(Jerusalén) - La ejecución de tres presos condenados a la horca el 7 de abril de 2012 por las autoridades de Hamas enfatiza la necesidad de una moratoria sobre la pena capital en Gaza, Human Rights Watch señaló hoy. Human Rights Watch, organización que se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla un castigo cruel e inhumano, dijo que las frecuentes deficiencias procesales aumentaron el nivel de atrocidad estas ejecuciones.
Al menos otro preso se encuentra en riesgo inminente de ser ejecutado en Gaza. Su última apelación de su sentencia de muerte fue rechazada por el máximo tribunal militar en febrero.
“El compromiso que el Gobierno de Hamas ha declarado con la justicia debería incluir eliminar la pena de muerte, pues agrava las injusticias cometidas por los tribunales de Gaza y que han bien documentadas”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. “En lugar de ejecutar a los prisioneros, Hamas debe concentrarse en reformar su sistema de justicia”.
Human Rights Watch ha documentado casos en que los tribunales militares en Gaza se abstuvieron de examinar pruebas creíbles de que los acusados fueron condenados con base en confesiones obtenidas bajo tortura, así como otras violaciones del debido proceso, como la detención arbitraria y el hecho de que se impidiera a los detenidos consultar a abogados hasta después de que fueron interrogados.
El Ministerio del Interior anunció la ejecución de tres hombres, condenados en casos no relacionados, a través de un comunicado en su página web. Los hombres habían agotado sus posibilidades de apelación y los familiares de las víctimas no estaban de acuerdo en aceptar una indemnización por sus ejecuciones, según el comunicado.
En el caso de un hombre identificado solo como M.B., residente de Deir al-Balah de 49 años de edad, el tribunal civil de primera instancia en Deir al-Balah lo había condenado a muerte por asesinato el 30 de marzo de 2010. El tribunal de casación de Gaza confirmó el fallo el 16 de febrero de 2012, según el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), un grupo independiente con sede en Gaza. Amnistía Internacional lo identificó como Mohammed Baraka y dijo que había sido condenado por matar a un pariente.
En el caso de M.A., residente de Rafah de 20 años de edad, el tribunal civil de primera instancia en Khan Yunis lo había condenado a muerte el 24 de noviembre de 2010, por secuestrar, violar y matar a un niño en julio de 2010, de acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos, un defensor del pueblo de los derechos de los palestinos. La sentencia fue confirmada por el tribunal de apelaciones en la ciudad de Gaza el 2 de noviembre de 2011, y por el tribunal de casación el 29 de febrero, informó el CPDH.
El hermano de M.A. dijo a Addameer, otro grupo de derechos humanos palestino, que la familia fue notificada el 6 de abril de su inminente ejecución y se le informó que podrían verlo en la cárcel el 7 de abril a la 1am. A las 6:45am, las autoridades de la prisión llamaron por teléfono a la familia para informar que M.A. “había sido ejecutado”.
Los dos hombres fueron condenados bajo el Código Penal de 1936 (núm.74), que data del mandato británico.
En el tercer caso, el Supremo Tribunal Militar de Gaza confirmó el 2 de febrero la pena de muerte en la horca para W.J., de 27 años y residente del campamento de Bureij, en el centro de Gaza, informó el Defensor del Pueblo. W.J. fue declarado culpable el 29 de marzo de 2011 por el Tribunal Militar Permanente, un tribunal inferior, por traición y complicidad en asesinato de acuerdo al Código Penal Revolucionario de 1979 de la Organización de Liberación de Palestina (OLP).
El Defensor del Pueblo palestino también dijo que las autoridades de Hamas pronto podrían ejecutar por lo menos otro preso. El 14 de febrero el Tribunal Supremo Militar en la ciudad de Gaza confirmó la pena de muerte por pelotón de fusilamiento contra Jamil Zakaria Juha, residente de Gaza de 29 años de edad. El tribunal militar permanente lo había condenado a muerte el 6 de diciembre de 2010 por complicidad en un asesinato. No tiene más posibilidades de apelación.
Los tribunales militares en Gaza y Cisjordania aplican el Código Penal Revolucionario de la OLP, que impone la pena de muerte en por lo menos 42 delitos, entre ellos varios que están muy por fuera de la norma internacional de “los delitos más graves”. La jurisdicción de los tribunales militares debe extenderse solo al personal militar, pero Human Rights Watch descubrió que cinco de las dieciséis personas condenadas a muerte por tribunales militares en 2009 y 2010 eran civiles.
Desde que asumió el control de Gaza en 2007, las autoridades de Hamas en Gaza han ejecutado a por lo menos 11 hombres, entre ellos cinco en 2010 y tres en 2011. Al menos cinco hombres fueron ejecutados después de ser condenados por los tribunales militares. La Autoridad Palestina en Cisjordania ha emitido sentencias de muerte, pero no ha realizado ninguna ejecución desde 2005.
La tortura generalizada de sospechosos detenidos en Gaza aumenta las preocupaciones sobre juicios justos, dijo Human Rights Watch. El Defensor del Pueblo Palestino ha documentado 22 denuncias de tortura bajo custodia únicamente en febrero. En 2011, el Servicio de Seguridad Interna del Ministerio del Interior y la Policía de Hamas en Gaza presuntamente torturaron a 147 personas, según los informes mensuales de la Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch no sabe si las pruebas utilizadas en los procedimientos judiciales en estos casos habían sido obtenidas bajo coacción.
