La afirmación realizada hoy por el presidente mexicano Felipe Calderón que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército están siendo juzgadas efectivamente en México contradice abiertamente toda la evidencia existente.

No cabe la menor duda que México enfrenta una gravísima crisis de seguridad pública. Lo sorprendente es que, ante esta situación, el gobierno del presidente Calderón defienda obstinadamente, contra toda la evidencia, que el fuero militar es el más adecuado para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en su lucha contra el narcotráfico.

El Departamento de Estado de EE.UU. no debería certificar que México ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida mientras los abusos cometidos por el Ejército mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares, y no por autoridades civiles, señaló Human Rights Watch en una carta dirigida a la secretaria de Estado Hillary Clinton, dada a conocer el día de hoy.

Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública.

Las autoridades del estado de Guanajuato, México, deben poner fin a la práctica ilegal de impedir que las víctimas de violación interrumpan embarazos indeseados, así como abstenerse de detener y procesar a las mujeres que solicitan atención médica, señalaron hoy Human Rights Watch y el Centro Las Libres en cartas dirigidas al gobierno estatal.

El gobernador de Chiapas debe asegurar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre los sucesos en los cuales fallecieron seis personas y 17 resultaron heridas en la comunidad de Miguel Hidalgo, señaló hoy Human Rights Watch

En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que es constitucional la ley de la Ciudad de México que despenaliza el aborto realizado durante las primeras 12 semanas de gestación. En un procedimiento transmitido públicamente, la Corte se pronunció, con ocho votos contra tres, a favor de la ley de la Ciudad de México que entró en vigor en 2007. En los próximos días se espera un dictamen escrito de la Corte.