El gobierno estadounidense ha adoptado una decisión desacertada al no procesar penalmente a los funcionarios de la CIA que destruyeron pruebas de torturas. Las declaraciones del ex Presidente George W. Bush, transmitidas por televisión, en las cuales reconoce su responsabilidad personal por haber ordenado torturas, muestra la necesidad de que el gobierno de Obama impulse el juzgamiento de altos funcionarios estadounidenses que planificaron y autorizaron la aplicación de torturas y malos tratos a detenidos.