Los planes para reformar la administración y supervisión de la detención inmigratoria, anunciados hoy por el Gobierno estadounidense, deben traducirse rápidamente en un cambio real de política y en rendición de cuentas. Los planes ponen énfasis en centralizar el control de los centros utilizados para retener a personas inmigrantes detenidas.
Decenas de miles de mujeres y jóvenes indias mueren durante el embarazo, el parto y en las semanas posteriores al parto, a pesar de los programas de Gobierno que garantizan atención de salud obstétrica gratuita.
Los gobiernos nacionales, en cooperación con organismos internacionales y los donantes, deberían reconsiderar las políticas de deportación de personas que viven con el VIH/Sida.
El Gobierno camboyano debe abordar urgentemente las condiciones peligrosas en una aldea de SIDA que ha creado y detener inmediatamente el envío de familias afectadas por el VIH envío a este lugar, dijeron más de 100 organizaciones y expertos internacionales de VIH/SIDA y de justicia social en una carta conjunta emitida el 27 de julio de 2009 al Primer Ministro y al Ministro de Salud de Camboya.
– Las autoridades de Kosovo necesitan actuar con los donadores internacionales para clausurar sin demora los campamentos contaminados por plomo ocupados por romaníes desplazados internos, reubicar a sus residentes y ofrecer tratamiento médico para la intoxicación por plomo.
Grupos internacionales, naciones y donantes deben prestar mayor atención a la protección de los derechos humanos y la prevención del VIH y a las necesidades de tratamiento de los migrantes.
El Congreso de Estados Unidos debe enmendar una ley federal aprobada hace 13 años que deniega a personas presas igualdad de acceso a la justicia. “Sin Igualdad de Justicia: La Ley de Reforma del Litigio Penitenciario en Estados Unidos”, aborda una ley aprobada por el Congreso en 1996 que selecciona demandas entabladas por presos debido a una gama de problemas y restricciones que no se aplican a nadie más.
Los funcionarios del condado de Los Ángeles deben actuar urgentemente para analizar los más de 12,000 estuches de violación (que contienen las pruebas físicas recopiladas después de un ataque sexual) para garantizar que se imparta justicia a las víctimas de violaciones.
La práctica del estado de Nueva York de condenar a los reclusos a meses e incluso años de segregación disciplinaria por uso y tenencia de drogas, privándolos de un tratamiento por drogodependencia efectivo, constituye un trato cruel, inhumano y degradante.