(Washington) - Los problemas de derechos humanos deberían ser un aspecto central de las conversaciones sobre la crisis de seguridad pública en México que mantendrá el Presidente Obama con el Presidente Felipe Calderón durante el encuentro programado entre ambos mandatarios para el 3 de marzo de 2011, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde que en 2007 Calderón movilizó al Ejército para combatir los carteles de narcotráfico en México, se ha incrementado significativamente la cantidad de muertes producto de la violencia vinculada con el narcotráfico, así como de violaciones graves de derechos humanos.
"Una de las fallas más evidentes de la estrategia de Calderón en su lucha contra los carteles de narcotráfico ha sido la falta de respuestas ante los abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Cualquier debate serio sobre las alternativas para mejorar la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México debe abordar este problema".
Se estima que más de 35.000 personas han perdido la vida en episodios de violencia vinculados al narcotráfico durante el gobierno de Calderón. Tan solo en 2010 las víctimas fueron más de 15.000.
Desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido cerca de 5.000 denuncias contra miembros del Ejército por violaciones de derechos humanos, que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales.
Pese a la magnitud de los abusos, México continúa delegando la investigación y el juzgamiento de los militares que presuntamente cometieron violaciones de derechos humanos a un sistema de justicia militar deficiente. Sin embargo, señaló Human Rights Watch, en los tribunales castrenses, la impunidad ha sido casi absoluta y un sólo soldado ha sido condenado en un caso de violaciones de derechos humanos ocurrido durante el gobierno de Calderón.
Al recurrir a los tribunales militares para juzgar estos abusos, México incumple sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en varias de sus sentencias vinculantes que México debería juzgar estos casos en el ámbito de la justicia penal ordinaria.
El gobierno de Calderón tampoco ha adoptado medidas adecuadas para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que están en riesgo, ni para investigar los ataques que han sufrido. Human Rights Watch ha documentado en reiteradas oportunidades la inacción de las autoridades federales y de los estados, que no adoptan medidas básicas como la asignación de escoltas permanentes, número telefónicos para llamar en casos de emergencia,o cámaras de seguridad para proteger a defensores amenazados en Ciudad Juárez y Tijuana.
Al menos 31 periodistas han sido asesinados en México desde 2007. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México documentó 128 casos de ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos producidos entre 2006 y mediados de 2009 en ese país, y solamente el 2 por ciento han sido investigados adecuadamente.
Calderón se ha comprometido en varias oportunidades a desarrollar un sistema que proteja a estos grupos vulnerables, pero aún no ha presentado ninguna propuesta y tampoco ha consultado a las organizaciones de la sociedad civil sobre las propuestas que estas han formulado, afirmó Human Rights Watch.
En 2007, Estados Unidos anunció la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia en materia de seguridad, de varios años de duración, destinadas a ayudar a México en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno estadounidense ha asignado a México fondos de asistencia por casi $ 1.500 millones en el marco de esta iniciativa, y el gobierno de Obama ha solicitado fondos adicionales por casi $ 300 millones en el presupuesto para 2012. Una proporción significativa de los fondos asignados a través de la Iniciativa Mérida se ha destinado a capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad de México.
"Obama debería transmitir un mensaje público claro a Calderón que las fuerzas de seguridad no pueden avasallar los derechos humanos en su intento por terminar con los carteles violentos", expresó Vivanco. "Mientras persista el silencio de Estados Unidos frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, se continuará enviando el mensaje que estos abusos son aceptables".
