El informe del Departamento de Estado sobre los requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida no demuestra que México haya cumplido con los estándares que justificarían la entrega de fondos condicionados.

Las leyes estadounidenses establecen que el 15 por ciento de la mayoría de los fondos de la Iniciativa Mérida serán retenidos hasta que el Departamento de Estado informe que México ha cumplido con los cuatro requisitos en materia de derechos humanos incluidos en el paquete. Dado que el primer informe del Departamento de Estado no demuestra que México esté cumpliendo con el requisito de asegurarse que "las autoridades civiles están investigando y juzgando los abusos militares, de conformidad con el derecho mexicano e internacional" no existe justificación suficiente para entregar los fondos de la Iniciativa Mérida sujetos a requisitos de derechos humanos.

Es evidente que México enfrenta una grave crisis de seguridad pública. Existe hoy día un contexto de intensas luchas territoriales entre poderosos cárteles de narcotraficantes, la entrada de armas al país, así como numerosos secuestros y ejecuciones extrajudiciales en varios estados de la República. La competencia y las pugnas entre poderosos cárteles, y los enfrentamientos armados entre estos y las fuerzas de seguridad pública, han causado la muerte de miles de civiles, policías y militares.

La afirmación realizada hoy por el presidente mexicano Felipe Calderón que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército están siendo juzgadas efectivamente en México contradice abiertamente toda la evidencia existente.

No cabe la menor duda que México enfrenta una gravísima crisis de seguridad pública. Lo sorprendente es que, ante esta situación, el gobierno del presidente Calderón defienda obstinadamente, contra toda la evidencia, que el fuero militar es el más adecuado para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en su lucha contra el narcotráfico.

El Departamento de Estado de EE.UU. no debería certificar que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida mientras los abusos cometidos por el Ejército mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares, y no por autoridades civiles, señaló Human Rights Watch en una carta dirigida a la secretaria de Estado Hillary Clinton, dada a conocer el día de hoy.

De acuerdo con las conclusiones de un informe de Human Rights Watch que documenta que México no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por los militares, y sobre la base de las diversas reuniones que mantuvimos con altos funcionarios mexicanos, en la actualidad, México no cumple con una de las condiciones clave establecidas en la Iniciativa Mérida: que los abusos cometidos por el Ejército estén siendo investigados y juzgados por civiles, y no por las autoridades militares.