Las políticas de muchos gobiernos en todo el mundo hacia los migrantes los exponen a abusos de derechos humanos, incluyendo la explotación laboral, el acceso inadecuado a la atención de la salud, y la detención prolongada en condiciones deficientes y de hacinamiento.

Los gobiernos nacionales, en cooperación con organismos internacionales y los donantes, deberían reconsiderar las políticas de deportación de personas que viven con el VIH/Sida.

Miembros de grupos armados paramilitares representan una grave amenaza para los civiles que huyeron de la violencia y la inseguridad y ahora regresan a sus aldeas.

Grupos internacionales, naciones y donantes deben prestar mayor atención a la protección de los derechos humanos y la prevención del VIH y a las necesidades de tratamiento de los migrantes.

La práctica extendida en Eritrea de detención y tortura de sus ciudadanos y su política de prolongar el servicio militar obligatorio están creando una crisis de derechos humanos y provocando que cada vez más eritreos huyan del país.

Cientos de miles de refugiados somalíes en Kenia se enfrentan al abuso de policías corruptos y violentos y a una emergencia humanitaria que crece rápidamente en el asentamiento de refugiados más grande del mundo.

El gobierno militar de Birmania debe poner fin a los abusos de derechos humanos en contra la población étnica chin del el estado de Chin en Birmania occidental. Human Rights Watch también pidió al gobierno indio y al recién elegido gobierno del estado de Mizoram ampliar la protección a los habitantes de Chin que han huido a la vecina India para escapar de los actuales atropellos y la grave represión en Birmania.

El empeño de España por repatriar a los menores extranjeros no acompañados que llegan en el país de forma ilegal puede ponerles en situaciones de peligro, trato degradante y provocar su detención.