El informe de 90 páginas, titulado “‘Llegaron al infierno’: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador”, ofrece un análisis exhaustivo del trato que recibieron estas personas en El Salvador. En marzo y abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos envió a 252 venezolanos, entre ellos, decenas de solicitantes de asilo, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, a pesar de informes creíbles sobre graves violaciones de derechos humanos en las prisiones salvadoreñas. Los venezolanos fueron objeto de devolución— el envío de personas a un lugar donde corren peligro de sufrir tortura o persecución—, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual.

El informe de 100 páginas, “‘Sientes que tu vida se acabó’: Prácticas abusivas en tres centros de detención de migrantes en Florida desde enero de 2025”, documenta las condiciones de detención en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Federal de Detención (FDC, por sus siglas en inglés) en Miami, incluyendo hacinamiento e insalubridad, tratos degradantes y falta de acceso atención médica adecuada y de urgencia. Las organizaciones también documentaron la experiencia de 17 migrantes detenidos en los tres centros de detención desde el 20 de enero.

El informe de 44 páginas, “Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”, detalla cómo leyes y decisiones recientes adoptadas por el Congreso han obstaculizado investigaciones criminales, debilitado instituciones clave y revertido avances en la protección ambiental. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte a menudo ha posibilitado esta agenda y ha recurrido a la declaración de “estados de emergencia”, que suspenden derechos constitucionales, como su principal estrategia de seguridad.

El informe de 92 páginas, “‘Sin agua, no somos nada’: Por qué Guatemala necesita una ley de aguas”, documenta las graves limitaciones en el acceso al agua y saneamiento en el país, que tienen impactos desproporcionados sobre comunidades indígenas, en particular sobre mujeres y niñas. También analiza las consecuencias de la falta de agua para el derecho a la salud, especialmente en la infancia, en un contexto en el que casi uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años enfrenta desnutrición crónica.

El informe de 73 páginas, “‘La estrategia es doblegarnos’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Costa Rica”, documenta las expulsiones de Estados Unidos, que se produjeron después de que el gobierno estadounidense retuviera a migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de detención abusivas—a veces durante semanas—mientras les negaba sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y les trasmitieron mensajes contradictorios sobre su futuro.

El informe de 104 páginas, “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela”, documenta las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores. El informe vincula a las autoridades venezolanas y a grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, con abusos generalizados de derechos humanos. Estos abusos incluyen asesinatos de manifestantes y transeúntes, desapariciones forzadas de miembros de la oposición y de ciudadanos extranjeros, detenciones y procesos penales arbitrarios contra adolescentes y otras personas, y torturas y malos tratos a personas detenidas.