(Nairobi) - El nuevo gobierno del presidente de Senegal, Macky Sall, debe abordar sin demora los prolongados problemas de derechos humanos, Human Rights Watch señaló hoy en una carta dirigida al nuevo Presidente. Sall tomó el poder el 2 de abril de 2012, después de derrotar al actual presidente, Abdoulaye Wade, el 25 de marzo en la segunda vuelta electoral.
Aunque Senegal ha evitado los golpes de estado y los abusos contra los derechos humanos que muchos de sus vecinos han enfrentado a gran escala, el país enfrenta desafíos en la promoción de la justicia y la rendición de cuentas, así como en la protección de poblaciones vulnerables o perseguidas. La carta de Human Rights Watch se centra en tres cuestiones: la necesidad de que Senegal deje de retrasar u obstaculizar los esfuerzos para llevar a Hissène Habré a juicio por las atrocidades cometidas bajo su gobierno en Chad; la explotación generalizada de al menos 50,000 jóvenes a través de la mendicidad forzada; y la protección de los derechos de las personas que se identifican como gais o lesbianas.
"Tras ganar la ronda electoral en la que se hizo una vez más evidente la fuerza de la democracia de Senegal, el presidente Sall ha prometido una nueva era", dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. "Esta nueva era debe incluir un rápido progreso en las cuestiones de derechos humanos ignoradas por el gobierno anterior".
El Caso Hissène Habré
Human Rights Watch pidió a Sall extraditar a Habré, el ex dictador de Chad, de su casa en Senegal a Bélgica para ser juzgado por las atrocidades cometidas durante su gobierno, de 1982 a 1990.
Durante 21 años, las víctimas de Habré han estado luchando para llevarlo ante la justicia, en lo que el arzobispo Desmond Tutu y 117 grupos de 25 países africanos han calificado como una "interminable telenovela política y jurídica". Estuvieron por mucho tiempo a la espera de que Habré fuese juzgado en Senegal, pero tanto las víctimas como el Gobierno de Chad ahora creen que la extradición de Habré a Bélgica es la opción más adecuada, ya que un juicio en este país se puede organizar rápidamente, antes de fallezcan los supervivientes.
Bélgica ha presentado cuatro solicitudes de extradición, de las cuales la última todavía está pendiente ante los tribunales senegaleses. Bélgica también presentó una demanda en contra de Senegal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en febrero de 2009, alegando que Senegal estaba en violación de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas al no enjuiciar o extraditar a Habré. La Corte Internacional de Justicia escuchó los argumentos del 12 al 21 marzo de 2012, y emitirá su decisión a finales de este año. El Comité de la ONU contra la Tortura ya condenó Senegal en 2006 por violar la Convención.
"El presidente Sall no debe esperar a que la Corte Internacional de Justicia determine que Senegal ha violado sus obligaciones internacionales", dijo Bekele. "Debe asegurarse de que la solicitud de extradición más reciente de Bélgica haya sido debidamente transmitida a los tribunales para que puedan rápidamente autorizar la extradición de Habré".
La explotación generalizada de los talibés
Human Rights Watch también instó al nuevo gobierno de Sall a adoptar medidas concertadas para poner fin a la explotación y el abuso de niños pequeños obligados a mendigar en las calles de Senegal.
En un informe de abril de 2010, Human Rights Watch documentó cómo al menos 50,000 talibés, o estudiantes de escuelas coránicas, la gran mayoría menores de 12 años y muchos de tan sólo 4, son obligados a mendigar en las calles de Senegal durante largas jornadas, siete días a la semana, por un morabito, o maestro, que a menudo funge también como su guardián de facto. El informe documenta abusos generalizados físicos, que incluyen palizas severas y varios casos en que los niños fueron encadenados, atados u obligados a permanecer en posiciones de estrés por tratar de huir o por no entregar la cantidad diaria requerida de su mendicidad. En muchas de las daaras, o escuelas estudiosas del Corán, que explotan a los niños, Human Rights Watch encontró que el morabito había usado poco del dinero obtenido por los menores a través de la mendicidad para satisfacer las necesidades de los niños. A menudo fueron obligados a mendigar para obtener su propia comida y atención médica y, con demasiada frecuencia, subsistían sin ellas.
Los eruditos islámicos dicen que en Senegal esta práctica de mendicidad forzada, la cual es dirigida por una minoría de morabitos, dista mucho de la práctica tradicional del país de la educación coránica.
Senegal cuenta con las leyes necesarias para proteger a los talibés de la explotación, pero el gobierno anterior carecía de la voluntad para hacerlas cumplir, dijo Human Rights Watch. En septiembre de 2010, nueve morabitos fueron condenados por obligar a niños bajo su cuidado a mendigar, en virtud de una ley de 2005 que prohíbe específicamente esta práctica. Sin embargo, un mes más tarde, el presidente Wade expresó su insatisfacción con la aplicación de la ley, y puso fin a las detenciones y procesamientos. De manera similar, en casi todos los casos, los graves abusos físicos contra los talibés han permanecido sin castigo.
"El presidente Sall debe ordenar el cumplimiento de las leyes de Senegal contra la mendicidad infantil forzada y la explotación infantil", dijo Bekele. "El Gobierno debería implementar un número mínimo de medidas que garanticen el respeto de los derechos de los niños a la educación, la salud y el desarrollo físico y mental".
Violencia y discriminación contra las poblaciones LGBT
El gobierno del presidente Sall también debe tomar medidas para proteger los derechos de las poblaciones vulnerables, dijo Human Rights Watch, incluidas las minorías sexuales en Senegal.
El informe de Human Rights Watch de 2010, “Fear for Life: Violence against Gay Men and Men Perceived as Gay in Senegal” (“Temor por la Vida: La violencia contra los hombres gay y los hombres percibidos como gay en Senegal”) encontró sistemáticas violaciones de los derechos humanos en contra de los homosexuales, incluyendo tortura y malos tratos a manos de la policía de Senegal, detenciones arbitrarias y discriminación en el acceso a la justicia. Los abusos contra lesbianas y otras minorías sexuales han sido menos documentados, pero todas las lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) sufren discriminación en Senegal.
Las autoridades senegalesas han fallado también en desalentar o sancionar la incitación a la violencia contra los gais y lesbianas, incluyendo las declaraciones públicas hechas por los líderes religiosos y políticos que han pedido el asesinato de homosexuales.
El gobierno de Senegal, dijo Human Rights Watch, tiene la obligación de proteger los derechos básicos de todos los ciudadanos, incluso de las personas LGBT. El nuevo gobierno debe de inmediato poner un alto a la violencia policial y las detenciones arbitrarias en contra de la comunidad LGBT. Debe garantizar que aquellos que inciten o participen en actos de violencia contra los homosexuales, o cualquier otra comunidad, rindan cuentas.
