Violencia en el norte de Chiapas

La aparición de "Paz y Justicia"

Paz y Justicia surgió tras la aparición en enero de 1994 del EZLN, pero los observadores tienen opiniones diferentes sobre la fecha exacta de la formación del grupo. Un informe redactado por autoridades estatales antes de una visita a la región por legisladores federales en octubre de 1995 señalaba,

La organización Paz y Justicia que se encuentra en el municipio de Tila, surge en 1994 como respuesta a la incertidumbre que genera la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional... Posteriormente esta organización comienza a fortalecerse con la incorporación de dirigentes de la zona que milita en organizaciones oficiales....⁽⁸⁵⁾

El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" ha dicho que el grupo fue fundado en marzo de 1995.⁽⁸⁶⁾

En cualquier caso, a mediados de 1995, Paz y Justicia era un grupo claramente activo. El hostigamiento a miembros del ejido pertenecientes a partidos de oposición en las comunidades vecinas de la región de tierras bajas de Tila, como El Limar, Nuevo Limar, Miguel Alemán, Usipá y Pantianijá, ha provocado el éxodo de miles de campesinos hacia los municipios de Salto de Agua o hacia comunidades donde el PRD tiene la mayoría. En agosto de 1996, cuando Human Rights Watch/Americas realizó su visita, una de estas comunidades, Masojá Shucjá, estaba siendo sitiada y aislada del mundo exterior por parapoliciales de Paz y Justicia que habían bloqueado todas las carreteras de salida. Varios residentes habían sido asesinados o habían "desaparecido" tras intentar salir, como se expone más adelante.

Según se ha informado, Paz y Justicia recluta a muchos de sus miembros en los ejidos de El Limar, Miguel Alemán, y El Crucero, en el municipio de habla Chol de Tila. Fuentes entrevistadas por Human Rights Watch/Americas alegaron que entre sus organizadores estaban el Primer Regidor de Tila, Marcos Albino Torres López; Diego Vásquez Pérez, un maestro bilingüe; y Samuel Sánchez Sánchez, un congresista local del PRI. Las víctimas de Paz y Justicia pueden ofrecer sin problema los nombres y comunidades de procedencia de los líderes de ataques concretos, y han dado esta información a las autoridades, pero no se ha tomado ninguna medida contra los agresores.

El Primer Regidor de Tila, Marcos Albino Torres, dijo a Human Rights Watch/Americas en una entrevista que Paz y Justicia era una asociación civil con el nombre completo de "Desarrollo, Paz, y Justicia, A.C." Dijo que su objetivo era la "concientización" y que la organización tenía planes para programas que generaran ingresos en Agua Fría (cría y venta de ganado) y en Nuevo Limar (piensos para animales). No pudo darnos una dirección de una oficina en la que pudiéramos ponernos en contacto con la organización, y dijo que tenía representantes en cada comunidad. Cuando le presionamos algo más, Albino reconoció que entre las funciones del grupo se incluía la defensa de sus comunidades, por no haber otra alternativa, ya que "no podemos estar siempre en cada comunidad con agentes de seguridad pública."⁽⁸⁷⁾

En otra entrevista, el congresista local Samuel Sánchez Sánchez describió la génesis del grupo con claros términos de autodefensa, señalando que miembros de Paz y Justicia de varias comunidades coordinaban sus actividades con este objetivo. Cuando le preguntamos por qué en varias comunidades coincidía la presencia del grupo con la salida forzada de simpatizantes del PRD, señaló, "Sí, pero es justificable por una sencilla razón. Estos [del PRD] no quieren abandonar su actitud beligerante."⁽⁸⁸⁾

El informe del gobierno estatal citaba a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y a la Sociedad Campesina Magisterial (SOCAMA), y señalaba que ambas se identificaban con el PRI.

Este mismo informe señalaba que se habían introducido armas en comunidades rurales. Habitantes de Nuevo Limar, Tila, que habían sido obligados a salir de sus casas en agosto de 1996 debido a las amenazas de Paz y Justicia, dijeron a Human Rights Watch/Americas que habían sido detenidos y sancionados arbitrariamente por miembros de este grupo, y que el dinero que habían pagado había sido utilizado para comprar armas. Dijeron haber visto descargar cajas de munición de un camión que transportaba productos agrícolas y que la munición estaba escondida entre cajas de huevos.⁽⁸⁹⁾ Este testimonio coincide con el análisis incluido en el informe del gobierno estatal sobre la situación de Tila, el cual señalaba, "De la introducción de armas a la región se tiene conocimiento que es a través de comerciantes mayoristas de víveres y productos enlatados."⁽⁹⁰⁾

Human Rights Watch/Americas no obtuvo pruebas que corroboraran la creencia generalizada de que el ejército entrena a Paz y Justicia, aunque las víctimas de algunos ataques nos informaron de que ex soldados formaban parte de los líderes de uno de los ataques que padecieron.

Municipio de Tila

La violencia en el municipio de Tila reinaba antes y después de las elecciones de octubre de 1995. Los leales al PRI en la región todavía resienten profundamente el asesinato de un conocido líder campesino de la Confederación Nacional Campesina (CNC) afiliada al PRI, Nicolás Pérez Ramírez, el 24 de marzo de 1995, debido en parte a la reputación de liderazgo de Pérez, y en parte porque el asesinato fue considerado como un ejemplo de una actitud cada vez más beligerante por parte de los simpatizantes del EZLN y del PRD.⁽⁹¹⁾ Según el congresista del PRI Samuel Sánchez Sánchez, la formación de Paz y Justicia fue, de hecho, una respuesta a esta "radicalización."⁽⁹²⁾ Sánchez Sánchez aseguró a Human Rights Watch/Americas que los asesinos de Pérez Ramírez estaban en la cárcel.⁽⁹³⁾

En junio de 1996, una ola de asesinatos con la apariencia de "ojo por ojo" estremecieron el municipio.⁽⁹⁴⁾ Un análisis de los siguientes casos de aquella época en Nuevo Limar, Miguel Alemán, Masojá Shucjá, y Jolnixtié, en el municipio de Tila, demuestra la complicidad del gobierno en la violencia. Como en el caso de las guardias blancas, antes expuesto, el gobierno ha demostrado con su acción y pasividad que no sólo está permitiendo las acciones de Paz y Justicia. Human Rights Watch/Americas no puede menos que concluir que las autoridades consienten activamente los abusos cometidos por civiles armados en Tila. Con frecuencia, las autoridades saben con frecuencia de esos abusos pero no toman medidas para prevenirlos o castigarlos. Es más, cuando los funcionarios detienen arbitrariamente a opositores a Paz y Justicia o cuando no investigan las denuncias de delitos cometidos por el grupo, otorgan a los responsables de la violencia rural la legitimidad de las instituciones gubernamentales. La aparente justicia monopartidista según la cual se producen detenciones en los ataques contra el PRI pero no en los ataques contra el PRD, también es profundamente inquietante y merece un estudio adicional.

Municipio de Tila -- Comunidad de Nuevo Limar

El 21 de agosto de 1996, unos cincuenta simpatizantes del PRD se dirigieron a pie desde la comunidad de Nuevo Limar, en las tierras bajas de Tila, a la capital del municipio de Salto de Agua, donde solicitaron refugio al cura de la parroquia, Alan Jenkins. Miembros de las seis familias de refugiados dijeron a Human Rights Watch/Americas que su salida inicial de Nuevo Limar fue bloqueada por unos sesenta guardias civiles que estaban apostados en la carretera, algunos de los cuales llevaban los uniformes azules de la Policía de Seguridad Pública, aunque los refugiados reconocieron a los hombres uniformados como miembros de la comunidad que no eran policías. Los líderes de los guardias llevaban armas automáticas, según los entrevistados, que fueron identificadas como AR15, Uzi y AK47.

Los miembros de las familias salieron de la comunidad después de saber que miembros de Paz y Justicia habían tomado la decisión de atacarles en represalia por una denuncia que presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en relación a un ataque anterior de Paz y Justicia. Según los refugiados, el anterior asalto se produjo el 4 de agosto de 1996, después que un líder comunitario miembro de Paz y Justicia amenazara a Diego Gómez Ramírez, un miembro del PRD. El líder acusó a Gómez de amenazar a miembros de la comunidad del PRI a principios de agosto de 1996. En una reunión comunitaria del 4 de agosto convocada por simpatizantes de Paz y Justicia, un ex soldado dijo en la reunión que deberían tomar medidas fuertes para cambiarles la mente a los seguidores del PRD.⁽⁹⁵⁾ Los participantes decidieron destruir la casa de Gómez como castigo. Cuando ese mismo día llegaron miembros de Paz y Justicia a casa de Diego Gómez, encontraron a su hija Rosa sola en la casa, y uno de ellos la violó. Gómez denunció la violación ante un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el vecino El Limar, que le dijo que no se haría ninguna investigación si no pagaba una mordida.

Los ataques de agosto de 1996 no fueron los primeros contra simpatizantes del PRD en Nuevo Limar. Una víctima contó a Human Rights Watch/Americas lo que pasó en un ataque a veintiséis personas en septiembre de 1995:

Los hombres armados llegaron a la comunidad el 4 de septiembre de 1995. Somos simpatizantes del PRD. Pero realmente no conviene este partido, así que las autoridades municipales empezaron a organizar la gente en diferentes comunidades. Quieren que haiga solamente el partido oficial, nada más. Nos culpan que nosotros somos zapatistas. Empezaron a juntarse gente de las demás comunidades -- Limar, Crucero, Miguel Alemán, Masojá Chico, y otras.

Gente de Nuevo Limar y de otras comunidades nos rodearon mi casa. Entraron armados. Nos cubrieron la cara y nos amarraron para atrás con nylon. Nos golpearon. A mí me dieron siete golpes. Cuando entraron, dijeron "Aquí está el rey, Cristo," burlándose de mi porque soy catequista de este lugar. No me sacaron caminando, sino me levantaron cinco personas.

A Antonio Vásquez Martínez le pusieron uniforme Zapatista y le dieron un rifle de madera, porque era catequista, entonces lo culpan como es zapatista. Dicen que todos somos zapatistas. Después, llevaron veintiséis de nosotros a Limar. Estuvo el Ejército, y sacaron fotografías. Estuvimos allí, en la cárcel, durante unas quince horas.⁽⁹⁶⁾

Los detenidos trataron con miembros de la policía, el ejército, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Según los refugiados, el agente del Ministerio Público puso en libertad sin cargos a los veintiséis detenidos, sin ni siquiera interrogarles. Sin embargo, oficiales del ejército los interrogaron, acusándoles de ser miembros del EZLN. Cuando volvían a Nuevo Limar, agentes de la policía intentaron convencerles de que abandonaran el PRD, diciéndoles que si se unieran al PRI no tendrían más problemas. Cuando llegaron, se encontraron a la comunidad reunida y fueron rodeados de nuevo. Al día siguiente, las autoridades les pidieron que firmaran un acuerdo por el que dejaban el PRD. Todos ellos firmaron. Posteriormente, Eduardo Sosa del Río, director de la Policía de Seguridad Pública, desmintió que la policía hubiera participado en los arrestos de septiembre.⁽⁹⁷⁾

Catorce simpatizantes del PRD fueron detenidos el 11 de junio de 1996, retenidos durante veinticuatro horas y puestos en libertad después de pagar una mordida calificada de "multa" por una infracción desconocida.

En este caso, miembros de Paz y Justicia de diferentes comunidades unieron fuerzas para hostigar a simpatizantes del PRD y a católicos, demostrando su creencia de que ser miembro de la Iglesia Católica equivale a formar parte del EZLN. La policía facilitó sus abusos al permitir que Paz y Justicia secuestrara a sus contrincantes y que los llevara a la comisaría, en lugar de emprender acciones imparciales para proteger a las víctimas y capturar a los agresores, violando de este modo las leyes internacionales que exigen que el estado garantice los derechos de las personas dentro de su jurisdicción. La policía también se convirtió en cómplice de detenciones arbitrarias. Es más, el ejército aprovechó la situación para fotografiar e interrogar a un miembro de la comunidad considerado por Paz y Justicia simpatizante de la guerrilla, una muestra de participación notable del gobierno federal en las detenciones arbitrarias y de la intención aparente del ejército de inculpar al detenido.

Son inquietantes los testimonios de las víctimas en los que afirman que el representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado no investigó las denuncias de ataques. El gobierno estatal no ha ofrecido protección legal a las víctimas, como lo exigen las leyes internacionales. La sede local de la Procuraduría General de Justicia del Estado está situada en El Limar, dentro de un ambiente claramente inhóspito para las personas consideradas opositores al PRI. Además, los representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado se turnan en el puesto cada ocho días, lo que hace que la continuidad sea difícil o imposible.

Human Rights Watch/Americas también está preocupado por el hecho que al parecer los funcionarios judiciales han actuado de manera partidista con los miembros de Paz y Justicia. Si hubiera sido el caso habrían violado las normas internacionales en materia de derechos humanos que comprometen a México y que prohíben la discriminación en la aplicación de la justicia. El 5 de diciembre de 1996, personas internamente desplazadas procedentes de Nuevo Limar volvieron a sus comunidades. Sin embargo, no se ha ejecutado ninguna detención relacionada con el caso de los ataques antes mencionados.⁽⁹⁸⁾

Municipio de Tila -- Comunidad de Libertad Jolnixtié Segunda Sección

El 17 de junio de 1996, el ejército se presentó en Jolnixtié Primera Sección y en Libertad Jolnixtié Segunda Sección, dos anexos del Ejido Masojá Jolnixtié, ejido predominantemente de perredistas, y evacuó a simpatizantes del PRI, a los que trasladó a El Limar.⁽⁹⁹⁾ Después de escuchar rumores de que el ejército iba a bombardear las comunidades, unos 1.400 seguidores del PRD también huyeron. Los simpatizantes del PRD se refugiaron en la comunidad de Jomajil. Al día siguiente, cuatro simpatizantes del PRI que no habían sido evacuados de la comunidad fueron emboscados y asesinados en Libertad Jolnixtié Segunda Sección.

Un simpatizante del PRI evacuado por el ejército explicó lo ocurrido en una entrevista con Human Rights Watch/Americas en El Limar:

Jolnixtié estaba rodeado por encapuchados. El Ejército nos sacó. Al día siguiente, el 18 de junio, una familia que vive fuera del pueblo fue emboscada por el PRD. Hay un detenido y otros dos órdenes de aprehensión.⁽¹⁰⁰⁾

El único hombre arrestado, Ricardo García Hernández, es un simpatizante del PRD de Libertad Jolnixtié Segunda Sección. En una entrevista con Human Rights Watch/Americas en la prisión de Cerro Hueco, García Hernández alega que es un chivo expiatorio por los asesinatos del 18 de junio. Nos dijo que:

El día 17 de junio llegaron los militares para sacar a los priístas. Vino una mujer para decir que iban a bombardear, así que nos fuimos. El día 18, regresé a mi casa para sacar mi ropa, porque nos habíamos ido sin nada. Estuvo allí el ejército, y me detuvieron, acusándome de haber matado a José Martínez Pérez.

Me llevaron a El Limar, donde estuve durante una noche sin comida. No me preguntaron nada. El día 19 me llevaron a Tuxtla Gutiérrez, y me pusieron uniforme azul de la policía -- no sé porque -- me sacaron para afuera y me hicieron disparar una pistola.

Me pusieron venda y me ataron. Pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron, "Díle que tu mataste a fulano." Me dijeron que me salvara, que dijera que lo había matado.⁽¹⁰¹⁾

Ante la prisa por tomar medidas en el caso del asesinato de José Martínez Pérez, los soldados detuvieron arbitrariamente a García Hernández. No se emitió ninguna orden de arresto para su detención, ya que fue aprehendido por los soldados el día del asesinato, aunque no en la escena del crimen. La policía amenazó y sometió a tortura psicológica a García Hernández, violando las leyes internacionales que prohíben dichos tratos. El arresto de García Hernández es uno de los casos que las autoridades judiciales del estado aceptaron investigar en noviembre de 1996, tras la huelga de hambre de los prisioneros de la prisión de Cerro Hueco.

Municipio de Tila -- Comunidad de Masojá Shucjá

El 29 de agosto de 1996, representantes de Human Rights Watch/Americas, acompañados por representantes del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," de la CNDH y de funcionarios del gobierno estatal, realizaron la primera visita en dos meses a Masojá Shucjá por parte de un grupo de personas ajenas a la comunidad.⁽¹⁰²⁾ Miembros de Paz y Justicia de la comunidad vecina de Miguel Alemán han prohibido viajar por la carretera a los miembros de la comunidad desde la ola de asesinatos de junio anterior. Nuestra delegación quería obtener testimonios de miembros de Masojá Shucjá; el gobierno estatal aceptó acompañar a la delegación de derechos humanos y nos ofreció escolta policial para nuestra seguridad.

Los residentes hablaron de dos incidentes en los que personas de Masojá Shucjá habían sido atacadas por Paz y Justicia cuando intentaban cruzar por la comunidad de Miguel Alemán, de camino a El Limar. Human Rights Watch/Americas no pudo obtener el testimonio directo sobre Minerva Guadalupe Pérez Torres, una estudiante de 19 años, víctima en uno de los casos. Según residentes de Masojá Shucjá, el 22 de junio la sacaron de un vehículo en Miguel Alemán y nunca más se ha sabido de ella. Los testigos han tenido demasiado miedo a presentarse a declarar.⁽¹⁰³⁾

Human Rights Watch/Americas investigó en detalle un segundo caso de julio de 1996. Un grupo en Miguel Alemán, un bastión de Paz y Justicia, obligó a un convoy militar y policial a detenerse cuando entraba en la comunidad, de manera a capturar a residentes de Masojá Shucjá que se habían unido al convoy con la esperanza de pasar sin percances por Miguel Alemán. El General Sergio Bautista, que en aquel entonces dirigía la cercana base militar en El Limar, dijo a Human Rights Watch que no tenía conocimiento de este incidente.⁽¹⁰⁴⁾

Human Rights Watch/Americas entrevistó a dos víctimas, los hermanos Alfredo y Artemio Ramírez Torres. Paz y Justicia los sacó de un vehículo y los golpeó, ante la mirada de policías y soldados. Finalmente, la policía los rescató y los llevó a El Limar. Esta fue la última vez que los hermanos Ramírez Torres vieron a su hermano Juan, al que vieron cómo sacaban de un vehículo y arrastraban dentro de la comunidad de Miguel Alemán. Nadie lo ha visto desde entonces.

En una entrevista con Artemio Ramírez Torres en la prisión de Cerro Hueco, Artemio Ramírez Torres nos contó que:

El día 4 de julio, pasó un convoy militar por Masojá Shucjá. Yo no había salido de la comunidad desde mediados de junio, porque el PRI estaba agarrando a gente del PRD en Miguel Alemán. Les pedí auxilio para que me sacara hasta Limar. A las 3:00 p.m., me metí en el convoy.

Eran como 15 vehículos, uno de la policía. Un grupo de 50 o 70 personas intentaron detenernos en Miguel Alemán. Se paró todo el convoy. Se bajó un soldado, diciendo "¿por qué no podemos pasar?" Nos tiraron piedras y nos bajaron de los carros. A Juan lo metieron al monte.

La policía nos llevó a El Limar, para nuestra seguridad. Después, la gente empezó a rodear el cuartel. La policía dijo que no podíamos irnos. Temprano en la mañana del día siguiente, el comandante fue a Miguel Alemán, y regresó a las 9:00 a.m. Dijo que no nos podíamos ir de allí porque nos acusaron de la muerte de sus compañeros. Pasamos dos noches más allí, y después, el día 6, nos sacaron en un camión, envueltos en una manta, al Ministerio Público en Ocosingo y después al Ministerio Público en Tuxtla Gutiérrez. Nunca tenían orden de aprehensión.⁽¹⁰⁵⁾

Una revisión del expediente del caso indica que los hermanos Ramírez Torres fueron chivos expiatorios. La Procuraduría General de Justicia del Estado les acusó de participar en una emboscada a un camión en la comunidad de Aguas Frías, municipio de Tila, el 17 de junio. La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió un expediente sobre el caso de Aguas Frías el día del ataque, pero el único testimonio de un testigo presencial que contenía dicho expediente después de dos semanas era el de Honorio Sánchez López, que salió herido en la emboscada. Según la versión del fiscal de la declaración del 24 de junio de Sánchez López, "pero como el declarantes [sic] venía distraído no pudo identificar a sus agresores."⁽¹⁰⁶⁾ Según los documentos del caso, no se recibió ninguna declaración que implicara a Artemio Ramírez Torres y su hermano antes del incidente de Miguel Alemán. Sólo se presentaron personas acusando a los hermanos después que fueran detenidos para su propia protección. A partir de las 2:00 p.m. del 5 de julio, el día después que los hermanos fueran puestos bajo custodia, el representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado tomó cinco declaraciones sucesivas, todas las cuales acusaban directamente a los hermanos. Por ejemplo, Filadelfo de Jesús Jiménez Vázquez, el conductor del camión herido en el ataque del 17 de junio, declaró esa tarde que podía identificar a Alfredo y Artemio Ramírez Torres como los atacantes.⁽¹⁰⁷⁾ A las 7:00 p.m. del 5 de julio, se decidió que los dos hermanos eran "probables responsables del delito de homicidio y lesiones" provocadas el 17 de junio.

Human Rights Watch/Americas está profundamente preocupada por las acciones estatales emprendidas contra los hermanos Ramírez Torres. Los investigadores aceptaron testimonios presentados en circunstancias que sugieren claramente que los testigos se habían presentado para tender una trampa incriminando a los dos hombres, y posteriormente no intentaron buscar pruebas potencialmente exculpatorias. Mientras que con una investigación exhaustiva de los testimonios contra los hermanos podría haber determinado su validez, el fiscal actuó aparentemente de manera discriminatoria contra los hermanos. Es decir que ante un grupo de simpatizantes del PRI enfurecidos con los dos hombres bajo su custodia, los funcionarios aceptaron acusaciones presentadas por los miembros de ese mismo grupo como prueba suficiente de la probable culpabilidad de los hermanos. La afirmación de los hermanos de que estaban detenidos para su propia protección es razonable, ya que los funcionarios tomaron declaración contra ellos y los consideraron "probables responsables del delito" después de que estuvieran detenidos, y que el expediente del caso indica que no existían pruebas contra ellos antes de ese momento. Por lo tanto, parece que se detuvo arbitrariamente a los hermanos.

Además de este procesamiento tan cuestionable, al parecer, funcionarios del estado consintieron los delitos cometidos en Miguel Alemán, como la interferencia en la libertad de circulación, el ataque a Artemio y Alfredo Ramírez Torres, y el secuestro y posterior "desaparición" de su hermano, Juan. Por lo tanto, las autoridades federales y del estado de Chiapas no garantizaron sus derechos a los hermanos, como lo exigen las leyes internacionales. El caso de los hermanos Ramírez es una de las detenciones que los funcionarios estatales aceptaron revisar dentro del acuerdo de noviembre de 1996 con los prisioneros del PRD en huelga de hambre.

La detención del 4 de julio de Artemio Ramírez Torres no fue la primera de la que fue objeto en El Limar. Nos dijo que el 7 de abril de 1996, lo detuvieron los soldados en El Limar, lo retuvieron durante un día, y lo pusieron en libertad posteriormente sin más explicaciones.⁽¹⁰⁸⁾ Le interrogó un capitán que tenía una lista de presuntos guerrilleros. Ramírez Torres atribuía la detención a una disputa que tuvo con residentes de El Limar sobre las rutas de transporte; suponía que sus rivales le habían acusado de ser un miembro del EZLN. Al parecer, al igual que en el ataque a residentes de Nuevo Limar, los soldados aprovecharon las denuncias de complicidad con la guerrilla para detener arbitrariamente e interrogar a un sospechoso, facilitando los abusos de ciudadanos particulares y cometiendo sus propios abusos durante el proceso.

Mientras Human Rights Watch/Americas entrevistaba a residentes y refugiados de Masojá Shucjá en el salón de reuniones comunitarias, aparecieron soldados en la comunidad, lo que intimidó a los testigos que daban su testimonio. El General Bautista explicó a Human Rights Watch/Americas, "Esta es nuestra jurisdicción. Venimos porque nosotros somos imparciales. Estamos aquí para darles seguridad a la gente," señalando que las simpatías izquierdosas de la comunidad podrían plantear un riesgo para nuestra seguridad.⁽¹⁰⁹⁾ Dado que Human Rights Watch/Americas ya había hecho los arreglos de seguridad con el gobierno estatal, la explicación del general fue difícilmente aceptable. Ante la insistencia de Human Rights Watch/Americas, el General Bautista y la tropa a su mando se retiraron de Masojá Shucjá.⁽¹¹⁰⁾

Municipio de Tila -- Comunidad de Miguel Alemán

Miguel Alemán, la primera comunidad de las afueras de El Limar en la carretera hacia Masojá Shucjá, es un bastión de Paz y Justicia. Desde junio de 1996, sus residentes han impedido a la gente entrar o salir de Masojá Shucjá, una situación que perduraba cuando se imprimió este informe. De hecho, Human Rights Watch/Americas fue detenido y hostigado en la comunidad cuando realizaba una misión de investigación en la región.

Para poder llegar a Masojá Shucjá, Human Rights Watch/Americas tuvo que pasar por Miguel Alemán, una etapa del viaje sin incidentes. Sin embargo, cuando volvíamos a El Limar procedentes de Masojá Shucjá, un grupo nos detuvo en Miguel Alemán, a pesar de nuestra escolta de alto nivel, en la que se incluían representantes de la Dirección General de Gobierno estatal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un comandante de policía, y un camión repleto de Policías de Seguridad Pública. Cuando doblábamos una curva antes de entrar a Miguel Alemán, descubrimos que el resto de nuestro convoy estaba detenido delante de nosotros. Un grupo amenazante de unos cincuenta hombres indígenas, algunos armados con palos y cuchillos, rodearon nuestro vehículo, sin importunar al resto de automóviles. Colocaron una roca frente al eje delantero para bloquear nuestra salida. Varios hombres con apariencia de líderes empezaron a rengar, denunciar y acusarnos de ser asesinos, curas y comunistas. Otros metieron sus brazos por las ventanas y tiraron del pelo de los ocupantes de los asientos delanteros, lo que nos obligó a cerrar las ventanillas a pesar del calor sofocante. Alguien rompió una llanta trasera de nuestro vehículo. Empezaron a tambalear el automóvil. Mientras cometían estos actos, los residentes de Miguel Alemán acusaron a personas en Masojá Shucjá de llevar a cabo los ataques contra ellos.

Cuando apartaron los rostros de los cristales lo suficiente para que pudiéramos ver lo que pasaba delante, nos dimos cuenta de que no habían molestado a los ocupantes de otros vehículos del convoy. Los policías, supuestamente nuestra escolta, seguían sentados impasibles en la parte trasera del camión como si no pasar nada extraño. Nos dimos cuenta que el comandante de la policía y civiles, que consideramos líderes de Paz y Justicia, estaban negociando. Después de media hora de conversaciones, llegaron funcionarios estatales y municipales, entre ellos el Director General de Gobierno Mario Arturo Coutiño y Marcos Albino Torres, el Primer Regidor de Tila, con el que nos habíamos reunido el día anterior en el salón municipal de Tila. Poco después, el grupo se disolvió de repente y nos permitieron el paso. Desde que se produjo el incidente, las autoridades no han emprendido ninguna acción para garantizar la libertad de circulación por la carretera.

Algunos residentes de Miguel Alemán acusan a personas de Masojá Shucjá de llevar a cabo ataques contra ellos. Algunos residentes de Miguel Alemán se refugiaron en Masojá Shucjá después de ser expulsados por Paz y Justicia. Mario Torres Torres, que nació en Miguel Alemán pero está refugiado en Masojá Shucjá, habló de sus recientes problemas con Human Rights Watch/Americas:

He estado viviendo aquí un año. Me echaron de Miguel Alemán porque dicen que soy un militante del PRD. El 28 de agosto de 1995, quemaron las casas de tres familias -- en total quince gentes -- y fue cuando me fui. El 31 de marzo de 1996, firmamos un acuerdo con la gente de Miguel Alemán, y retornamos. Pero el 18 de mayo, nos volvieron a quemar otra vez.⁽¹¹¹⁾

Las autoridades no han emprendido ninguna acción en este caso. Sin embargo, las autoridades actuaron con rapidez para detener a tres hombres acusados por simpatizantes del PRI en Miguel Alemán de realizar ataques contra ellos. La policía arrestó a Mateo, Diego y Juan Vásquez el 8 de diciembre de 1995, poco después de que se les acusara en una reunión de Paz y Justicia. Finalmente se acusó a los hermanos de posesión ilegal de armas, por lo que fueron condenados en marzo de 1996. Juan fue asesinado a tiros en julio de 1996 en circunstancias que no se han aclarado.⁽¹¹²⁾ Los dos hermanos sobrevivientes no han podido presentarse a los procesos de apelación porque Paz y Justicia no les permite salir de Masojá Shucjá.⁽¹¹³⁾ Cuando se imprimió este informe, los hermanos todavía no habían podido trasladarse a salvo ante la corte; el juez que lleva el caso no tiene una base legal para ordenar que se proteja a los hermanos para que puedan presentarse ante él.⁽¹¹⁴⁾

Las autoridades no han tomado medidas contra los residentes de Miguel Alemán que prohíben el paso a los que viajan por la carretera que pasa por la comunidad, y no han asegurado por lo tanto el derecho a la libertad de circulación. Tampoco han garantizado el derecho a la protección legal ante los ataques sufridos por las víctimas de expulsiones.

A pesar de la impunidad que disfrutan los residentes de Miguel Alemán, las autoridades parecen dispuestas a actuar con rapidez cuando se trata de denuncias de simpatizantes del PRI, como ocurrió en el caso de los hermanos Vásquez, lo que da más peso al argumento de que los funcionarios discriminan al proteger derechos según la afiliación política de la víctima.

Municipio de Sabanilla

El 22 de marzo de 1996, militantes del PRD ocuparon el salón municipal de Sabanilla para reclamar la renuncia del alcalde priísta, Benedicto Jaime Pérez Hernández, que según alegaban, había armado y protegido a los grupos armados del PRI en el municipio de Sabanilla y en el vecino Simojovel.⁽¹¹⁵⁾ Los manifestantes se retiraron tras negociar una solución al enfrentamiento.⁽¹¹⁶⁾

Durante el mes siguiente, se produjeron varios enfrentamientos entre simpatizantes del PRD y del PRI. Posteriormente, el 14 de junio, la violencia estalló de nuevo durante una marcha de protesta del PRD en la comunidad de Los Moyos. Durante la batalla que siguió, murieron dos miembros del PRD, José de Jesús Gómez Guzmán y Arturo Cruz Pérez, y otras tres personas fueron heridas, una de las cuales, un miembro del PRI, murió posteriormente en el hospital.⁽¹¹⁷⁾ Según el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," los funcionarios de seguridad pública no suministraron ninguna atención médica a las víctimas del PRD, y en cambio asistieron sólo a los simpatizantes del PRI.⁽¹¹⁸⁾

Según el congresista local del PRI Samuel Sánchez Sánchez, al menos doce familias afiliadas al PRD huyeron de sus casas y se refugiaron en un anexo a Los Moyos, donde "no cuentan con ningún tipo de servicios."⁽¹¹⁹⁾ Cuando se imprimió este informe, unas 360 personas de Los Moyos seguían siendo desplazados internos.⁽¹²⁰⁾

El 15 de agosto de 1996, funcionarios del gobierno estatal y representantes del PRD y del PRI se reunieron en el cercano municipio de Yajalón y firmaron un acuerdo por el que las partes del conflicto prometían "respetarse y no agredirse y preservar las condiciones de paz."⁽¹²¹⁾ Se formó una comisión para investigar los temas agrarios y políticos. "Dicen que los del PRD pueden regresar pero que deben renunciar al PRD y deben ingresar al PRI," dijo Sánchez Sánchez a Human Rights Watch/Americas.⁽¹²²⁾ Resulta fácil entender las demandas relativas a la afiliación política, dice el legislador; provienen de la creencia de los miembros del PRI de que el PRD es agresivo: "En Moyos vino gente a agredirlos. Vino gente de varias comunidades. Aquí hubo muertos."

Se decidió que la comisión se reuniera de nuevo el 24 de enero de 1997, pero un enfrentamiento armado que tuvo lugar el fin de semana anterior en Paraíso provocó la suspensión de las conversaciones.⁽¹²³⁾ El 19 de enero, en esa confrontación, miembros del PRD se enfrentaron a la policía, lo que provocó las heridas de tres oficiales y un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado que había ido a investigar a una presunta víctima de un ataque al corazón.⁽¹²⁴⁾

El 15 de febrero, Paz y Justicia atacó a representantes de organizaciones no gubernamentales y periodistas que se dirigían a Paraíso para investigar la reciente violencia. Cuando llegaron, un grupo les abordó y les robó una cámara. Al ver que la Policía de Seguridad Pública no podía o no quería controlar al grupo, los visitantes decidieron retirarse. Alguien del grupo de agresores dijo, "La fiesta les espera abajo," lo que indicaba que el ataque había sido planeado con antelación.

A unos doscientos cincuenta metros del lugar donde Paz y Justicia tenía cortada la carretera, un grupo de treinta hombres detuvo sus tres vehículos y les exigió que se bajaran de ellos. A los ocupantes del primer carro les robaron un reloj y una cadena. Cuando el último de los tres vehículos hizo marcha atrás para pedir la ayuda de la policía, los asaltantes abrieron fuego e hirieron en el brazo a José Montero, del Centro de Derechos Humanos 'Fray Bartolomé de las Casas." Golpearon en la cabeza a otro hombre con un machete, y amenazaron con violar a dos mujeres.

Cuando Marina Patricia Jiménez del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" llegó ante la policía, un oficial del cuerpo de seguridad pública culpó al EZLN por el ataque. Cuando llegaron los oficiales de policía a la escena, detuvieron a un miembro de Paz y Justicia y requisaron un rifle. El oficial al mando dijo a Jiménez que los asaltantes querían disculparse, como si decirlo hubiera sido una actuación de acuerdo al código de conducta profesional, lo que subrayó la complicidad de la policía en el ataque.

El caso de Sabanilla es un ejemplo del grado de polarización que se da en la zona norte de Chiapas. Ambas partes recurrieron claramente a la violencia, aunque los acontecimientos del 15 de febrero coinciden con la práctica sistemática de consentimiento oficial ante los delitos cometidos por sus simpatizantes, violando de este modo la responsabilidad estatal de asegurar el respeto a los derechos humanos. Cuando grupos simpatizantes del PRI detuvieron ilegalmente, amenazaron, y atacaron físicamente a miembros de una delegación de derechos humanos que realizaban una visita, la policía no dio protección ni detuvo a los responsables, dando de nuevo más peso al argumento de que los oficiales discriminan en favor de sus simpatizantes priístas.

Municipio de Salto de Agua

A diferencia del municipio de Tila, donde con la reforma industrial se sustituyeron masivamente los grandes latifundios agro-industriales por ejidos indígenas, en Salto de Agua se han conservado intactos hasta hoy en día muchos latifundios. Los rancheros siguen ejerciendo un considerable poder político y económico. Una racha de ocupaciones de tierras que siguió al levantamiento del EZLN conmocionó e irritó a los terratenientes, que empezaron a presionar al gobierno estatal para que tomara medidas firmes.⁽¹²⁵⁾ Tan sólo durante 1995, fueron invadidas unas setenta propiedades en el municipio.⁽¹²⁶⁾

Al señalar que el estado no ha protegido sus tierras de los invasores, los rancheros sugieren que ellos son víctimas como los demás. "Para nosotros no hay derechos humanos. Nos pintan como los malos de la película,"⁽¹²⁷⁾ dijo a Human Rights Watch/Americas un miembro de la asociación local de rancheros. José David Jebhardt, un ganadero, recordó que los indígenas invadieron su Rancho Rosario en enero de 1995, entraron en su casa y robaron su contenido. Después de pasarse varias horas en la casa, siguieron camino al Rancho San Carlos, donde ocuparon las tierras.⁽¹²⁸⁾ El 3 de febrero de 1995, la policía expulsó a la gente que había ocupado el rancho,⁽¹²⁹⁾ pero nunca se emprendió ninguna acción legal contra los que habían saqueado su casa.⁽¹³⁰⁾ Se informó de que las guardias blancas participaron en la expulsión.⁽¹³¹⁾ Según los rancheros entrevistados por Human Rights Watch/Americas, los rancheros participaron en la operación pero no en calidad de guardias blancas sino como propietarios de la tierra obligados a identificar sus propiedades ante la policía.⁽¹³²⁾

Uno de los primeros episodios en los que apareció la violencia grave intra comunitaria dentro del municipio se produjo en la aldea remota de Lote Ocho, que forma parte del ejido Teoquipá El Bascán. Partidarios del PRD y del PRI, enfrentados por una anterior ocupación de tierra promovida por el PRD, se enfrentaron en la comunidad, con el resultado de cuatro muertos en el bando del PRD.⁽¹³³⁾

En un memorándum al Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," el párroco de Salto de Agua, el Padre Paul Nadolny, sacerdote extranjero al que se le prohibió posteriormente volver a México, describía su llegada a Lote Ocho en la tarde el 15 de marzo de 1995. En su informe decía:

Nos reunimos con unas ocho mujeres con sus niños cerca de la Iglesia Católica. Formaban parte del grupo del PRD. Nos dirigimos a la casa del juez rural donde nos encontramos con el resto de la comunidad. Podemos decir que eran parte del bando del PRI. Los hombres estaban armados con rifles, y vigilaban la casa donde estaban las mujeres y los niños. Nos dejaron pasar para ver a dos heridos: uno de ellos, Mateo Arcos Peñate, tenía heridas graves provocadas por dos disparos de pistola en el estómago, el otro, Antonio Méndez Díaz, tenía una herida de bala en el brazo, también de pistola.⁽¹³⁴⁾

Todas las personas arrestadas por las autoridades del ejido eran del bando del PRD:

Había catorce miembros de nuestro partido atados a árboles por el cuello y la cintura, y vigilados por hombres armados. Cuando les preguntamos [a los guardias] quiénes eran y qué estaban haciendo, un hombre armado dijo que no nos iban a permitir recoger ninguna información. Ante la amenaza de que nos atacaron a nosotros, decidimos irnos.

Según el PRD, el 24 de marzo, las autoridades ejidales acompañadas de un juez detuvieron a tres miembros de las juventudes del PRD. Al no poder pagar una multa ordenada por el juez, los trasladaron a la estación de policía en Salto de Agua. El 26 de marzo, los pusieron en libertad sin cargos pero un funcionario judicial les dijo que las autoridades del ejido los habían acusado de ser miembros del EZLN y de violadores.⁽¹³⁵⁾

Como resultado de este hostigamiento, unas cuarenta y siete familias simpatizantes del PRD huyeron del pueblo durante las semanas que siguieron, y se refugiaron en las comunidades vecinas.⁽¹³⁶⁾ El catequista Armando Alvarez, que salió de la comunidad en mayo después que lo amenazaran de muerte en una asamblea del ejido, no regresó hasta que los dos bandos llegaron a un acuerdo en octubre de 1995. Dijo a Human Rights Watch /Americas que no se había castigado a nadie por los asesinatos del 14 de marzo y que nunca se habían investigado seriamente los crímenes.⁽¹³⁷⁾

Siguiendo un modelo observado en otros casos, las autoridades detuvieron arbitrariamente a opositores al PRI, mientras que los funcionarios judiciales facilitaron los ataques al retener a los detenidos sin cargos. Mientras tanto, no se tomó ninguna medida para castigar a los simpatizantes del gobierno que participaron en la violencia.

Negociaciones en el norte de Chiapas

Aunque el sistema de justicia estatal ha sido lento e ineficaz en muchos casos de violencia rural, el gobierno estatal no ha estado totalmente pasivo. Representantes de la Secretaría de Gobierno estatal han emprendido negociaciones entre facciones de las comunidades para lograr el retorno de refugiados a varias comunidades del norte de Chiapas. El Director General de Gobierno Coutiño subrayó tres componentes importantes de las negociaciones, que consisten en el retorno de las personas desplazadas; el respeto sin discriminación a las autoridades locales; y el seguimiento por parte de las instituciones gubernamentales de las necesidades materiales de las comunidades. "Un factor que indudablemente debe traer tranquilidad es la procuración de justicia. En Masojá Shucjá allí reclaman justicia para sus compañeros que perdieron la vida. Pero también la quieren en Miguel Alemán."⁽¹³⁸⁾ Coutiño sugería que, para el bien de la reconciliación, se podrían pasar por alto delitos menores como el robo, pero no el asesinato. Las negociaciones a nivel comunitario solían iniciarse con la firma de un pacto de no agresión.

Poco después de las elecciones municipales del 15 de octubre, en las que se eligieron alcaldes del PRI en cada municipio afectado, el gobierno estatal empezó a organizar conversaciones comunidad por comunidad. Los primeros resultados fueron razonablemente alentadores. Durante los primeros meses de 1996, muchos de los desplazados retornaron a sus ejidos. Los legisladores estatales del PRI y del PRD que participaron en las negociaciones se quejaron de que el gobierno estatal había retornado a refugiados sin resolver las causas soterradas de la violencia.⁽¹³⁹⁾ Mientras que los dirigentes del gobierno estatal sigan desmintiendo la existencia de organizaciones armadas, no podrán resolver los problemas subyacentes.

El 11 de septiembre de 1996, se inició otra ronda de negociaciones. Los negociadores, reunidos en el edificio municipal de Tila, acordaron viajar a Jomajil, donde estaban reunidos los refugiados del PRD, para recibir su testimonio directamente. El viaje iba a realizarse el 17 de septiembre, pero el 14 el presidente municipal informó de un tiroteo entre residentes de Miguel Alemán y Masojá Shucjá, un incidente que nuca se confirmó. No obstante, la información sirvió para impedir el viaje del 17 de septiembre.⁽¹⁴⁰⁾

El PRD ha insistido en que sean puestos en libertad los simpatizantes del partido detenidos injustamente -- al menos diez y nueve personas, pero tal vez más -- antes que se celebren negociaciones globales. El 14 de noviembre de 1996, en respuesta a una huelga de hambre de detenidos de Cerro Hueco en Tuxla Gutiérrez, funcionarios del gobierno estatal y representantes del PRD firmaron un acuerdo diseñado para acelerar este proceso. Se formó una comisión para investigar sus casos. El acuerdo señala que los detenidos declaran que, "Por razones económicas, de distancia y debido a la dificultad para localizar a las personas que podrían deponer en su favor, no les ha sido posible desvirtuar los medios probatorios aportados en la integración de las averiguaciones previas instauradas en su contra por el Ministerio Público."⁽¹⁴¹⁾ En respuesta, el gobierno estatal aceptó viajar a comunidades del norte para reunir información que pudiera probar la inocencia de los detenidos. Según CONPAZ, los primeros casos que se revisaron siguiendo el acuerdo resultaron en la puesta en libertad de cinco hombres de Chilón, después que las autoridades escucharan testimonios y descubrieran otras pruebas de la inocencia de los detenidos.⁽¹⁴²⁾

La Cámara de Diputados federal también envió una comisión de investigación al norte de Chiapas el 4 y 5 de octubre de 1995. Según se informó, el PRI censuró la publicación del informe definitivo sobre la visita.⁽¹⁴³⁾

85. Secretario de Gobierno, Situación del Municipio de Tila, Chiapas, sin fecha, páginas sin numerar.

86. Ni Paz Ni Justicia, pág. 96.

87. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Tila, 28 de agosto de 1996.

88. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Samuel Sánchez Sánchez, Tuxla Gutiérrez, 2 de septiembre de 1996.

89. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con habitantes desplazados de la comunidad de Nuevo Limar, Tila, 27 de agosto de 1996.

90. Secretario de Gobierno, Situación del Municipio de Tila, Chiapas, sin fecha, páginas sin numerar.

91. Según un resumen de la investigación preliminar, Pérez fue secuestrado en Tila por tres simpatizantes del PRD, que habían sido detenidos previamente por las autoridades del Ejido Panhuitz por intento de homicidio. Estaban siendo trasladados ante el Agente del Ministerio Público en Yajalón, pero cuando el grupo pasaba por Tila fueron detenidos por miembros del PRD que estaban participando en una vigilia de protesta. Los manifestantes liberaron a los tres prisioneros, de los que se sospecha que después secuestraron a Pérez, reteniéndole como rehén. Se lo llevaron con las manos atadas, y su cuerpo fue encontrado cuatro días más tarde en una finca cercana.

92. Gaspar Morquecho y Rosa Rojas, "Claros indicios de la presencia del grupo paramilitar Tierra y Libertad en el Norte; las autoridades lo niegan," La Jornada, 14 de noviembre de 1995.

93. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con Samuel Sánchez Sánchez, 10 de febrero de 1997.

94. Según el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," la violencia de junio fue iniciada por los simpatizantes del PRD que emboscaron a simpatizantes del PRI en Corozil Nuevo, en la frontera con el estado de Tabasco, el 13 de junio, matando a uno de ellos. El 17 de junio, se produjo un enfrentamiento en Agua Fría, en el que tres miembros del PRD y uno del PRI fueron asesinados. Ese mismo día, emboscaron a simpatizantes del PRI en las afueras de la comunidad de Masojá Shucjá, afiliada al PRD, donde se habían congregado refugiados expulsados de otras áreas. El 18 de junio, cuatro miembros del PRI fueron asesinados en Jolnixtié-Segunda Sección, un día después de que el ejército entrara en la comunidad para evacuar a los simpatizantes del PRI. El mismo día, simpatizantes del PRI de las dos secciones de Masojá Shucjá empezaron a bloquear el tráfico de entrada y salida a Masojá Shucjá. El 21 de junio, cinco miembros del PRI fueron asesinados en Huanal y en Corozil Nuevo. Ver, Ni Paz ni Justicia, págs. 95-102.

95. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Salto de Agua, 27 de agosto de 1996.

96. Entrevista por Human Rights Watch/Americas en Salto de Agua, 27 de agosto de 1996.

97. "Acusan a militantes priístas de quemar decenas de casas en Nuevo Limar y secuestrar a 25 personas; habría cuatro muertos," La Jornada, 5 de septiembre de 1995.

98. Carta a Human Rights Watch/Americas del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," 14 de febrero de 1997.

99. Dos testigos entrevistados por Human Rights Watch/Americas situaron la fecha el 17 de junio de 1996. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé señala que fue el 18. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, Ni Paz ni Justicia, pág. 96.

100. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Alvaro López García, El Limar, 29 de agosto de 1996.

101. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en la prisión de Cerro Hueco, Tuxla Gutiérrez, 2 de septiembre de 1996.

102. En julio de 1996, un grupo de activistas de derechos humanos y trabajadores humanitarios fueron detenidos en El Limar cuando intentaban llegar a Masojá Shucjá. Ante las miradas de policías y soldados, residentes de El Limar amenazaron al grupo, y bloquearon su acceso. El 5 de diciembre de 1996, un grupo de activistas de derechos humanos y trabajadores humanitarios fueron detenidos de nuevo cuando se dirigían a Masojá Shucjá. Los retuvieron durante tres horas, y la policía y el ejército observaron pero no intentaron intervenir. Ver, Acción Urgente, Estación Norte, 9 de diciembre de 1996.

103. Entrevistas de Human Rights Watch/Americas en Masojá Shucjá, 29 de agosto de 1996.

104. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Masojá Shucjá, 29 de agosto de 1996.

105. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez, 2 de septiembre de 1996.

106. Declaración de Honorio Sánchez López, Averiguación Previa expediente AA-III-717/996, pág. 13.

107. Declaración del Lesionado, Av. Previa nº A141/253/996, 5 de julio de 1996.

108. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Artemio Ramírez Torres, Tuxla Gutiérrez, 2 de septiembre de 1996.

109. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con el General Bautista, Masojá Shucjá, 29 agosto de 1996.

110. Durante la conversación, Human Rights Watch/Americas explicó tres veces que considerábamos suficiente la protección que nos ofrecía la policía. Durante un visita de investigación al norte de Chiapas en octubre de 1995, el ejército también hostigó a los miembros de la Cámara de Diputados; en dos ocasiones los legisladores se vieron obligados a solicitar al ejército que se retirara de las ventanas de los edificios en los que los miembros del congreso estaban tomando testimonios, según un informe elaborado por los delegados. Ver, Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, "Versiones recibidas en las diferentes audiencias que se sostuvieron durante la gira de la comisión," mimeo, sin fecha.

111. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Masojá Shucjá, 29 de agosto de 1996.

112. Ni Paz ni Justicia, pág. 116.

113. Ni Paz ni Justicia, pág. 116.

114. Carta a Human Rights Watch/Americas del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," 14 de febrero de 1997.

115. Elio Henríquez, "Muere un indígena en enfrentamiento PRI-PRD en Sabanilla," La Jornada, 12 de abril de 1996.

116. Carta del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" a Human Rights Watch/Americas, 14 de febrero de 1997.

117. Juan Balboa, "Chocan priístas y perredistas en Sabanilla, Chiapas, dos muertos," La Jornada, 15 de junio de 1995.

118. Ni Paz Ni Justicia, pág. 106.

119. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas, 10 de febrero de 1997.

120. Carta del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" a Human Rights Watch/Americas, 14 de febrero de 1997.

121. "Acuerdo," firmado en el Teatro del Pueblo de Yajalón, municipio de Yajalón, 15 de agosto de 1996.

122. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Samuel Sánchez Sánchez, Tuxla Gutiérrez, 2 de septiembre de 1996.

123. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con Emma Toledo Vila, congresista del PRD en el estado de Chiapas, 6 de febrero de 1997.

124. Carta del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" a Human Rights Watch/Americas, 14 de febrero de 1997.

125. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," "Walking with the Poor: Campesinos, Land and Human Rights in Salto de Agua, Chiapas" (Caminando con los pobres: campesinos, tierra y derechos humanos en Salto de Agua, Chiapas), abril de 1995, págs. 1-5.

126. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con rancheros en Salto de Agua, 26 de agosto de 1996.

127. Ibíd.

128. Ibíd.

129. Lindsy Hilsum, "Death at Lote 8 as Peasants Turn on one Another" (Muerte en Lote Ocho mientras los campesinos se atacan entre ellos), Observer, 19 de marzo de 1995.

130. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Salto de Agua, 26 de agosto de 1996.

131. Lindsy Hilsum, "Death at Lote 8..."

132. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en Salto de Agua, 26 de agosto de 1996.

133. Lindsy Hilsum, "Death at Lote 8..."

134. Memorándum del Comité de Derechos Humanos de Salto de Agua al Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," con fecha 16 de marzo de 1995. (Traducción de HRW).

135. Carta de Gilberto López y Rivas, Secretario de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del PRD, a la Lic. Norma Paulina Montaño Navarro, Coordinadora del Programa Permanente para la Selva y los Altos de Chiapas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fecha 7 de abril de 1995.

136. Carta abierta firmada por el Comité Ejecutivo Municipal del PRD, Salto de Agua, 21 de agosto de 1995.

137. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Armando Alvaro Guzmán, Salto de Agua, 29 de agosto de 1996.

138. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Mario Arturo Coutiño, Tuxla Gutiérrez, 2 de septiembre de 1996.

139. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con Emma Toledo, 6 de febrero de 1996, y entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con Samuel Sánchez Sánchez, 10 de febrero de 1996.

140. Ni Paz Ni Justicia, pág. 102.

141. "Minuta de trabajo que celebran los internos en huelga de hambre," firmada en la prisión de Cerro Hueco, 14 de noviembre de 1996.

142. Carta de Miguel Angel de la Cruz, de CONPAZ, a Human Rights Watch/Americas, 25 de febrero de 1997.

143. Gaspar Morquecho, "Bloquean diputados del PRI el informe legislativo sobre la violencia en Tila, Salto de Agua y Tumbalá: Oscar González," La Jornada, 16 de noviembre de 1995.

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CONTINUACIÓN DE CAPÍTULO IV

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