Los criterios del estado para determinar la discapacidad intelectual son demasiado limitado
7 de Agosto de 2012
Marvin Lee Wilson tiene una discapacidad intelectual y no debería ser ejecutado de acuerdo con la legislación de Estados Unidos. Texas está eludiendo la prohibición constitucional del castigo cruel e inusual
Antonio Ginatta, director de Incidencia para Estados Unidos

(Washington, DC) – Texas no debe ejecutar a un hombre que tiene una discapacidad intelectual significativa, Human Rights Watch señaló hoy. La ejecución de Marvin Lee Wilson, que fue condenado a muerte por el secuestro y el asesinato de un informante de la policía sobre tráfico de drogas en 1992, está prevista para el 7 de agosto de 2012.

En 2002, en el caso Atkins v. Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual, y concluyó que dicha práctica viola la prohibición de la pena cruel e inusual contemplada en la Constitución de Estados Unidos. Aunque la mayoría de los estados utilizan un examen clínico para determinar la discapacidad intelectual, Texas permite la ejecución de personas cuyo diagnóstico clínico ha determinado que poseen una discapacidad intelectual si cumplen ciertos criterios sociales vagos, denominados los “factores Briseño”. Los abogados de Wilson han agotado las posibles apelaciones al sistema de tribunales de Texas y han solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que retrase la ejecución y examine el caso con base en el asunto Atkins.

“Marvin Lee Wilson tiene una discapacidad intelectual y no debería ser ejecutado de acuerdo con la legislación de Estados Unidos”, dijo Antonio Ginatta, director de Incidencia para Estados Unidos de Human Rights Watch. “Texas está eludiendo la prohibición constitucional del castigo cruel e inusual”.

Los “factores Briseño”, que deben su nombre al fallo judicial que los describe, consisten en siete “factores probatorios” que Texas considera indicativos de la discapacidad intelectual. Entre estos componentes están el hecho de que el acusado pueda formular y llevar a cabo planes, demostrar liderazgo, mentir u ocultar efectivamente hechos para proteger sus intereses personales, y responder de manera apropiada y coherente. Al parecer, Texas permite las ejecuciones con que se cumpla solamente uno de los factores Briseño.

Las pruebas revelaron que Wilson tiene un coeficiente intelectual de 61, bastante por debajo de la norma legal y el rango de diagnóstico de 70 estipulados en el caso Atkins. Durante el proceso de apelación, un neuropsicólogo diagnosticó clínicamente la discapacidad intelectual de Wilson. Varios familiares y amigos también firmaron testimonios confirmando una conducta social indicativa de discapacidad intelectual.

Sin embargo, al usar los factores Briseño, los tribunales del estado de Texas han determinado en dos ocasiones que Wilson puede ser ejecutado. Para demostrar que su ejecución es permisible, los tribunales mencionaron el hecho de que Wilson está casado y tiene un hijo, y que mintió a la policía para protegerse.

“Parece que los tribunales de Texas piensan que las personas con discapacidad intelectual no deberían poder casarse, tener hijos y ni siquiera mentir”, dijo Ginatta. “La base de los factores Briseño es tanto infundada como discriminatoria”.

La American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, que ha establecido los criterios citados por la Corte Suprema para determinar la discapacidad intelectual, declaró en un reciente escrito amicus curiae (“amigo del tribunal”) que los factores Briseño “se basan en estereotipos falsos… que excluyen en la práctica a todas las personas salvo las más seriamente discapacitadas”.

Además de la Constitución federal, Estados Unidos ha contraído la obligación en virtud del derecho internacional de derechos humanos de no ejecutar a personas con discapacidad intelectual. En 2011, durante el proceso de Examen Periódico Universal de Estados Unidos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Estados Unidos apoyó una recomendación contra la ejecución de personas con “ciertas discapacidades intelectuales”.

En sus observaciones finales de 2006 sobre Estados Unidos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), declaró que “celebra la decisión de Tribunal Supremo en la causa Atkins v. Virginia (2002), que decretó que la ejecución de delincuentes con retraso mental constituía un castigo cruel e inusual”. Al permitir que los estados tengan un amplio margen para determinar la discapacidad intelectual, Estados Unidos está violando sus obligaciones internacionales y permitiendo que los estados ejecuten a personas con discapacidad intelectual, señaló Human Rights Watch. Al formar parte de un Gobierno federal, Texas sigue teniendo la obligación de cumplir el PIDCP “sin limitaciones ni excepciones”.

Human Rights Watch se opone a la pena capital en todas las circunstancias debido a que la dignidad inherente de la persona es incompatible con la pena de muerte. Este tipo de castigo se distingue por su crueldad y finalidad, y está inevitable y universalmente plagado de arbitrariedad, perjuicios y errores.