Todas las facciones del conflicto están implicadas en la detención y el abuso de mujeres activistas
2 de Julio de 2014

(Londres) – Numerosas  mujeres en Siria han sido interceptadas y detenidas arbitrariamente, y han sufrido abusos físicos, hostigamiento y torturas a manos de miembros de fuerzas gubernamentales, milicias leales al gobierno y grupos armados de oposición en el marco del conflicto que vive el país, indicó Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW) efectuará un examen de la situación de las mujeres sirias el 4 de julio de 2014 en Ginebra.

El informe de 47 páginas “We Are Still Here: Women on the Front Line of Syria’s Conflict” (Seguimos aquí: Mujeres en la línea de fuego del conflicto en Siria), expone los casos de 17 mujeres sirias actualmente refugiadas en Turquía. A través de descripciones y fotografías, el documento retrata las distintas maneras en que el conflicto afecta particularmente a las mujeres. El informe describe casos de mujeres que sufrieron abusos perpetrados por fuerzas gubernamentales y leales al gobierno, y también por grupos armados opositores como Liwa’al-Islam y organizaciones extremistas como Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL). Algunas activistas y proveedoras de asistencia humanitaria indicaron que habían sido amenazadas, interceptadas y detenidas arbitrariamente, o incluso torturadas por integrantes de fuerzas gubernamentales u organizaciones armadas de oposición. Las seis mujeres que estuvieron anteriormente detenidas y cuyos casos se exponen en el informe sufrieron abusos físicos o torturas durante el lapso de su detención, y una mujer fue agredida sexualmente en varias oportunidades. Otras mujeres manifestaron que habían sufrido restricciones discriminatorias con respecto a su vestimenta o posibilidad de circulación. Y varias mujeres sufrieron lesiones o perdieron a familiares durante ataques indiscriminados efectuados por fuerzas gubernamentales contra civiles.

“Las mujeres no han estado ajenas a ningún aspecto del cruento conflicto sirio, pero no son tan solo víctimas pasivas”, aseveró Liesl Gerntholtz, directora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Las mujeres asumen responsabilidades cada vez mayores, ya sea por elección o por causas circunstanciales, y no por ello, deberían estar expuestas a intimidación, detenciones, abusos o incluso torturas”.


El examen a cargo del comité de las Naciones Unidas ofrece una oportunidad para poner de manifiesto la difícil situación de las mujeres en Siria, y en particular para exponer que el gobierno sirio y numerosos actores externos al Estado están cometiendo abusos contra mujeres y niñas en un clima de absoluta impunidad, indicó Human Rights Watch. El comité debería exhortar al gobierno sirio a que desista de interceptar y detener de manera arbitraria y ejercer cualquier forma de violencia contra mujeres, y que investigue estos abusos y actúe para que los responsables sean juzgados por su comportamiento. Durante el examen, el comité deberá evaluar si el Estado Parte cumple sus obligaciones conforme a la CEDAW y recomendar medidas que debería adoptar para mejorar la situación de mujeres y niñas.

El Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno sirio y otras partes afectadas deberían además asegurar que las mujeres tengan representación y participación plenas y genuinas en todos los futuros diálogos o negociaciones de paz, así como en ulteriores procesos de paz y de definición de políticas, expresó Human Rights Watch.

El informe se elaboró sobre la base de entrevistas mantenidas con 27 mujeres refugiadas y representantes de siete proveedores de servicios en Gaziantep y Kilis, en Turquía, durante marzo y abril de 2014. Varias de las mujeres indicaron a Human Rights Watch que habían sido hostigadas, amenazadas o detenidas por miembros de fuerzas gubernamentales o grupos armados no pertenecientes al Estado debido a su rol de activismo pacífico, que incluyó planificar y participar en manifestaciones no violentas y brindar asistencia humanitaria a ciudadanos sirios necesitados. Otras mujeres relataron sus experiencias cuando debieron convertirse necesariamente en jefas o proveedoras principales de sus familias, luego de que las fuerzas gubernamentales detuvieran a miembros masculinos de sus familias o estos resultaran heridos o fallecieran durante ataques indiscriminados de grupos armados en zonas civiles.

Maisa, una mujer de 30 años, brindaba asistencia médica a miembros de grupos armados contrarios al gobierno y trabajaba para un canal de televisión satelital opositor cuando fue detenida por fuerzas de seguridad gubernamentales en abril de 2013 en Damasco. Durante toda una noche, miembros de las fuerzas de seguridad la azotaron con una manguera gruesa: “Me daban bofetadas. Me jalaban del cabello. Me golpeaban en los pies, la espalda, por todo el cuerpo”. El informe identifica a las mujeres solamente con su nombre de pila o con seudónimos, según su situación particular por cuestiones de seguridad.

Algunos grupos armados no estatales también han hostigado y detenido a mujeres mencionadas en el informe, y han aplicado políticas discriminatorias a mujeres y niñas, incluidas restricciones relativas al modo de vestir y su posibilidad de circular libremente. Berivan, una mujer sirio-kurda de 24 años, brindaba asistencia médica a personas que vivían en el campamento sitiado de Yarmouk en Damasco cuando fue detenida por Liwa’ al-Islam, una agrupación armada no perteneciente al Estado. Fue liberada luego de 10 días, pero cuando intentó abrir nuevamente la precaria farmacia que había armado en el campamento, recibió amenazas de integrantes de EIIL debido a que, si bien vestía el hijab en la cabeza, no llevaba puesta una abaya (una prenda holgada que cubre la totalidad del cuerpo): “Me dijeron: ‘Si te volvemos a ver así, te mataremos. Si te vemos nuevamente en esta zona, te colgaremos’”.

Otras mujeres dijeron a Human Rights Watch que habían resultado heridas o que perdieron a familiares durante ataques indiscriminados que se lanzaron en zonas civiles. Varias se habían convertido en las principales proveedoras de sus familias como resultado del conflicto. Cuatro de los cinco hijos de Amal murieron en julio de 2013 durante un ataque con bombas de barril en Alepo. Poco después, su esposo quedó parcialmente paralizado y perdió parte del habla a causa de un derrame cerebral. Amal, de 44, se ocupa de cuidarlo. En marzo, la familia se trasladó a Turquía para que su esposo recibiera tratamiento médico y posibilidades de rehabilitación. Una vez allí, tuvieron que dormir en un parque a la intemperie y dependían de la caridad para comer.

Desde el comienzo de las revueltas sirias en marzo de 2011, Human Rights Watch ha efectuado diversas misiones de investigación a Siria, Turquía, el Líbano, Jordania y el Kurdistán iraquí para documentar violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes del conflicto, que incluyen demoras y detenciones arbitrarias, torturas, restricciones discriminatorias a mujeres y niñas, ejecuciones sumarias, demoliciones ilegales de barrios enteros y uso de armas químicas e incendiarias.

De conformidad con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y la CEDAW, ratificada por el gobierno de Siria en 2003, todas las partes del conflicto deberían adoptar medidas para proteger a mujeres y niñas de la violencia, y esto contempla, sin carácter restrictivo, a la violencia sexual y de género. La Resolución 1325 y la CEDAW también exigen que los Estados Partes rindan cuentas por estos abusos, brinden asistencia para atender las necesidades médicas, psicosociales y económicas de las mujeres, y aseguren su inclusión genuina en todos los niveles de las futuras negociaciones de paz e iniciativas de reconstrucción del Estado.

“Las mujeres de Siria han enfrentado pérdidas de magnitud, y pese a ello persisten en su rol de activismo, asistencia, y labor humanitaria”, manifestó Gerntholtz. “La comunidad internacional debe asegurar que el gobierno sirio y los grupos armados respondan por abusos cometidos contra mujeres y niñas, y los gobiernos donantes deberían colaborar para que se atiendan sus necesidades inmediatas y exigir que se posibilite su participación activa en la definición del futuro de Siria”.