Muchas preguntas ya han sido planteadas acerca de la decisión del jurado de no procesar legalmente a Darren Wilson, el agente de policía blanco que disparó y mató a Michael Brown, un adolescente afroamericano desarmado, en Ferguson, Missouri en agosto. Sin embargo, muchas de esas preguntas quedarán, inevitablemente, sin resolverse: sin la posibilidad de conocer todas las pruebas que el jurado analizó en sesiones a puerta cerrada durante los últimos cuatro meses, es muy difícil evaluar la solidez de su decisión.
Lo que es innegable es que la decisión del jurado no es del todo sorprendente. Si bien las denuncias de brutalidad policial son frecuentes en EE. UU., muy rara vez dan lugar a cargos criminales o siquiera a sanciones disciplinarias.
Este no es un problema nuevo. En 1998, Human Rights Watch examinó los mecanismos de rendición de cuentas de la policía en 14 ciudades principales del país. Encontramos que el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la policía, incluyendo disparos injustificados, palizas, casos fatales de asfixias y tratos injustos, persistían debido a obstáculos infranqueables que impiden una plena rendición de cuentas. Esos obstáculos incluyen "códigos de silencio" entre oficiales, sistemas deficientes de información y supervisión, y la escasez de información significativa sobre las tendencias en el abuso. Dieciséis años más tarde, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha aumentado sus investigaciones sobre "patrones o prácticas" de abuso en los departamentos de policía, de acuerdo con nuestras recomendaciones. Pero en otras instancias, hemos visto pocos avances hacia una reforma institucional.
Los acontecimientos de Ferguson deben servir como un llamado de atención para que las ciudades, las comunidades y los gobiernos estatales que conforman los Estados Unidos, reexaminen la situación en relación con la brutalidad policial y la rendición de cuentas en sus localidades. Una reforma eficaz significaría, entre otras medidas, una mejor recopilación de datos sobre incidentes relacionados al uso excesivo de la fuerza a manos de la policía, y la entrega de esos datos al gobierno federal. En muchas jurisdicciones, puede significar el establecimiento de órganos independientes de control que puedan hacer frente a las presiones locales que muchas veces llevan a que se ignoren los casos de brutalidad policial. También implicaría modificar la formación policial, las políticas y los sistemas disciplinarios para asegurar que alienten un comportamiento policial adecuado y que sancionen el abuso.
Las autoridades encargadas de aplicar la ley en Missouri deberían comenzar por respetar el derecho del público a la protesta pacífica tras la decisión del gran jurado. Las autoridades tienen el deber de proteger a los ciudadanos frente a actos violentos como los que se observaron recientemente, pero deben hacerlo sin repetir los abusos que hemos visto en los últimos meses, que sólo alimentan aún más la ira y el resentimiento. Missouri recién nombró a los miembros de la "Comisión Ferguson" para examinar las condiciones sociales y económicas subyacentes al asesinato de Brown. Para que la labor de la Comisión resulte eficaz, es fundamental que esta investigación también abarque un examen exhaustivo al comportamiento de las fuerzas de seguridad y su respuesta a las protestas que comenzaron en agosto, así como el trato de la policía hacia la comunidad de una manera más general. Y Missouri debe examinar a profundidad sus instituciones de justicia y la disciplina que impone a sus policías para garantizar que en el futuro, las víctimas de la brutalidad policial tengan "recursos accesibles y eficaces", como exige el derecho internacional, para la reivindicación de sus derechos.
Many questions are already being raised about the grand jury decision not to indict Darren Wilson, the white police officer who shot and killed Michael Brown, an unarmed African-American teenager, in Ferguson, Missouri in August. However, many of those questions will, by necessity, remain unresolved: without hearing the same evidence the jury has heard in closed sessions over the past four months, it’s very hard to assess the soundness of their decision.
