Se requieren medidas contundentes para proteger a los beneficiarios
10 de Junio de 2011
Debido a la violencia continua contra las comunidades desplazadas, no será fácil implementar esta ley de manera efectiva. Es crucial que el gobierno adopte medidas rotundas para proteger a los beneficiarios de la ley frente a los brutales grupos armados que se oponen a la restitución de las tierras.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch

(Washington, D.C.) - La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras colombiana ofrece una oportunidad histórica para restablecer millones de hectáreas de tierras a colombianos que han sido expulsados de sus hogares por la violencia, señaló hoy Human Rights Watch. La implementación exitosa de la ley dependerá de la capacidad del gobierno de proteger a las comunidades desplazadas de los poderosos grupos armados que se oponen a la restitución de estas tierras.

La finalidad de la ley, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio de 2011,  es restituir tierras robadas y abandonadas a colombianos que han sido desplazados internamente, así como otorgar reparación -incluida una indemnización- a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

"Colombia hoy ha dado un paso fundamental para afrontar el legado de violencia y abuso que ha afectado a millones de ciudadanos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Americas de Human Rights Watch. "Al aprobar esta ley histórica, el Presidente Santos y el Congreso colombiano han avanzado en el reconocimiento del derecho de las personas desplazadas y de otras víctimas a obtener una reparación por los abusos que han sufrido".

En las dos últimas décadas, más de 3,7 millones de colombianos han sido desplazados forzosamente por paramilitares, guerrillas y fuerzas del Estado, y se estima que han dejado atrás 6.6 millones de hectáreas de tierras. Las comunidades desplazadas que buscan la restitución de sus tierras han sido objeto de actos reiterados de violencia, amenazas e intimidación. Cerca de 50 líderes que participaron en estas iniciativas han sido asesinados desde 2005. Ana Fabricia Córdoba, una destacada líder comunitaria de Medellín que trabajó a favor de la restitución de las tierras, fue asesinada el 7 de junio por un hombre armado no identificado. Córdoba había denunciado múltiples amenazas de muerte antes de su asesinato.

Se cree que muchos de estos ataques han sido cometidos por grupos sucesores de los paramilitares, que surgieron del proceso fallido de desmovilización de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos grupos, que el gobierno denomina "bandas criminales emergentes", representan actualmente la principal amenaza para los derechos humanos en Colombia. A ellos se debe el incremento del 34 por ciento en la cantidad de masacres perpetradas durante 2010 y son un factor clave detrás de los altos niveles de desplazamientos forzados que persisten.

"La violencia persistente en contra de comunidades desplazadas hará que la implementación efectiva de la ley sea un desafío importante", afirmó Vivanco. "Es crucial que el gobierno adopte medidas rotundas para proteger a los beneficiarios de la ley frente a los brutales grupos armados que se oponen a la restitución de las tierras".

En 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones". De este modo, la comunidad internacional confirmó la obligación de los Estados de proporcionar a las víctimas recursos eficaces, lo cual incluye una reparación, y que los Estados deben mostrar pleno respeto por otros principios y derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos al cumplir sus obligaciones.

Una potencial falla de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es la falta de claridad sobre si se aplicará a las personas desplazadas por los grupos sucesores de los paramilitares, cuyas víctimas también tienen el derecho a obtener reparaciones, expresó Human Rights Watch.

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