Se requieren medidas adicionales para terminar con los abusos en materia de derechos humanos
29 de Enero de 2013
Después de años de inactividad, es alentador ver que un grupo bipartidista de legisladores está de acuerdo en ciertos principios para una reforma a gran escala, incluyendo un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que ya radican en los EE.UU. Pero si el Congreso no se enfoca en proteger los derechos fundamentales mientras trabaja en los detalles del plan, algunos de los peores abusos podrían quedarse sin resolver.
Antonio Ginatta, director de Incidencia Política para Estados Unidos

(Washington, DC) – El acuerdo bipartidista para una reforma migratoria presentado por ocho senadores de Estados Unidos el 28 de enero de 2013, representa un marco útil, pero es necesario un desarrollo más detallado que proteja los derechos fundamentales de los inmigrantes, señaló Human Rights Watch hoy.

Human Rights Watch expresó una preocupación particular en relación al tiempo de espera que se requerirá para que una persona que radica actualmente en los Estados Unidos pueda iniciar el proceso legal hacia la residencia permanente o la ciudadanía. Así mismo, los abusos ampliamente documentados que existen en los centros de detención y en los actuales procesos de deportación deben ser eliminados. Por otro lado, aquellos trabajadores inmigrantes que enfrentan un alto riesgo de abuso necesitan también protecciones más específicas, señaló Human Rights Watch. Esta semana, Human Rights Watch va a publicar un conjunto de recomendaciones para una reforma al sistema migratorio basada en el respeto a derechos fundamentales.

"Después de años de inactividad, es alentador ver que un grupo bipartidista de legisladores está de acuerdo en ciertos principiospara una reforma a gran escala, incluyendo un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que ya radican en los EE.UU.", dijo Antonio Ginatta, director de Incidencia Política para Estados Unidos de Human Rights Watch. "Pero si el Congreso no se enfoca en proteger los derechos fundamentales mientras trabaja en los detalles del plan, algunos de los peores abusos podrían quedarse sin resolver."

El marco bipartidista incluye lenguaje que refuerza los derechos básicos de los inmigrantes indocumentados y sus familias. La atención especial que les brinda a los inmigrantes que fueron trasladados a los Estados Unidos cuando eran niños  y a los trabajadores agrícolas reconoce debidamente los lazos profundos y las contribuciones que estos grupos hacen a sus comunidades y al país, señaló Human Rights Watch. Sin embargo, algunas áreas de la propuesta levantan inquietudes o demandan un mayor desarrollo.

El programa de legalización propuesto recientemente pondría a los inmigrantes con estatus provisional al "final de la línea" para ser candidatos a solicitar una "tarjeta verde". Sin embargo, la espera bajo el sistema actual es ya de casi 20 años, debido al número limitado de visas disponibles para las familia. La espera podría ser aún mayor si la legalización se condiciona a una variable que demuestre avances concretos en seguridad fronteriza.

Cualquier reforma debería reevaluar y actualizar el número de visas disponibles así como eliminar el retraso existente si se busca proteger a las familias estadounidenses de una manera significativa, dijo Human Rights Watch. El sistema también debe proteger a las familias compuestas por parejas binacionales del mismo sexo, cuyas relaciones no son reconocidas bajo la ley existente.

Según la propuesta de los senadores, los inmigrantes que han cometido "delitos graves" se enfrentarán a la deportación inmediata y no serán elegibles para la legalización.  Sin embargo esto genera preocupaciones acerca de cómo se definirá el término de "delitos graves". Bajo la legislación vigente, cientos de miles de personas que radican en el país desde hace años, incluso residentes legales con condenas penales menores, han sido considerados como "delincuentes con agravantes" y deportados permanentemente sin oportunidad de demostrar los lazos familiares, su rehabilitación u otras pruebas que demuestran que no son un peligro para el país.

El Congreso debe definir los "delitos graves" de manera justa y consistente para cualquier programa de legalización, dijo Human Rights Watch. Debe revisar las leyes existentes en torno a la deportación de personas sentenciadas que llevan años radicando en el país a fin de que se respete el derecho a la unidad familiar o reciba una consideración adecuada durante el juicio en el que se dicta su deportación.

La propuesta señaló vagamente que los derechos de los trabajadores deben ser protegidos. Como se ha documentado en varios informes de Human Rights Watch, los trabajadores no autorizados, en particular en las industrias de bajos ingresos, como la agricultura, tienen un alto riesgo de violaciones en sus centros de trabajo, incluso, el abuso sexual, y enfrentan enormes dificultades para obtener una reparación a los daños sufridos.  Es poco probable que surja un interés en la expansión del programa de trabajadores huéspedes. Pero debido a que los trabajadores huéspedes son particularmente vulnerables a los abusos, toda disposición de reforma debería incluir medidas específicas para la protección de este sector, como por ejemplo, ofrecer a los trabajadores el derecho a cambiar de empleador, señaló Human Rights Watch.

La propuesta de retrasar la reforma hasta que las fronteras sean consideradas seguras también genera preocupación, dijo Human Rights Watch. Los esfuerzos de seguridad fronteriza de los últimos años han dado lugar a graves abusos, y programas como la Operación Streamline, que enjuicia y condena a los inmigrantes indocumentados acusados de delitos federales, levanta preocupaciones importantes debido a la rapidez  con la que se ejecutan los procesos. El Congreso debe garantizar que las medidas de seguridad fronteriza sean compatibles con los derechos humanos y orientar los casos hacia amenazas más serias.

Asimismo, la propuesta no aborda explícitamente los problemas actuales que existen en el sistema de detención y los procesos de deportación, dijo Human Rights Watch. Los inmigrantes vulnerables con enfermedades mentales u otro tipo de descapacitaciones son regularmente deportados sin que se les proporcione un abogado. Cientos de miles de personas que no tienen antecedentes penales son arrestados y recluidos en condiciones peligrosas, los detenidos son trasladados lejos de sus abogados o encarcelados en centros de detención remotos. Además, las comunidades de inmigrantes tienen un miedo cada vez más profundo de denunciar delitos debido a la participación de los departamentos locales de policía en roles de control de inmigración.

"Es poco probable que una reforma migratoria sea comprensible o justa a menos que encare las violaciones a los derechos que existen en el sistema actual", dijo Ginatta. "Cualquier plan de reforma migratoria eficaz debe construirse pensando a largo plazo y debe garantizar los derechos básicos de todas las personas en los Estados Unidos".