El Congreso de Estados Unidos debe votar en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia debido a que el gobierno colombiano aún no ha adoptado medidas efectivas para poner fin a la violencia contra sindicalistas y la impunidad, según señaló hoy Human Rights Watch.
Colombia registra el mayor número de asesinatos de sindicalistas de todo el mundo. En tan solo los tres primeros meses de este año han sido asesinados 17 sindicalistas.
El presidente George W. Bush ha anunciado que mañana enviará el Tratado de Libre Comercio al Congreso para su ratificación, a pesar de las objeciones expresadas por los líderes de ambas cámaras. El año pasado, los líderes de la Cámara de Representantes manifestaron que la consideración del tratado estaría supeditada a que Colombia presentara “pruebas concretas de resultados sostenidos” en la desarticulación del poder de los grupos paramilitares y en la lucha contra la impunidad frente a la violencia anti-sindical. Colombia no ha cumplido con estas condiciones.
“Colombia aún no ha demostrado resultados concretos y sostenidos en la desarticulación del poder de los grupos paramilitares ni en el juzgamiento de los responsables de los asesinatos de sindicalistas”, señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Si el Congreso ratifica el TLC en este momento, es muy probable que el gobierno de Uribe no cumpla sus constantes promesas de dar solución a esta situación”.
Si bien Human Rights Watch no se opone a los tratados de libre comercio per se, señaló que estos deben celebrarse sobre la base del respeto por los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos de los trabajadores.
Según datos de la Escuela Nacional Sindical, prestigiosa organización dedicada a la defensa de los derechos laborales en Colombia, más de 400 sindicalistas han sido asesinados desde que el presidente Álvaro Uribe asumió el poder en 2002. Cada año, además, centenares de sindicalistas denuncian haber recibido amenazas de muerte.
Quienes promueven el TLC han intentado minimizar los hechos de violencia afirmando que en Colombia los sindicalistas tienen menos probabilidades de ser asesinados que el ciudadano promedio. Sin embargo, el “ciudadano promedio” del que hablan incluye a personas en zonas de conflicto o que viven en condiciones inusuales de alto riesgo. Una comparación adecuada en términos estadísticos debería considerar a los sindicalistas en relación con otros trabajadores no sindicalizados en la misma región y sector.
Si bien han sido más de 2.500 los asesinatos de sindicalistas cometidos en Colombia desde 1985, solo se han producido condenas en 68 casos. Bush sostiene que la respuesta del gobierno colombiano a las inquietudes del Congreso acerca de la impunidad de estos delitos ha consistido en incrementar los fondos para el juzgamiento y apoyar la creación durante el año pasado de un grupo especializado de fiscales y jueces que han sido designados para reabrir algunos de estos casos. Human Rights Watch reconoció esta medida positiva, pero advirtió que podía rápidamente perder toda relevancia si el tratado se ratificara antes de que los fiscales pudieran lograr avances significativos para obtener condenas debidamente fundamentadas.
“La medida más prometedora que ha adoptado el gobierno colombiano es la creación de este grupo especializado de fiscales”, destacó Vivanco. “No obstante, es necesario ejercer presión en forma continua para que esta iniciativa se traduzca en resultados”.
Los paramilitares—grupos calificados como terroristas por los Estados Unidos—han admitido abiertamente que han atacado y perseguido a los sindicalistas en forma deliberada. Bush afirma que el gobierno de Colombia ha respondido a los hechos de violencia mediante la desmovilización de decenas de miles de combatientes de grupos paramilitares. Sin embargo, la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargada de verificar las desmovilizaciones ha identificado 22 grupos armados ilegales vinculados a paramilitares. Estos grupos están activamente reclutando nuevos integrantes y participando en actividades como el tráfico de drogas, la extorsión, asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado de miles de civiles. Entre quienes denuncian haber recibido amenazas de estos grupos durante los últimos meses se encuentran 8 embajadas extranjeras en Bogotá, la misión de la OEA y numerosos defensores de los derechos humanos, sindicalistas y civiles.
Mientras tanto, la democracia colombiana se encuentra frente a una grave amenaza por la influencia que los grupos paramilitares ejercen en algunas de las esferas más altas del poder político. Más de 50 miembros del Congreso, casi todos pertenecientes a la coalición gobernante de Uribe, su ex jefe de inteligencia y otros funcionarios han sido investigados por colaborar con grupos paramilitares. En vez de respaldar categóricamente la investigación de estas conexiones, Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra la Corte Suprema de Colombia, así como contra diversos periodistas que intentan sacar a la luz el alcance de la influencia de los grupos paramilitares.
En declaraciones formuladas ante los medios el 7 de abril, Bush describió al tratado como de carácter “urgente por razones de seguridad nacional”, y sostuvo que Colombia necesita asistencia para enfrentar a las brutales guerrillas de izquierda que forman parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, según destacó Human Rights Watch, Estados Unidos ya destina fondos por cientos de millones de dólares a gastos de asistencia para Colombia cada año, la mayor parte de los cuales se asignan a asistencia de tipo militar.
