El gobierno debe llevar a los agresores ante la justicia y prohibir la discriminación
29 de Mayo de 2009
“La policía tiene la obligación de proteger a las personas y de investigar los hechos de violencia, sin importar quiénes sean las víctimas. El Estado hondureño está fallando de manera lamentable en esta cuestión fundamental en materia de derechos humanos.”
Juliana Cano Nieto, investigadora del Programa por los Derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT) de Human Rights Watch

(San Pedro Sula) - Honduras debe actuar para terminar con una epidemia de violencia contra las personas transgénero investigando los hechos, llevando a los responsables ante la justicia y condenándolos, afirmó Human Rights Watch en un informe dado a conocer hoy. La organización también exhortó a las autoridades hondureñas a derogar disposiciones legales sobre "moral pública" y "escándalo público" que otorgan un poder excesivo a la policía y permiten los abusos.

El informe de 45 páginas titulado "No vales un centavo: Abusos de derechos humanos en contra de las personas transgénero en Honduras" describe en detalle abusos por identidad y expresión de género incluyendo violaciones, golpizas, extorsiones y detenciones arbitrarias perpetrados por funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes. También documenta la falta de acción policial y la recurrente falta de investigación de los hechos de violencia contra personas transgénero. Por lo menos 17 travestis (como se denomina a muchas personas transgénero) han sido asesinadas en lugares públicos de Honduras desde 2004. Ninguno de esos asesinatos ha dado lugar a un juicio o a una condena.

"La policía tiene la obligación de proteger a las personas y de investigar los hechos de violencia, sin importar quiénes sean las víctimas", dijo Juliana Cano Nieto, investigadora del Programa por los Derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT) de Human Rights Watch. "El Estado hondureño está fallando de manera lamentable en esta cuestión fundamental en materia de derechos humanos".

La violencia contra las personas transgénero es una constante en Honduras, y esas agresiones raramente son investigadas o dan lugar a acciones judiciales. El 9 de enero de 2009 agresores desconocidos dispararon y asesinaron a Cynthia Nicole, una activista líder por los derechos de las personas transgénero. No hay detenidos ni acusados por este asesinato. Más recientemente, el 7 de mayo, dos hombres desconocidos golpearon a Bárbara Paola, trabajadora comunitaria de Arcoiris, una organización LGBT con sede en Tegucigalpa. Grupos locales que trabajan por los derechos LGBT informaron a Human Rights Watch que el caso no está siendo investigado y que ninguna persona ha sido formalmente acusada ni detenida en relación a este hecho.

Basándose en entrevistas con víctimas y testigos de hechos violentos, el informe también presenta casos de violencia perpetrada por la policía en distintas ciudades hondureñas en estos últimos años. Varias personas transgénero denunciaron ante Human Rights Watch que personal policial las violaba y les extorsionaba dinero en forma regular. Una persona transgénero de 19 años de edad le describió a Human Rights Watch cómo la policía le había dado un puñetazo en la cara para luego golpearla con un bastón y romperle el palo de una escoba en la espalda antes de arrojarla a una celda en la cárcel.

El informe documenta otros casos en los que la policía permaneció inmóvil observando cómo las personas transgénero eran atacadas, y muestra cómo en otras instancias la policía no llevó adelante las investigaciones requeridas.

Con frecuencia la policía justifica sus acciones haciendo referencia al lenguaje ambiguo de la Ley de Policía y de Convivencia Social, como la necesidad de proteger la "moralidad pública" y prevenir el "escándalo público". Por ejemplo, una trabajadora comunitaria le dijo a Human Rights Watch que agentes de la policía la habían acusado de robo, golpeándole la cabeza contra la puerta de vidrio de un edificio para luego levantarle cargos por "escándalo público".

La legislación internacional de derechos humanos permite algunas acciones para proteger la moral pública, especialmente si están estipuladas en forma clara en las leyes nacionales, si se demuestra que resultan necesarias y se les aplica en forma proporcional. Sin embargo, es claro que ése no es el caso de las disposiciones de la Ley de Policía y de Convivencia Social en Honduras. Las disposiciones ambiguas en la ley permiten la violencia policial y los abusos contra las personas transgénero y también contra otras comunidades marginadas.

Pueden encontrarse leyes similares en Guatemala, algunos estados de México y algunas provincias de Argentina. Pero en otros países latinoamericanos como Colombia los tribunales han anulado leyes similares con el argumento de que dichos conceptos son demasiado generales e invitan al trato discriminatorio.

Human Rights Watch reconoció que Honduras ha dado pasos positivos al comprometerse públicamente a terminar con la violencia contra las personas por su orientación sexual o su identidad de género, en particular al apoyar la "Resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género" de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio de 2008.

Sin embargo, Human Rights Watch instó a Honduras a traducir esas declaraciones internacionales en acciones en el plano local. Honduras debe derogar las disposiciones ambiguas de la Ley de Policía y Convivencia Social y promulgar leyes específicas que prohíban la discriminación por todas las causales, incluyendo orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

El lanzamiento de este informe coincide con la reunión anual de jefes de Estado de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la que Honduras es anfitriona. El tema de la reunión de este año es "Hacia una cultura de la no violencia".

"Como anfitriona de la trigésimo novena Asamblea General, Honduras debe comunicar el mensaje de que vivir libre de violencia es un derecho humano de todas las personas", dijo Cano Nieto. "El gobierno hondureño debe comenzar por derogar las leyes nacionales que permiten la violencia".