Los gobiernos deben defender los derechos, y no a los aliados que cometen abusos
22 de Enero de 2012

(El Cairo) – Son muchos los gobiernos democráticos que, en función de sus vínculos con aliados represivos, han mitigado su defensa de los derechos humanos en el marco de las protestas de la Primavera Árabe, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2012. Por una cuestión de principios e intereses a largo plazo, los gobiernos deberían expresar su firme apoyo a las personas de Oriente Medio y África del Norte que reclaman sus derechos fundamentales y trabajar para asegurar la transición hacia democracias genuinas.

El informe de 676 páginas, que contiene el examen anual de Human Rights Watch sobre prácticas de derechos humanos en todo el mundo, resume los principales obstáculos a estos derechos en más de 90 países y refleja el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo durante 2011 por el personal de Human Rights Watch. Acerca de los eventos en Oriente Medio y África del Norte, Human Rights Watch señaló que la manera más efectiva de ejercer presión para que los autócratas de la región pongan fin a los abusos y refuercen las libertades básicas es mediante el apoyo internacional firme y coherente a quienes se manifiestan de manera pacífica y a los críticos del gobierno. El compromiso con el respeto de los derechos humanos es además la forma más eficaz de ayudar a que los gobiernos populares se mantengan alejados de la intolerancia, el desorden y las represalias que pueden manifestarse en el seno mismo de la revolución y ponerla en riesgo, afirmó Human Rights Watch.

“Las personas que impulsan la Primavera Árabe merecen recibir un contundente apoyo internacional para poder ejercer sus derechos y construir democracias genuinas”, manifestó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “La lealtad hacia socios autocráticos no debería impedir apoyar a quienes promueven reformas democráticas. También se necesita de la influencia internacional para asegurar que los nuevos gobiernos extiendan el reconocimiento de los derechos humanos y el imperio de la ley a todas las personas, especialmente mujeres y minorías”.

El Informe Mundial 2012 documenta violaciones de derechos humanos en todo el mundo, que incluyen transgresiones del derecho de guerra en Libia y Afganistán; la difícil situación de los presos políticos en Vietnam y Eritrea; el silenciamiento del disenso en China y Cuba; las restricciones a Internet en Irán y Tailandia; las ejecuciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en India y México; los problemas vinculados con comicios en Rusia y la República Democrática del Congo; el maltrato de migrantes en Europa Occidental; las deficientes políticas de salud materna en Haití y Sudáfrica; la represión de la libertad religiosa en Indonesia y Arabia Saudita; las torturas en Pakistán y Uzbekistán; la discriminación contra personas con discapacidad en Nepal y Perú; y la detención de personas sin ningún tipo de proceso judicial en Malasia y por Estados Unidos.

Un paso positivo ha sido la adopción de un tratado internacional para proteger los derechos de los trabajadores del hogar, expresó Human Rights Watch. Los trabajadores del hogar están particularmente expuestos a abusos, y pese a ello muchos países los excluyen de las protecciones legales y otras garantías. El nuevo tratado garantiza los derechos fundamentales de millones de migrantes que trabajan en casas particulares como empleados del hogar o al cuidado de niños u otras personas.

La política occidental respecto a los países árabes ha sido tradicionalmente de contención, y ha apoyado a diversos autócratas árabes con el fin de garantizar la “estabilidad” en la región, incluso en momentos en que la democracia se consolidaba en otras partes del mundo. Human Rights Watch indicó que entre las razones por las cuales tantos gobiernos democráticos admiten una “excepción árabe” se incluyen el temor al islam político y el terrorismo, la necesidad de asegurar el suministro de petróleo y una política de larga data que depende de las autocracias para la preservación de la paz entre Israel y el mundo árabe, así como para ayudar a contener la migración hacia Europa.

“Los eventos del año pasado demuestran que el silencio impuesto a las personas que viven bajo regímenes autocráticos no debería haberse confundido con conformismo popular”, señaló Roth. “Es tiempo de poner fin a la ‘excepción árabe’ y reconocer que las personas de la región merecen que se respeten sus derechos y libertades al igual que cualquier otra persona”.

Las repercusiones de la Primavera Árabe se han sentido en todo el mundo, afirmó Human Rights Watch. Los líderes de China, Zimbabue, Corea del Norte, Etiopía, Vietnam y Uzbekistán parecen vivir permanentemente bajo el temor, ahora alimentado por estos antecedentes, de que sus gobiernos autocráticos sean derrocados por el pueblo. Pero incluso democracias como India, Brasil y Sudáfrica se han mostrado renuentes a apoyar el cambio. Al apelar a una visión obsoleta que asocia la promoción de los derechos humanos con el imperialismo e ignorar el apoyo internacional recibido históricamente cuando su propio pueblo reclamó el reconocimiento de tales derechos, a menudo estas democracias no se han expresado en el contexto de las Naciones Unidas a favor de las personas que son objeto de represión.

China y Rusia han adoptado una postura aun más obstruccionista y han vetado medidas del Consejo de Seguridad de la ONU destinadas a ejercer presión sobre Siria para que desista de la matanza de miles de manifestantes. La supuesta razón detrás de esta postura —evitar una intervención militar como ocurrió en Libia— pierde plausibilidad si se tiene en cuenta el contenido moderado de la resolución vetada, que en ningún caso podía interpretarse que autoriza la acción militar.

Human Rights Watch señaló que la comunidad internacional podría tener un rol trascendental en la promoción de democracias que favorezcan el respeto de los derechos humanos en Oriente Medio y África del Norte. En vez de negarse a apoyar la propagación del islam político, como sucedió en algunas ocasiones en el pasado, los gobiernos democráticos deberían reconocer que posiblemente el islam político represente la preferencia de la mayoría, manifestó Human Rights Watch. Sin embargo, la comunidad internacional debería insistir en que los gobiernos islámicos cumplan sus obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente las relacionadas con el respeto de los derechos de las mujeres y la libertad religiosa, al igual que cualquier otro gobierno.

Con respecto a Oriente Medio y África del Norte, Estados Unidos y la Unión Europea adoptaron una posición más firme frente a la represión en Libia y Siria, cuyos líderes se consideraban hostiles para Occidente, expresó Human Rights Watch. Pero no actuaron con igual contundencia frente al presidente de Egipto Hosni Mubarak, percibido como un baluarte de la “estabilidad” en la región hasta el momento en que su suerte estuvo prácticamente echada. No se pronunciaron en contra de la inmunidad del presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh por su responsabilidad en la matanza de manifestantes —a pesar de que se sugirió que no habría consecuencias para nuevas muertes—, ya que se le considera un bastión frente a Al Qaeda en la Península Arábiga. Tampoco aplicaron presiones genuinas contra Bahréin cuando sofocó su movimiento democrático, para evitar herir la sensibilidad saudita, por temor a la influencia iraní y para intentar proteger una base naval estadounidense.

Estados Unidos y algunos aliados europeos podrían contribuir significativamente a la erradicación de la tortura en el mundo árabe al reconocer sus propios antecedentes de complicidad en torturas cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Los gobiernos occidentales deberían sancionar a los responsables de ordenar o facilitar torturas y poner fin al uso de garantías diplomáticas como excusa para justificar el envío de presuntos criminales a países donde pueden ser sometidos a torturas.

Los países miembros de la Liga Árabe, que históricamente se han defendido entre sí frente a cualquier crítica relativa a derechos humanos, han manifestado un compromiso más constructivo durante la Primavera Árabe, aseveró Human Rights Watch. La Liga Árabe apoyó las medidas de presión para poner fin a la represión de Gaddafi en Libia, aplicó sanciones contra Siria y envió a observadores como parte de un intento, hasta el momento infructuoso, por detener la matanza perpetrada en Siria por Bashar al-Assad. Contrariamente, la Unión Africana (UA) se ha mostrado cautelosa ante los sucesos de la Primavera Árabe, aun cuando la UA se creó supuestamente para defender la democracia y la libertad.

Los gobiernos de transición en Túnez, Libia y Egipto necesitan ayuda para revisar sus leyes represivas y consolidar instituciones de gobierno que fueron debilitadas y cuyo desarrollo fue obstaculizado deliberadamente por los regímenes autocráticos, principalmente las instituciones nacionales de justicia, indicó Human Rights Watch. Mientras que los miembros de las fuerzas de seguridad y los funcionarios gubernamentales no tengan una expectativa razonable de que podrán ser juzgados por su actuación indebida, difícilmente se resistirán a la posibilidad de recurrir al abuso, la violencia y la corrupción.

Esto también se aplica al rol complementario que desempeña la justicia internacional.

“Los gobiernos que respetan los derechos humanos deberían apoyar las iniciativas de justicia internacional independientemente de cualquier consideración política. Sería erróneo creer que al permitir que los países escondan los abusos cometidos en el pasado se evitarán del algún modo atrocidades en el futuro”, afirmó Roth. “A un año del comienzo de la Primavera Árabe, deberíamos defender con firmeza los derechos y las aspiraciones de las personas por sobre las arbitrariedades de los tiranos”.