(Nueva York) – Colombia es el centésimo país en ratificar la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, un paso simbólico para lograr el respeto universal de los derechos de los más de 670 millones de personas que viven con alguna discapacidad en todo el mundo, señaló hoy Human Rights Watch. Colombia ratificó el tratado el 10 de mayo de 2011.
Con la ratificación de 100 países, la convención alcanza esta meta a sólo tres años de la entrada en vigor del tratado. Su rápida ratificación sólo ha sido superada por la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, Human Rights Watch advirtió que la ratificación por sí sola no es suficiente y debe de ir acompañada por la implementación formal y práctica de reformas nacionales.
“Los países deben ‘ponerle colmillos’ a la convención aprobando leyes y políticas firmes”, afirmó Shantha Rau Barriga, defensora de los derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “Los Estados deben tomar medidas sustanciales que garanticen a las personas con discapacidades una plena participación en la sociedad, sin sufrir abusos ni discriminación”.
Human Rights Watch también hizo un llamamiento a los países que han ratificado la convención a abolir leyes discriminatorias y anticuadas que ignoran o aíslan a las personas con discapacidades.
En Croacia, uno de los primeros países en ratificar el tratado, Human Rights Watch descubrió que al menos 9,000 personas con discapacidades intelectuales o mentales (aproximadamente 1 de cada 500 ciudadanos) viven en instituciones de residencia a largo plazo que les privan de su derecho a la privacidad e incluso de la oportunidad de tomar decisiones básicas que afectan sus vidas, por ejemplo, elegir su lugar de residencia. La convención estipula que los gobiernos deben respetar el derecho de las personas con discapacidades a decidir dónde y cómo desean vivir, así como el derecho a la privacidad y a la autonomía personal.
Un estudio de Human Rights Watch en Argentina, que ratificó el tratado en 2008, descubrió que las mujeres y las niñas con discapacidades a menudo no tienen acceso a servicios de salud reproductiva debido al estigma, a barreras físicas y logísticas, y a la falta de acceso a información y educación sanitarias. La Convención exige a los gobiernos que proporcionen a las personas con discapacidades acceso a información, a educación sobre reproducción y planificación familiar, y a atención sanitaria del mismo nivel y calidad que la disponible a todas las demás personas, incluida la asistencia en lo referente a sexualidad y reproducción.
En el norte de Uganda, que al igual que Colombia ha vivido conflictos armados durante más de dos décadas, Human Rights Watch descubrió que los planes del Gobierno y de las organizaciones humanitarias para la reconstrucción y el desarrollo tras los conflictos no están beneficiando a las mujeres con discapacidades. Éstas sufren altos niveles de estigma y discriminación, así como violencia de género, y además carecen de acceso a rehabilitación, a atención sanitaria para madres y a servicios de planificación familiar que se ofrecen a otras mujeres en sus comunidades.
“Las personas con discapacidades han sido miembros invisibles de nuestra sociedad – ignoradas durante demasiado tiempo”, afirmó Barriga. “La ratificación de este tratado histórico supone un paso clave hacia una sociedad más inclusiva y accesible”.
Aunque aplaude la ratificación del tratado por parte de Colombia, Human Rights Watch instó a dicho país a tomar medidas proactivas para implementar esta convención. El Tribunal Constitucional de Colombia ha reconocido de forma explícita la obligación del Gobierno de garantizar los derechos de las personas con discapacidades, que deben ser incluidas en los actuales planes de reparación. También se debe hacer cumplir su derecho dar su consentimiento, de manera libre e informada, para cualquier procedimiento médico.
“Colombia ha avanzado en la mejora de las leyes y políticas de protección de personas con discapacidad, y existen muchas organizaciones activas en este ramo”, afirmó Barriga. “Ahora Colombia tiene la oportunidad de tomar el liderazgo en materia de los derechos de personas con discapacidad garantizando que estas leyes se traduzcan en verdaderos cambios para las personas con discapacidades”.
