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Cuba: Pese a la liberación de algunos disidentes, muchos aún permanecen en prisión

El gobierno de Raúl Castro continúa penalizando el disenso

(Washington) – Si bien la intención de liberar a un grupo de presos políticos cubanos constituye un paso positivo, el gobierno cubano debería disponer la liberación de todos los presos políticos, señaló hoy Human Rights Watch. Cuba debería además desmantelar sus leyes y prácticas autoritarias, que continúan privando a los cubanos de sus derechos más básicos, afirmó Human Rights Watch.

El Arzobispado de La Habana anunció el 7 de julio de 2010 que el gobierno cubano liberaría a cinco presos políticos con la condición de que se trasladaran a España con sus familias, y que otros 47 presos políticos detenidos en 2003 serían liberados en un plazo de entre tres y cuatro meses.

“Si bien nos sentimos aliviados por estos presos y sus familiares, la realidad es que un gran número de presos políticos encarcelados durante el gobierno de Raúl Castro continúan padeciendo la privación de su libertad”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Mientras en Cuba continúen imperando leyes draconianas y procesos judiciales que no son más que una farsa, las cárceles seguirán poblándose con nuevas generaciones de cubanos inocentes que se atrevan a ejercer sus derechos básicos”.

Entre los presos políticos que serían liberados se encuentran algunos de los 75 periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros disidentes pacíficos que fueron arrestados como parte de un operativo masivo llevado a cabo por el gobierno cubano en marzo de 2003. Todas estas 75 personas fueron juzgadas en juicios sumarios a puertas cerradas que vulneraron sus derechos más básicos de debido proceso, y recibieron penas de un promedio de 19 años de prisión.

Desde que Fidel Castro le transfirió el control del gobierno en julio de 2006, Raúl Castro ha encarcelado a una gran cantidad de presos políticos. El gobierno se ha amparado especialmente en una disposición del Código Penal de Cuba que permite a las autoridades encarcelar a las personas incluso antes de que hayan cometido un delito, con el argumento de que son “peligrosas” y pueden cometerlo en el futuro. Un informe reciente de Human Rights Watch, “Un nuevo Castro, la misma Cuba”, documentó más de 40 casos de disidentes que han sido encarcelados por “peligrosidad” durante el gobierno de Raúl Castro, y muchos otros casos de personas condenadas mediante la aplicación de leyes que penalizan la libertad de expresión y asociación.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), un respetado grupo de derechos humanos que no ha sido reconocido por el gobierno cubano, ha podido documentar 167 casos de personas que actualmente se encuentran en prisión por motivos políticos. Dado que Human Rights Watch ha documentado otros casos de personas encarceladas por “peligrosidad”, creemos que la cantidad de presos políticos es aún mayor.

En el pasado, algunos presos políticos fueron liberados como resultado de los intentos de líderes religiosos, civiles y políticos de negociar con el gobierno cubano. El Reverendo Jesse Jackson persuadió a Fidel Castro para que liberara a 26 presos políticos en 1984, y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, consiguió la liberación de 6 personas en 1995. El diálogo con Bill Richardson condujo a la liberación de tres disidentes en 1996, y la visita de Jimmy Carter en 2002 propició la liberación de otro disidente. La visita del Papa Juan Pablo II en 1998, tras la cual fueron liberados más de 80 disidentes, fue el más exitoso de todos estos intentos.

“La comunidad internacional debe presionar a Cuba para que avance más allá de la liberación esporádica de disidentes encarcelados y se proponga en cambio desmantelar las leyes, las fuerzas de seguridad y los tribunales represivos que permitieron su encarcelamiento en primer lugar”, afirmó Vivanco.

En el pasado, el gobierno cubano concedió la licencia extrapenal a diversos presos políticos en lugar de disponer su liberación de manera incondicional. Al otorgar únicamente la libertad condicional, el gobierno cubano deja abierta la posibilidad de que los disidentes sean obligados a regresar a prisión para cumplir su condena en el futuro, en una medida intimidatoria para que se abstengan de ejercer sus derechos fundamentales.

A su vez, en sucesos recientes, como durante la liberación de cuatro presos políticos en febrero de 2008, el gobierno cubano obligó a los disidentes a optar entre permanecer en prisión o ser exiliados a España, lo cual claramente vulnera sus derechos como ciudadanos cubanos. Las declaraciones públicas de quienes participaron en las negociaciones de las liberaciones previstas sugieren que los cinco primeros presos que serán liberados han debido tomar una decisión similar. Human Rights Watch recomienda que todos los presos, incluidos aquellos que forman parte del grupo de 75 personas mencionado anteriormente, sean liberados sin condiciones y que se les permita permanecer en Cuba con sus familias.

El anuncio de la próxima liberación de los prisioneros se produjo después de 134 días de huelga de hambre por parte del periodista cubano Guillermo Fariñas, quien exigía la liberación de 26 presos políticos que padecen graves problemas de salud. Fariñas comenzó su huelga de hambre el 24 de febrero, el día siguiente a que otro preso político, Orlando Zapata Tamayo, falleciera luego de una huelga de hambre de 85 días. Fariñas habría puesto fin a su huelga de hambre el 8 de julio, luego del anuncio sobre la liberación.

Las medidas del gobierno estadounidense destinadas a impulsar cambios en Cuba a través de un embargo indiscriminado han demostrado ser una decisión costosa y equivocada, señaló Human Rights Watch. El embargo ha impuesto profundas privaciones a la totalidad del pueblo cubano y no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. En lugar de aislar a Cuba, esta política ha aislado a Estados Unidos y ha logrado que Washington perdiera el apoyo de posibles aliados.

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