Human Rights Watch y Las Libres exhortan al gobierno facilitar acceso a servicios legales de aborto y poner fin a las prosecución de las mujeres
5 de Marzo de 2009

Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador del Estado

Lic. Gerardo Mosqueda Martinez, Secretario de Gobierno  

Paseo de la Presa No. 103, 2° Piso

Guanajuato, GTO

Estimados Lics. Oliva Ramírez y Mosqueda Martinez:

Por este intermedio queremos manifestar nuestra profunda inquietud por la situación de derechos humanos y salud reproductiva de las mujeres de Guanajuato, en particular la falta de acceso al aborto seguro y legal en casos de violación y el procesamiento de pacientes que acuden a hospitales públicos con cuadros de aborto séptico. Nos preocupa asimismo la exigua cantidad de procesamientos y condenas por violación y violencia sexual que registra Guanajuato.

Hacemos a Uds. un llamado a garantizar a todas las víctimas de violación un acceso oportuno al aborto seguro y legal y a disponer medidas que permitan llevar a todo autor de delitos de violación y violencia sexual ante la justicia. Al respecto, nos asiste la esperanza de que en el 2009 aumenten tanto el número de mujeres que acceden al aborto legal como los procesamientos y condenas por delitos de violencia sexual. Les instamos además a indultar a quienes se encuentren cumpliendo pena o servicio comunitario por aborto, y respetar el derecho de toda mujer a ser atendida bajo condiciones de reserva y seguridad.

Human Rights Watch viene documentando desde hace cinco años los abusos y violaciones a los derechos reproductivos que se cometen en el continente. En el caso de México, en marzo del 2006 se dio a conocer el informe titulado México: Víctimas por partida doble (Ver www.hrw.org/en/reports/2006/03/06/mexico-v-ctimas-por-partida-doble).

En 2005, época en que realizamos el trabajo original de entrevistas y recolección de datos, el Estado de Guanajuato no había autorizado ni realizado un solo aborto legal, a pesar de saberse de niñas y mujeres violadas que solicitaban la interrupción legal de embarazos indeseados. A nuestro regreso tres años después hemos constatado la total ausencia de avances en conceder acceso al aborto legal a mujeres que ya habían sido incalificablemente violadas en su seguridad física, intimidad, autonomía y salud.

Y sin embargo, en este mismo período se constata un ostensible aumento en el número de denuncias por violación en el Estado. Según consta de información recibida vía fax y correo electrónico después de nuestra visita, el Estado de Guanajuato registra 105 denuncias por violación (25 de ellas en contra de menores) en el 2007 y otras 126 (51 en contra de menores) en el período enero-septiembre de 2008. Ahora bien, tal y como revelan las estadísticas y estimaciones internacionales, muchos, o incluso la mayoría de los delitos sexuales, incluyendo la violación, no son denunciados. Por ende, la cifra real de violaciones ocurridas en Guanajuato en los últimos dos años debe ser, sin duda, mucho mayor. Pero aunque con el aumento de la cifra de violación aumentó también la probabilidad de embarazos indeseados, ni una sola niña o mujer fue autorizada a recibir un aborto legal, pese a los esfuerzos desplegados en tal sentido por organismos de la comunidad.

La falta de acceso a la atención médica especializada, incluido el aborto legal luego de una violación, vulnera los derechos humanos fundamentales de la mujer. Es de lamentar que, en Guanajuato, una mujer a quien la ley otorga derecho al aborto no sólo no sepa que puede recurrir al sistema de salud pública o se le deniegue una atención oportuna, sino que además, cuando un cuadro de aborto incompleto la obliga a acudir a un centro hospitalario público, se arriesgue a ser detenida bajo sospecha de aborto inducido. En efecto, desde el año 2000 a esta parte, y sin consideración alguna por sus circunstancias, 130 personas han sido procesadas por aborto, entre ellas colegialas, amas de casa y mujeres de trabajo que solicitaron atención de urgencia por un problema médico y terminaron detenidas y procesadas por algo que en el resto del mundo se entiende como el simple ejercicio de un derecho elemental. Es por ello que tendremos mucho interés en que Uds. nos hagan saber la tasa de procesamientos y condenas por violación en dicho período, así como las sentencias impuestas.

Adicionalmente, cuestionamos que detener y someter a proceso a niñas y mujeres bajo cargos de aborto constituya un uso adecuado de recursos económicos y humanos siempre escasos.

Estaremos siguiendo esta situación de cerca y volveremos a estar en contacto en breve. Por ahora, les invitamos a escuchar en nuestro sitio web una entrevista con una de las mujeres que espera sentencia por aborto (http://www.hrw.org/en/audio/2009/02/27/castigada-por-abortar-en-m-xico) y otra a Verónica Cruz (http://www.hrw.org/en/audio/2009/03/04/entervista-con-ver-nica-cruz. Agradecemos de antemano su atención al asunto aquí expuesto.

Les saludan atentamente,

Angela Heimburger                                Verónica Cruz

Investigadora                                      Cofundadora y Directora Ejecutiva

División de Derechos de la Mujer             Centro Las Libres de Información en

Human Rights Watch                             Salud Sexual

Nueva York, NY EE.UU.                         Guanajuato, GTO, México