Diez años después que el presidente de Eritrea, Isaías Afewerki, ordenó la detención de 21 altos funcionarios gubernamentales y periodistas que lo criticaron, el nuevo gobierno debe liberar a los detenidos o revelar su paradero.
Las autoridades egipcias deben rescatar a los migrantes secuestrados y maltratados por tratantes de personas en el desierto del Sinaí. El Gobierno no ha enjuiciado a los tratantes ni ha clausurado sus centros de detención.
La práctica extendida en Eritrea de detención y tortura de sus ciudadanos y su política de prolongar el servicio militar obligatorio están creando una crisis de derechos humanos y provocando que cada vez más eritreos huyan del país.
