Los gobiernos nacionales, en cooperación con organismos internacionales y los donantes, deberían reconsiderar las políticas de deportación de personas que viven con el VIH/Sida.

Grupos internacionales, naciones y donantes deben prestar mayor atención a la protección de los derechos humanos y la prevención del VIH y a las necesidades de tratamiento de los migrantes.