Violencia en el municipio de Venustiano Carranza

La Alianza San Bartolomé de los Llanos es una amalgama de varios grupos partidarios del PRI en la comunidad tzoltil de Venustiano Carranza, un municipio en la tierras bajas fértiles del área central de Chiapas. Esta comunidad ha estado profundamente dividida durante décadas por la propiedad de la tierra y es la sede de la OCEZ, una de las organizaciones campesinas más radicales del estado, que durante años dirigió la organización comunitaria Casa del Pueblo.⁽¹⁴⁴⁾  Varios líderes de la Alianza, que habían sido miembros de la Casa del Pueblo, pero se habían separado de la organización por diferencias políticas o porque fueron presuntamente comprados, han formado organizaciones con el apoyo de funcionarios de los gobiernos municipal y estatal opuestas a la Casa del Pueblo.

Funcionarios del gobierno han intervenido en contiendas entre los dos grupos, deteniendo a miembros de la Casa del Pueblo sin procesar judicialmente a sus opositores, algunos de los cuales estaban acusados de asesinato. En algunos casos, la policía operó en connivencia con miembros de la Alianza San Bartolomé de los Llanos. Aunque tradicionalmente se ha servido de las manifestaciones públicas para apoyar su causa, durante 1996 la Casa del Pueblo también recurrió a acciones claramente ilegales, como secuestros, expulsiones, y confiscaciones de propiedad.

Durante 1994 y 1995 el antiguo conflicto comunitario, que había sido controlado durante algunos años, se politizó cada vez más mientras los dos bandos se introducían en el escenario de la política municipal por primera vez como simpatizantes del PRI y del PRD. La elección del candidato a alcalde del PRI, Darío Borraz Gordillo, en octubre de 1995, fue tachada de fraudulenta por el PRD, y en enero de 1996, simpatizantes del PRD intentaron arrebatarle al PRI el control del municipio. En 1996, una serie de escaramuzas violentas tuvieron como resultado varias muertes en ambos bandos, y provocaron un colapso grave de la ley mientras que grupos armados se enfrentaban en las calles.

Desde abril de 1996, la Casa del Pueblo y la Alianza se involucraron en una espiral de violencia, en la que ambas organizaciones recurrieron a emboscadas, secuestros de líderes, expulsiones de tierras y de comunidades, destrucción de casas e incautación de vehículos. La violencia y la ilegalidad tan sólo fueron interrumpidas por cortas treguas mediadas por funcionarios del gobierno estatal, pero parece que las autoridades municipales no tuvieron el poder o la voluntad de intervenir para aplicar la ley imparcialmente a ambos bandos.

A medianoche del 13 de abril de 1996, miembros de las Fuerzas Armadas del Pueblo (FAP) secuestraron al miembro de la Casa del Pueblo Manuel Martínez de la Torre y a sus dos hijos en su casa. El 29 de abril, hombres con pasamontañas y uniformes militares, el uniforme típico de la FAP, cruzaron un camión en la carretera y detuvieron a un vehículo propiedad de la Casa del Pueblo, secuestrando al conductor, José Manuel de la Torre Hernández. Según un funcionario municipal del estado, la Casa del Pueblo se vengó secuestrando a tres miembros de la Alianza.⁽¹⁴⁷⁾ Todas las víctimas fueron puestas en libertad varios días más tarde.

El 5 de junio, cuarenta individuos con pasamontañas, armados con escopetas y rifles, secuestraron a cuarenta y cinco campesinos de la Casa del Pueblo cuando se dirigían a sus campos, confiscaron sus vehículos y destruyeron equipo valioso como tambores de insecticida, fertilizantes y materiales de fumigación. Los retuvieron durante varias horas.⁽¹⁴⁸⁾

El 16 de julio, las policías de seguridad pública y judicial se introdujeron en la oficina de la Casa del Pueblo, con el pretexto de ejecutar órdenes de arresto. Según miembros de la Casa del Pueblo, los policías entraron al edificio acompañados de miembros de la Alianza para arrestar a cuatro sospechosos del asesinato de un ranchero, Oscar Hernández Estrada.⁽¹⁴⁹⁾ La policía arrestó a dos personas, que no eran las que se citaba en las órdenes de arresto, y requisaron ilegalmente material de oficina. Acompañados de cuatro miembros de la Alianza, también se introdujeron en un taller de artesanía de mujeres afiliada a la Casa del Pueblo, donde requisaron equipos de manufactura y materias primas.⁽¹⁵⁰⁾

Al día siguiente, un grupo de la Casa del Pueblo destruyó varias casas propiedad de dirigentes de la Alianza, que llamaron a la policía pidiendo protección. Según un miembro de la Casa del Pueblo: "La gente se volvió loca. Empezaron a sacar los de la Alianza de sus casas. Un grupo entero fue a sacarlos. Destruyeron las casas de los líderes."⁽¹⁵¹⁾

Las policías de seguridad pública y judicial, con la cobertura de un helicóptero, ocuparon parte del pueblo de Venustiano Carranza y arrestaron a once miembros de la Casa del Pueblo. En este caso, también estaba presuntamente acompañada por miembros armados de la Alianza.⁽¹⁵²⁾

El 19 de julio representantes de la Casa del Pueblo y la Alianza firmaron un pacto de no agresión, y los funcionarios del gobierno estatal acordaron crear grupos de trabajo, que incluían a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para estudiar los problemas en ambos bandos. Se intercambiaron rehenes y vehículos incautados.

El 21 de julio, unos días después de que la policía realizara una redada en la Casa del Pueblo, dos periodistas, Juan Osuna Salazar y el cineasta belga Thierry Guislain Jonard, fueron asaltados por un grupo de simpatizantes de la Alianza, entre ellos tres personas blandiendo revólveres, mientras filmaban en la plaza central de Venustiano Carranza. Rodearon, golpearon y patearon a los dos periodistas, y les robaron las cámaras de video.

La tregua duró un mes. El 18 de agosto estallaron escaramuzas con lanzamiento de piedras entre los dos bandos y la Policía de Seguridad Pública intervino con gases lacrimógenos; cinco miembros de la Casa del Pueblo salieron heridos. El 20 de agosto, miembros armados de la Alianza a bordo de un camión de tres toneladas intentaron marchar sobre la Casa del Pueblo pero fueron repelidos con disparos. La Alianza insistió que el camión fue emboscado y sus ocupantes abrieron fuego para defenderse. En el tiroteo fue herido mortalmente el miembro de la Alianza de 20 años José Luis Coello Gómez, que falleció horas después en el hospital como resultado de las heridas. Fueron heridos dos miembros de la Casa del Pueblo, Sebastián Jiménez Vázquez y Manuel de Jesús Nucaméndez Espinosa, y dos miembros de la Alianza, Ramiro Campo Aguilar y Dolores Gómez Martínez. Dos días después, se dijo que Venustiano Carranza estaba prácticamente en estado de sitio, con 137 familias sin casa, facciones armadas controlando las calles, negocios cerrados, escasez de alimentos y cortes de las líneas telefónicas.⁽¹⁵³⁾

En ninguna parte se puso más de manifiesto que en Venustiano Carranza el hecho de que los funcionarios municipales y estatales no aplicaran la ley imparcialmente. Durante varias semanas en 1996, se produjeron enfrentamientos violentos. Sin embargo, la policía colaboró con una de las facciones, y posteriormente los fiscales se dedicaron a detener a los opositores al PRI. Según CONPAZ, que se ocupó de defender a los detenidos, no se tomó ninguna medida contra los simpatizantes del PRI. "Los comuneros de la Casa del Pueblo han iniciado varias averiguaciones previas y no les han dado curso, nadie ha sido responsabilizado de los hechos en su contra. Estas averiguaciones sencillamente no son resueltas."⁽¹⁵⁴⁾ Además, CONPAZ concluyó que los fiscales inventaron testimonios inculpatorios con la intención de dar una apariencia legal a las detenciones ilegales de miembros de la Casa del Pueblo.⁽¹⁵⁵⁾ Este caso, como otros del norte de Chiapas, respalda nuestra inquietud en cuanto a que las autoridades no aseguran la igualdad ante la ley a las víctimas de la violencia rural.

Violencia en el municipio de Chilón

El grupo conocido como los Chinchulines actúa en San Jerónimo de Bachajón, uno de dos ejidos que ocupan aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados en el municipio de Chilón. Durante varios centenares de años, ha estado dividido entre "los de abajo" y "los de arriba," los primeros representan a los fundadores originales de la comunidad en el siglo XVI y los segundos suelen ser colonos llegados posteriormente.⁽¹⁵⁶⁾ La comunidad mestiza, aliada con el PRI, ha solido controlar el comercio local,⁽¹⁵⁷⁾ como el transporte y el banco de grava.

En 1988, líderes del Ejido San Gerónimo formaron un grupo conocido como Frente Unido de Ejidarios, que acabó conociéndose como los Chinchulines, por el apodo del líder del grupo. Después de tomar el control del banco de grava de la ciudad, este grupo empezó a organizar un movimiento para separarse de Bachajón, de manera a poder explotar en exclusiva el banco de grava. El grupo cambió su nombre más tarde por el de Frente Revolucionario Juvenil. Los Chinchulines han aparecido públicamente bajo una variedad de nombres: Organización Juvenil Independiente, El Grupo Juvenil, y Frente Cívico "Luis Donaldo Colosio".

En 1991, el PRD empezó a cambiar la dinámica política local trabajando duro para organizar a su electorado. Este esfuerzo se vio recompensado en las elecciones presidenciales de 1994, en las que el PRD se llevó el 56% de los votos, y en las elecciones municipales de octubre de 1995, que pusieron en el poder a Manuel Gómez Moreno, el candidato del PRD a presidente municipal. Antes de la llegada al poder de Gómez Moreno, el PRI había controlado estrechamente el poder. Durante varios años antes de la elección de Gómez, en Bachajón no se elegía a agentes municipales, porque el PRI se negó a permitir que se votaran.⁽¹⁵⁸⁾ Incluso después de su elección, el PRI intentó bloquear las elecciones a autoridades del ejido. Por ejemplo, las elecciones para agentes municipales, programadas para el 20 de enero de 1996, fueron canceladas después que los Chinchulines interrumpiera el evento. El presidente municipal solicitó la intervención de las autoridades estatales para poder celebrar las elecciones, que finalmente tuvieron lugar el 10 de febrero.⁽¹⁵⁹⁾

Según el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas," los Chinchulines sirvieron para desbaratar lo que el PRI y los rancheros consideraban un canal estratégico de comunicación entre los zapatistas más al sur y los municipios al norte del estado.⁽¹⁶⁰⁾

El 18 de abril de 1996, los Chinchulines, junto a otros grupos opuestos al PRD, tomaron las oficinas municipales de la ciudad de Chilón, donde instalaron su propio gobierno y exigieron la renuncia de Gómez Moreno.⁽¹⁶¹⁾ En respuesta, el 19 de abril, simpatizantes del PRD convocaron un plantón frente al edificio que alberga al congreso estatal de Chiapas.⁽¹⁶²⁾ El 30 de abril, funcionarios del gobierno estatal y miembros del PRD firmaron un acuerdo por el que los primeros se comprometían a expulsar a los amotinados en el edificio municipal de Chilón y a desarmar a los Chinchulines, en el plazo de una semana, y los segundos se comprometían a cesar la protesta ante el edificio del congreso.⁽¹⁶³⁾ Cuando los Chinchulines abandonaron finalmente las oficinas municipales, saquearon su contenido.

El 4 de mayo de 1996, se celebraron elecciones para dirigentes del ejido en Bachajón. Las elecciones tuvieron lugar en las afueras de la ciudad, en Guadalupe Paxilhá, y aproximadamente 2.500 del total de los 3.000 miembros del ejido eligieron a miembros del PRD para los cargos.⁽¹⁶⁴⁾ Esa tarde, miembros de los Chinchulines bloquearon el regreso a la ciudad de unos 300 miembros del ejido, a los que dieron una paliza y que se dirigieron al vecino Ocosingo a presentar una denuncia ante el representante local de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Según el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC) de Bachajón, el representante se negó a aceptarla con el pretexto de que no quería meterse con los Chinchulines.⁽¹⁶⁵⁾ Al día siguiente, los miembros del ejido regresaron a Bachajón. La única carretera que llega al pueblo pasa por la casa de Jerónimo Gómez Guzmán, el jefe de los Chinchulines. Cuando los residentes del ejido que regresaban pasaron por su casa se produjo un tiroteo. Gómez Guzmán fue asesinado por los disparos.

Según testigos entrevistados por Human Rights Watch/Americas, tras la muerte de Gómez Guzmán, sus simpatizantes se lanzaron a la caza de los acusados del ataque contra los Chinchulines, entre ellos destacaba la Iglesia Católica, que había establecido una misión en el lugar en 1958 y apoyaba activamente el trabajo en materia de derechos humanos. Los Chinchulines se lanzaron decididamente al ataque de sus enemigos, pero en la lucha que se produjo, fueron asesinados Carlos Gómez López, Reynaldo Gómez Guzmán y Miguel Hernández Pérez, todos miembros de los Chinchulines, así como Jerónimo Hernández Demeza y Sebastián Gómez Feliciano, que eran rivales de los Chinchulines. Ciento nueve miembros de la comunidad, cuyas casas fueron quemadas por los Chinchulines o amenazados por otros métodos, buscaron refugio fuera de la comunidad y terminaron en la capital del estado, Tuxla Gutiérrez.⁽¹⁶⁶⁾ En total fueron quemadas unas veinticinco casas y ocho automóviles. Los miembros de la comunidad desplazados regresaron varios meses más tarde.

Un testigo recordaba a Human Rights Watch/Americas un ataque a la iglesia:

Vi como uno de los hombres echó gasolina a la puerta. Gritaron "curas políticos" y "les llegó su hora." Uno de los hombres con un rifle estaba de guardia en la calle. Otro prendió fuego a la puerta.⁽¹⁶⁷⁾

La Policía de Seguridad Pública dejó que los Chinchulines tomaran control del pueblo durante varios días después del ataque. Según un testigo:

En la mañana, como a las seis, intenté salir del pueblo, pero llegué a la curva, donde habían bloqueado la calle. Me dijeron, "Para ti no hay paso, o si quieres problemas." Regresé al pueblo.⁽¹⁶⁸⁾

Los Chinchulines no actuaron solos en contra del PRD local. El presidente del congreso estatal, Carlos Pano Becerra, sugirió a Gómez Moreno que no regresara al municipio hasta que no acabara el conflicto de mayo de 1996, ya que si lo hacía sería peligroso para el alcalde.⁽¹⁶⁹⁾ Sin embargo, el 10 de julio, Pano Becerra informó por escrito a Gómez Moreno de que había sido acusado de ser el "autor intelectual" e "instigador" de los ataques del 5 de mayo y que, por lo tanto, el congreso había suspendido toda ayuda financiera al municipio.⁽¹⁷⁰⁾ El 27 de noviembre, se restauró la financiación del municipio sin que se hubiera inculpado nunca a Gómez Moreno. Ni siquiera le habían llamado a declarar en relación al caso de mayo de 1996.⁽¹⁷¹⁾

Los ataques de mayo recibieron más atención que la mayoría de los incidentes de México, tanto dentro del país como a nivel internacional. Después de que la policía permitiera inicialmente a civiles armados controlar las calles de Bachajón, las autoridades arrestaron a veintiséis miembros de los Chinchulines, acusados de ser responsables de los ataques que tuvieron lugar el 5 de mayo.

Los arrestos contrastan con la tendencia general por parte de las autoridades judiciales de hacer oídos sordos ante los crímenes violentos cometidos por simpatizantes del gobierno, como se señala en este informe. De hecho, según CEDIAC, también se distinguen de la práctica sistemática gubernamental de trato a los Chinchulines: antes de los ataques de mayo la autoridades hicieron caso omiso de al menos diecisiete casos con denuncias contra los Chinchulines.⁽¹⁷²⁾

Los casos de Chilón demuestran que el estado no ofrece protección judicial a las personas consideradas opositores al PRI, y la manera en que la policía ha facilitado los actos violentos de ciudadanos particulares. Aunque el Coordinador General de la Policía del Estado Jorge Gamboa Solís alegaba que el arresto de los Chinchulines demostraba que la policía no era partidista,⁽¹⁷³⁾ de hecho, los arrestos eran una prueba de que si las circunstancias políticas son propicias, y si existe una fuerte presión nacional e internacional, el gobierno es capaz de tomar medidas firmes incluso contra sus más fervientes seguidores.

¿Quién Ataca a Miembros del PRI?

No cabe duda de que la violencia en Chiapas procede tanto de los opositores al PRI como de sus aliados. Al igual que ocurre con los miembros del PRD, se embosca, asesina y expulsa de comunidades a simpatizantes del PRI. Como se expone en este informe, en el municipio de Venustiano Carranza, la organización local llamada La Casa del Pueblo ha participado en enfrentamientos armados con la Alianza San Bartolomé de los Llanos, partidaria del PRI. En el municipio de Chilón, miembros del Ejido San Gerónimo de Bachajón han emprendido la ofensiva contra miembros del PRI, con consecuencias siniestras.

Líderes del PRI y miembros de Paz y Justicia, entrevistados por Human Rights Watch/Americas en El Limar, Tila, señalaron que los ataques contra el PRI los realiza un grupo llamado Abu Xu, en Ch'ol, o Arriera Nocturna, en castellano, en conjunto con el PRD y la Iglesia Católica. Uno de ellos, Abel Díaz Alvarez, de la comunidad de Carmen Chinal, alegó que la organización tenía su sede en Centro Jolnixtié Prima Sección y que tenía adherentes en el Ejido Emiliano Zapata.

Los que nos dieron testimonio también alegaban que sacerdotes, incluyendo Heriberto Cruz Vera, párroco de Tila, eran miembros activos de Arriera Nocturna. Según el líder de Paz y Justicia Diego Vásquez Pérez, en el día en que fueron atacados miembros del PRI en la municipalidad de Tila, el obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, Monseñor Raúl Vera López, llegó en Jolnixtié: "Puso armas sobre la mesa, sacó el agua santo y un ramo u otra cosa y bendijo las armas. No es una mentira, había testigos."⁽¹⁷⁴⁾ Aunque Vásquez Pérez señaló a un hombre quien dijo que había visto la bendición alegada de las armas, el hombre señalado no corroboró lo dicho.

Cuando le preguntamos si Arriera Nocturna era una organización clandestina que llevaba a cabo ataques contra el PRI, el Director de Gobierno del Estado Coutiño informó a Human Rights Watch/Americas de que carecía de dicha información. De manera similar, dijo que la Iglesia Católica y el PRD no estaban detrás de la violencia, al menos no como instituciones oficiales.⁽¹⁷⁵⁾ Sin embargo, Coutiño identificó rápidamente a la Iglesia Católica como un factor de la violencia, ya que durante años sus catequistas han influido en las comunidades.

La retórica en contra de la Iglesia Católica y del PRD parece ser más un intento de encontrar un chivo expiatorio para la creciente oposición al PRI que un comentario sobre la verdad. El gobierno estatal nunca ha podido probarla en las cortes, a pesar de la frecuencia con la que se la repite. Por el contrario, durante los pocos incidentes en los cuales el gobierno estatal ha tomado medidas judiciales en contra de sacerdotes que vieron dentro del esquema de la Iglesia Católica como promotor de la violencia, el gobierno ha demostrado una indiferencia descarada por los derechos humanos, mientras no ha probado nada en contra del clero. Por ejemplo, como se describe adelante en más detalle, un juez desechó cargos de "homicidio" en contra de dos sacerdotes quienes fueron detenidos arbitrariamente en marzo de 1997 en la municipalidad de Palenque y a quienes les negaron las garantías mínimas del debido proceso.

144. Aunque el levantamiento del EZLN de enero de 1994 agudizó los antagonismos políticos en Venustiano Carranza, como ocurrió en otras partes del estado, en este caso los orígenes del conflicto pueden situarse antes de la época colonial. En 1736, miembros del grupo étnico Tzotzil de San Bartolomé de los Llanos, como se conocía entonces a Venustiano Carranza, compraron a la corona española 75.000 hectáreas de tierras comunales. Sin embargo, con el paso del tiempo los rancheros y pequeños terratenientes ladinos se fueron apropiando de la mayoría de las tierras más fértiles de la propiedad. En 1965, se legalizó finalmente por decreto presidencial la propiedad de la comunidad, pero la comunidad sólo recibió 50.152 de las 75.000 hectáreas originales. Desde entonces, la organización comunitaria, la Casa del Pueblo, una de las más activas de Chiapas, ha conducido una larga lucha contra los terratenientes locales y los gobiernos local y estatal para recuperar la tierra. El grupo ha participado en enfrentamientos armados recientes con sus adversarios en Venustiano Carranza. En 1974, el ejército ocupó Venustiano Carranza después de un choque violento, y fueron arrestadas más de un centenar de personas. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con miembros de la Casa del Pueblo, San Cristóbal de las Casas, 31 de agosto de 1996. Desde 1962, han sido asesinados más de treinta miembros de la Casa del Pueblo, muchos de ellos fueron asesinados impunemente. Para ver una referencia sobre el número de miembros asesinados, Amnistía Internacional, Mexico: Human Rights in Rural Areas (México: derechos humanos en áreas rurales) (London: Amnesty International, 1986), pág. 65.

147. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con Héctor Alvarez, primer regidor, Venustiano Carranza, 29 de agosto de 1996.

148. Declaración de Panfilo León Molina, Averiguación Previa No. 895/CAJ1/96.

149. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con miembros de la Casa del Pueblo, 30 de agosto de 1996.

150. Averiguación Previa nº 2030/CAJ4/996 iniciada por una denuncia presentada por María Concepción Jiménez Gómez contra Ciro Coello Gómez, Andrés Martínez Vásquez, Angel Martínez Vásquez, y Benjamín Gómez Vásquez, miembros de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, 29 de julio de 1996.

151. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con miembros de la Casa del Pueblo, San Cristóbal de las Casas, 31 de agosto de 1996.

152. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con miembros de la Casa del Pueblo, San Cristóbal de las Casas, 31 de agosto de 1996.

153. Leticia Hernández y Sergio Stahl, "Virtual estado de sitio en Venustiano Carranza," Expreso, 22 de agosto de 1996.

154. Carta de Miguel Angel Santos de la Cruz, de CONPAZ, a Human Rights Watch/Americas, 25 de febrero de 1997.

155. Comunicado de CONPAZ a Human Rights Watch/Americas, 8 de marzo de 1997.

156. Alain Breton, Bachajón: organización social territorial de una comunidad tzeltal (México, D.F.: Instituto Nacional Indigenista, 1984), pág. 29.

157. Ibíd., pág. 25.

158. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con Manuel Gómez Moreno, 10 de enero de 1997.

159. Carta de Manuel Gómez Moreno a Eraclio Zepeda Ramos, Secretario de Gobierno de Chiapas, 6 de febrero de 1996, en los expedientes de Human Rights Watch/Americas.

160. Ni Paz Ni Justicia, págs. 94-95.

161. Enrique Maza, "Los Chinchulines, organización paramilitar del PRI, asola Chilón desde hace ocho años," Proceso, 29 de abril de 1996.

162. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en San Jerónimo de Bachajón, 24 de agosto de 1996.

163. "Acuerdo de Conciliación," 30 de abril de 1996.

164. Centro de Derechos Indígenas, A.C. "Informe sobre el suceso del 5 de mayo de 1996 en San Jerónimo de Bachajón," 20 de julio de 1996.

165. Ibíd.

166. Ibíd.

167. Entrevista de Human Rights Watch/Americas en San Jerónimo de Bachajón, 24 de agosto de 1996. Fuente confidencial.

168. Ibíd.

169. Carta de Carlos Pano Becerra a Manuel Gómez Moreno, 22 de mayo de 1996.

170. Ibíd.

171. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas con Manuel Gómez Moreno, 10 de enero de 1997.

172. Centro de Derechos Indígenas, "Informe."

173. Carta del Brig. Gen. Jorge Gamboa Solís al Dr. Gilberto López y Rivas, Secretario de Derechos Humanos del PRD, 21 de junio de 1996.

174. Entrevista de Human Rights Watch/Americas con Diego Vásquez Pérez, El Limar, 29 de agosto de 1996.

175. Entrevista telefónica de Human Rights Watch/Americas, 7 de marzo de 1997. Inicialmente, Human Rights Watch/Americas solicitó información sobre la naturaleza de Arriera Nocturna en una carta a Coutiño del 4 de febrero de 1997.

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CAPÍTULO V

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