a reforzar las prohibiciones contra la aplicación de criterios raciales en la implementación de las leyes sobre inmigración, lo cual contribuirá a contrarrestar la discriminación contra inmigrantes y el público en general, indicó Human Rights Watch. También prevé mejorar la capacitación de funcionarios de inmigración para frenar el problema cada vez más recurrente de uso indebido de la fuerza a manos de estos agentes.
El proyecto además amplía la posibilidad de regularizar a quienes han sido deportados sin una condena penal y a los jóvenes que habrían reunido los requisitos conforme al proyecto de la Ley DREAM.
Aún no hay claridad sobre algunos aspectos específicos que resultan definitorios para determinar si se trata, en general, de un proyecto justo, expresó Human Rights Watch. Algunos factores clave serían los datos concretos acerca de quiénes podrán legalizar su situación y quiénes no. Asimismo, el proyecto exige que las fronteras estadounidenses se consideren seguras, pero no explica claramente qué estándares deberá aplicar el gobierno para llegar a esa determinación. Tampoco se abordan cuestiones fundamentales, como ampliar las posibilidades de regularización a parejas del mismo sexo de ciudadanos estadounidenses.
Human Rights Watch se ha dedicado a analizar las políticas inmigratorias de Estados Unidos durante más de 20 años, y ha generado un gran volumen de investigación en temas relevantes para el actual debate sobre reforma inmigratoria. Este trabajo incluye importantes críticas al trato impartido por Estados Unidos a personas detenidas por motivos de inmigración, menores inmigrantes y víctimas de abusos en el lugar de trabajo y agresión sexual, así como a los intentos realizados en forma ad hoc por gobiernos estatales y locales para limitar los derechos de los inmigrantes.
El nuevo proyecto del Senado fue consensuado por un grupo de senadores de ambas bancadas que se conoce informalmente como la “Banda de los Ocho” (Gang of Eight).
“En las próximas semanas, los senadores deberían procurar incorporar mejoras para que el proyecto garantice de manera más efectiva los derechos de todos”, observó Parker. “Una reforma de esta magnitud debe tener carácter integral y no puede excluir a grupos enteros de inmigrantes cuyos derechos son cercenados actualmente”.
