(Birmingham, Alabama) – Alabama y Carolina del Sur debe cambiar inmediatamente su política de segregar a los presos portadores del VIH del resto de la población carcelaria, concluyen Human Rights Watch y el Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en un informe hecho público hoy. Los presos en las unidades de designación VIH se enfrentan a estigmas, acosos y a una discriminación sistemática que equivale a trato inhumano y degradante, revela el informe.
El informe de 45 páginas, “Sentenced to Stigma: Segregation of HIV-Positive Prisoners in Alabama and South Carolina,” (Condenados al estigma: Segregación de los presos portadores del VIH en Alabama y Carolina del Sur), indica que a los presos en las unidades VIH se les obliga a llevar brazaletes u otras señales de su condición seropositiva, se les obliga a comer, y hasta a dar culto, por separado. Además, se les niega la participación equitativa en trabajos carcelarios, así como en programas y oportunidades de reinserción que facilitan la transición de vuelta a la sociedad.
“No existe justificación médica alguna, ni de ningún otro tipo, para separar a los presos portadores del VIH del resto de la población carcelaria”, señaló Megan McLemore, investigadora de salud para Human Rights Watch. “Al igual que políticas pasadas de segregación racial, la segregación de presos portadores del VIH es discriminatoria, y el daño causado se extiende más allá del periodo de encarcelamiento de la persona”.
El mes pasado, tras examinar las conclusiones de este informe, Misisipi puso fin a su arraigada política de segregación de los presos portadores del VIH, lo cual deja a Alabama y a Carolina del Sur como únicos estados de EE UU que segregan a los presos portadores del VIH. Carolina del Sur es el único estado de del país que prohíbe a los presos portadores del VIH la participación en programas laborales para la puesta en libertad.
El informe resalta el sufrimiento mental de los presos obligados a revelar su condición seropositiva. En muchos casos, otros reclusos envían la noticia a las comunidades de procedencia de estos presos, dando lugar a cartas angustiadas de familiares que ignoraban su condición.
“La divulgación involuntaria de la condición seropositiva de cualquier persona puede resultar devastadora”, afirma Margaret Winter, directora asociada del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. “Pero en el ambiente cerrado de una cárcel las consecuencias pueden llegar a ser especialmente severas, sobre todo si los responsables de la prisión imponen una política de segregación que no hace más que exacerbar los prejuicios contra los portadores del VIH”.
Funcionarios de Alabama y Carolina del Sur sostienen que la segregación es necesaria para suministrar atención médica y prevenir la transmisión del VIH. Pero existen otras maneras de cumplir estos objetivos sin privar de sus derechos a los presos portadores del HIV, señalaron Human Rights Watch y la ACLU. Los 48 estados restantes y la Oficina Federal de Prisiones suministran atención médica para el VIH sin recurrir a la segregación.
A los presos portadores del VIH segregados del resto de la población carcelaria se les niegan de forma rutinaria oportunidades que podrían acortar sus estancias en prisión y ayudarles en su transición a la sociedad, reveló el informe. Por ejemplo, en Alabama, los presos portadores del VIH no son elegibles para vivir en residencias organizadas según “la fe” o “el honor”, para tratamientos para la drogadicción, y para programas previos a la puesta en libertad vinculados a grupos de apoyo en la comunidad.
En Carolina del Sur no se permite a los presos portadores del VIH trabajar en la residencia del director de la prisión, unirse al grupo de seguridad de los “sabuesos” (bloodhound), ni hacer méritos para conseguir un estatus de “fiable” – trabajos de élite que se consiguen gracias al buen comportamiento y son bien vistos por la directiva que concede la libertad condicional. Solo por ser seropositivos, hasta los presos con penas de apenas 90 días deben cumplirlas en la prisión de máxima seguridad de Broad River, un establecimiento penitenciario más violento y costoso que además alberga a los condenados a muerte.
La Organización Mundial de la Salud, la Comisión Nacional sobre Atención Médica en Instituciones Correccionales y otros expertos coinciden en que no existe fundamento médico alguno para segregar a los presos portadores del VIH en los correccionales o para limitar su acceso al empleo, a la educación o a programas vocacionales al alcance de otros.
No obstante, y según indica el informe, en Alabama y Carolina del Sur a los presos portadores del VIH se les prohíbe trabajar en la cocina, un trabajo que ayuda a los presos a conseguir empleo tras su regreso a la sociedad, y que, en Carolina del Sur, otorga puntos de “buen tiempo” adicionales con vistas a una puesta en libertad temprana. Funcionarios de Alabama señalaron a Human Rights Watch y a la ACLU que prohíben a todos los presos portadores del VIH, así como a los presos abiertamente homosexuales, trabajar en la cocina, basándose en un “sondeo” de las actitudes entre los presos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE UU afirman que no existe fundamento médico alguno para excluir a las personas portadoras del VIH del trabajo en cocinas u otras áreas de la industria alimentaria.
“Segregar a los presos portadores del VIH infunde a otros presos, al personal, e incluso a la comunidad la idea de que el estigma y la discriminación son admisibles”, afirmó McLemore. “La segregación también es una mala política pública cuando a los presos se les niegan oportunidades que les ayudarán a convertirse en ciudadanos productivos tras su puesta en libertad”.
