Muchos de los 1.429 hogares que fueron desplazados a nuevos asentamientos para dar paso a la instalación de operaciones internacionales de extracción de carbón de las empresas Vale y Rio Tinto en la provincia de Tete, en Mozambique, enfrentan graves interrupciones en el acceso a alimentos, agua y trabajo. La premura con que el gobierno de Mozambique aprobó licencias de minería y atrajo inversiones por miles de millones de dólares ha propasado la creación de garantías adecuadas para proteger a la población directamente afectada.

El presidente Mauricio Funes de El Salvador debería garantizar que una mujer, que corre un riesgo significativo de muerte si lleva a término su embarazo, pueda obtener un aborto sin sanción penal, dijo Human Rights Watch hoy en una carta dirigida a Funes.

Arabia Saudita debería permitir a mujeres y niñas, incluyendo a estudiantes de las escuelas públicas, recibir educación física y practicar deportes en los planteles educativos.

Miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados han violado, golpeado y cometido diversos abusos contra los somalíes desplazados que llegan a la capital de Somalia huyendo de la hambruna y los conflictos armados que sufre el país desde 2011, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El nuevo gobierno somalí debe mejorar urgentemente la protección y la seguridad de la población interna de desplazados en Mogadiscio.

Los esfuerzos bipartidistas para garantizar la seguridad de todas las víctimas de violencia doméstica deben continuar tras la aprobación en el Congreso de la prórroga a la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) el 28 de febrero de 2013, señaló hoy Human Rights Watch. La norma contiene disposiciones destinadas a mejorar el acceso a justicia y servicios por parte de víctimas de distinta procedencia social, ahora, los esfuerzos sucesivos deberían impulsar también la protección de inmigrantes que son víctimas de violencia cuando se inicie el proceso de reforma integral del sistema inmigratorio, indicó Human Rights Watch.

Los comentarios del primer ministro Stephen Harper y la Policía Montada de Canadá (RMCP, por sus siglas en inglés), el 14 de febrero de 2013, no enfrentan la raíz del problema: la falta de seguridad que impide que las mujeres y las niñas indígenas denuncien los abusos de la policía.

Las víctimas de agresión sexual en Washington, DC no reciben la respuesta eficaz que merecen y deben esperar por parte del Departamento de Policía Metropolitana (Metropolitan Police Department, MPD) de ese distrito, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. A menudo, los casos de agresión sexual no se documentan o investigan adecuadamente y las víctimas reciben un trato insensible y traumático que no condice con la política oficial del departamento.

El rey Abdullah y el ministro del interior de Arabia Saudita deben detener la ejecución de Rizana Nafeek, una trabajadora doméstica de Sri Lanka condenada por matar a un bebé bajo su cuidado cuando tenía 17 años.