La Unión Europea debe presionar al recién elegido Gobierno griego a poner fin a la detención abusiva y expulsiones sumarias de migrantes, incluyendo a niños no acompañados, y a reformar el sistema de asilo roto del país.

Los gobiernos nacionales, en cooperación con organismos internacionales y los donantes, deberían reconsiderar las políticas de deportación de personas que viven con el VIH/Sida.

Se calcula que 150 niños migrantes no acompañados detenidos en un centro de detención en la isla de Lesvos estuvieron en huelga de hambre por cuatro días para protestar sobre sus condiciones de vida.

Grupos internacionales, naciones y donantes deben prestar mayor atención a la protección de los derechos humanos y la prevención del VIH y a las necesidades de tratamiento de los migrantes.

Miles de trabajadores migrantes del sur de Asia que trabajan en la construcción del desarrollo de la isla de $27 mil millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos enfrentan explotación y abusos graves, que en algunos casos equivalen a trabajos forzados.

Trabajadores migrantes de la construcción en Rusia enfrentan abusos generalizados dentro y fuera del área de trabajo. En un clima de creciente violencia motivada por odio hacia los migrantes, exacerbada por la crisis financiera global, el gobierno ruso está fallando en proteger a estos trabajadores de empleadores abusivos, agencias de colocación, y de la policía.

El empeño de España por repatriar a los menores extranjeros no acompañados que llegan en el país de forma ilegal puede ponerles en situaciones de peligro, trato degradante y provocar su detención.

La oficina del Defensor del Pueblo Español inició una investigación independiente en septiembre de 2007, impulsada por el informe de Human Rights Watch “Responsabilidades no bienvenidas: España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias”. El informe documenta serias violaciones de los derechos humanos de cientos de menores extranjeros no acompañados alojados en los centros de emergencia de las Islas Canarias. Las conclusiones de esta investigación del Defensor del Pueblo han sido ahora hechas públicas.