La condena impuesta a Oswaldo Álvarez Paz por difusión de “informaciones falsas” – como consecuencia de expresiones críticas del gobierno de Chávez – es una medida que atenta contra la libertad de expresión en Venezuela. Venezuela debería derogar la legislación que penaliza la difusión de “informaciones falsas”.

Las autoridades hondureñas deben adoptar medidas concretas para poner fin a la impunidad por los abusos cometidos después del golpe de estado de 2009, y para terminar con los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que continúan ocurriendo.El informe de 65 páginas, “Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras”, documenta que los responsables de los abusos cometidos en 2009 durante el gobierno de facto no han rendido cuentas por sus actos. El informe también documenta 47 casos de amenazas y ataques —incluidos 18 asesinatos— contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que ocurrieron después de que el Presidente Porfirio Lobo asumió el poder en enero de 2010.

Las autoridades tunecinas deben poner fin a las restricciones arbitrarias sobre los sindicatos independientes de trabajadores y estudiantes. El Gobierno se ha negado a reconocer a muchos sindicatos independientes, ha limitado su capacidad para reunirse pacíficamente y ha enjuiciado injustamente a sus miembros, con lo que ha logrado reducir el espacio en el que pueden funcionar los sindicatos fuera del control gubernamental. El Gobierno ha negado dicha interferencia, pero los hechos contradicen sus réplicas.

Chile debería limitar el alcance de la jurisdicción militar y reformar la legislación antiterrorista chilena para evitar que sea aplicada a casos que no constituyen graves crímenes de violencia política