El rechazo deliberado del gobierno peruano a simplificar los procedimientos y a aprobar las directrices para el aborto legal está poniendo en peligro las vidas y la salud de mujeres y niñas que a menudo se ven obligadas a recurrir a soluciones inseguras para embarazos riesgosos.

La ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal otorga a las mujeres una opción vital. Para algunas, esta opción representa la diferencia entre la vida y la muerte. La próxima sentencia de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de esta ley determinará si las mujeres y niñas en la capital continuarán accediendo a servicios de aborto legal en condiciones sanitarias seguras y en instituciones públicas de salud con personal calificado, o si se verán forzadas a volver al uso de servicios inseguros y, muchas veces, a las prácticas peligrosas realizadas por personal no calificado ni autorizado en clínicas inseguras, farmacias y mercados.

Las democracias establecidas están aceptando elecciones defectuosas e injustas por conveniencia política, declaró Human Rights Watch hoy al hacer público su Informe Mundial 2008. Al permitir que autócratas se hagan pasar por demócratas, sin exigirles que defiendan los derechos civiles y políticos que dan significado a la democracia, Estados Unidos, la Unión Europea y otras democracias influyentes arriesgan socavar los derechos humanos a nivel mundial.

A un año antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing, el gobierno chino está violando los compromisos sobre la libertad de prensa que hizo ante el Comité Olímpico Internacional, al continuar hostigando, intimidando y deteniendo a periodistas extranjeros y sus colegas locales, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.

El gobierno chino está reubicando por la fuerza a pastores tibetanos en áreas urbanas y agrícolas, destruyendo su sustento y modo de vida y negándoles acceso a la justicia ante la violación de sus derechos, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.

Durante el auge económico experimentado por Angola tras el fin de la guerra civil en el año 2002, el gobierno angoleño ha desalojado por la fuerza a miles de residentes pobres de la capital Luanda, generalmente por medio de la violencia y sin ofrecer indemnizaciones de ningún tipo, revelaron Human Rights Watch y la organización angoleña SOS Hábitat en un informe publicado hoy.

Activistas del SIDA de alrededor del mundo enfrentan una frecuente represión gubernamental y abuso y necesitan un mayor apoyo y protección, afirmó Human Rights Watch en el Día Mundial del SIDA.