Migrantes y solicitantes de asilo detenidos describen las torturas y otros abusos que sufrieron durante su detención
23 de Junio de 2014
Los detenidos nos contaron cómo guardias varones desnudaban a mujeres y niñas para registrarlas y atacaban brutalmente a hombres y niños. Puede que la situación política en Libia sea complicada, pero el gobierno no tiene ninguna excusa para la tortura y otras formas de violencia deplorables a manos de guardias en estos centros de detención.
Gerry Simpson, investigador sénior sobre temas de refugiados

(Trípoli) – Guardias en centros de detención de migrantes bajo control del gobierno libio han torturado y sometido a migrantes y solicitantes de asilo a toda clase de abuso, incluyendo severas palizas, latigazos y descargas eléctricas, señaló hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch ha publicado los resultados preliminares de su investigación de abril de 2014 en el país, que incluyó entrevistas con 138 detenidos, de los cuales, casi 100 denunciaron que fueron torturados o víctimas de otros abusos. Los presuntos abusos, el hacinamiento masivo, las deplorables condiciones sanitarias y la falta de acceso a atención médica adecuada en ocho de los nueve centros que visitó Human Rights Watch violan las obligaciones contraídas por Libia de no participar en la tortura ni en tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Los detenidos nos contaron cómo guardias varones desnudaban a mujeres y niñas para registrarlas y atacaban brutalmente a hombres y niños”, señala Gerry Simpson, investigador sénior sobre temas de refugiados de Human Rights Watch. “Puede que la situación política en Libia sea complicada, pero el gobierno no tiene ninguna excusa para la tortura y otras formas de violencia deplorables a manos de guardias en estos centros de detención”.

La guardia costera de Libia, que recibe el apoyo de la Unión Europea (UE) e Italia, intercepta o rescata a cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo cada semana, conforme se dirigen a Italia en barcos de contrabandistas, y los detiene en espera de la deportación, junto con otros miles de apresados en Libia por entrar al país sin permiso o por quedarse allí sin documentos de residencia válidos.

Tanto la UE como Italia también asisten a los centros de detención de Libia mediante la rehabilitación de algunos centros y la financiación de organizaciones no gubernamentales internacionales y libias que proveen asistencia allí. La UE e Italia se han comprometido a otorgar al menos 12 millones de euros a los centros en los próximos cuatro años.

La UE e Italia deberían suspender toda su asistencia a los centros, que son operados por el Ministerio del Interior, hasta que el Ministerio se comprometa a investigar los abusos y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hayan verificado de forma independiente que los abusos se han erradicado, dijo Human Rights Watch.

Si los abusos fueran eliminados, la UE e Italia también deberían buscar un acuerdo con el Ministerio del Interior sobre cómo se utilizarían futuras ayudas para que las condiciones de detención se ajusten a las normas internacionales mínimas para fines de 2014. En caso de no cumplirse este plazo, toda la ayuda a los centros que no cumplan con los estándares debería ser suspendida.

Las revelaciones de abusos se acumulan conforme el número de migrantes y solicitantes de asilo que emprenden la peligrosa travesía marítima de Libia a la UE se encamina a alcanzar niveles récord en 2014. La Marina italiana ha estado dirigiendo una operación de rescate a gran escala, conocida como Mare Nostrum, desde octubre de 2013, gracias a la cual ha rescatado a miles de solicitantes de asilo y migrantes de embarcaciones no aptas para la navegación. El 17 de junio, el ministro de Defensa de Italia dijo que en la cumbre de la UE del 26 al 27 de junio, Italia solicitará a la agencia fronteriza de la UE, Frontex, que se haga cargo de la operación.

Niveles récord de migrantes y solicitantes de asilo han llegado recientemente a Italia desde Libia. En los primeros cuatro meses de 2014, aproximadamente 42.000 personas desembarcaron en Italia, de las cuales unas 27.000 procedían de Libia, según la agencia fronteriza de la UE Frontex. El número más alto jamás registrado de llegadas en barco a Italia y Malta en un año. En 2011 la cifra fue de casi 60.000 personas, según Frontex.

Human Rights Watch visitó nueve de los 19 centros de detención de migrantes administrados por el Departamento para Combatir la Inmigración Ilegal (DCIM) del Ministerio del Interior de Libia. En ocho de los centros, 93 de los detenidos, entre ellos varios niños de apenas de 14 años, describieron cómo los guardias los agredían con regularidad a ellos y a otros detenidos.

Los detenidos describieron cómo los guardias los golpearon con barras de hierro, palos y culatas de fusiles, y los azotaron con cables, mangueras y látigos de goma hechos de neumáticos y tubos de plástico, a veces durante largos períodos de tiempo, en las plantas de los pies. También contaron que los guardias les quemaron con cigarrillos, les dieron patadas y puñetazos en el torso y la cabeza y les aplicaron descargas eléctricas. En un centro, cinco detenidos dijeron que los guardias los colgaron boca abajo de un árbol y luego los azotaron.

Tanto hombres como mujeres describieron cómo, a su llegada al centro, fueron desnudados y registrados por guardias varones y sometidos a registros corporales invasivos, incluso en las cavidades corporales. Detenidos en cuatro centros dijeron que los guardias amenazaron con dispararles o abrieron fuego por encima de sus cabezas. Otros también describieron todo tipo de abuso verbal de los guardias, incluyendo comentarios raciales, amenazas e insultos frecuentes.

La violencia persistente de los guardias que trabajan en los centros de detención, al menos nominalmente bajo el control del gobierno, incumple las obligaciones internacionales de Libia de proteger a todo el mundo en su territorio contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional está articulado tanto en la Convención contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), tratados vinculantes para Libia. Bajo ambos tratados, la tortura comprende la imposición intencional de dolor severo o sufrimiento por un funcionario público con fines tales como la intimidación y la coacción. El relator especial sobre la tortura, así como el Comité de Derechos Humanos, consideran la administración de descargas eléctricas y las palizas como una forma de tortura.

Ninguno de los detenidos entrevistados por Human Rights Watch dijo que fue llevado a un tribunal o tuvo la oportunidad de impugnar la decisión de su detención y deportación. La detención prolongada sin acceso a revisión judicial constituye una detención arbitraria y está prohibida bajo el derecho internacional.

“En centro tras centro, los detenidos hacían fila para hablar sobre el miedo constante en el que viven, preguntándose cuándo será la próxima ronda de golpes o azotes”, señala Simpson. “Las autoridades han hecho la vista gorda ante estos terribles abusos y han creado una cultura de total impunidad ante los abusos contra los migrantes y solicitantes de asilo”.

Human Rights Watch también documentó un grave hacinamiento en los nueve centros que visitó y lamentables condiciones sanitarias en ocho. En algunos centros, investigadores de Human Rights Watch vieron cómo había hasta 60 hombres y niños hacinados en espacios de apenas 30 metros cuadrados. En otros, había cientos de detenidos que al no caber en las habitaciones deambulaban por estrechos pasillos, en algunos casos inundados por baños bloqueados y desbordados, para aprovechar cada centímetro de espacio.

Los detenidos que necesitaban tratamiento médico dijeron que los guardias se negaban a trasladarlos a un hospital o clínica, y que no recibieron una atención adecuada en el centro de detención. Algunos miembros del personal de los centros de detención reconocieron a Human Rights Watch que no contaban con los medios suficientes para ofrecer a los detenidos, incluso a las mujeres embarazadas y los niños, atención adecuada, ni los medios suficientes para trasladarlos a los hospitales para que recibieran allí atención especializada.

“La UE y otros donantes deberían dejar claro a las autoridades libias que no van a seguir apoyando a centros de detención donde los guardias abusan de los migrantes y solicitantes de asilo con total impunidad”, dijo Simpson. “Los donantes deben insistir en que los abusos tienen que terminar y que es imprescindible que las condiciones mejoren para que la ayuda siga fluyendo”.

Human Rights Watch publicará un informe completo sobre sus hallazgos referentes a las condiciones y los abusos en los centros de detención.

Para más detalles sobre los hallazgos preliminares de Human Rights Watch, incluyendo testimonios de detenidos y recomendaciones al Ministerio del Interior de Libia y a los donantes, por favor siga leyendo más abajo.

Recomendaciones
El Departamento para Combatir la Inmigración Ilegal del Ministerio del Interior de Libia debería cerrar  de inmediato los centros de detención de Soroman y Tomena. De los nueve centros visitados, los que se encuentran detenidos allí afrontan la violencia más grave y las condiciones más severas, debido en gran parte al estado de deterioro y el tamaño limitado de los edificios, además del hacinamiento masivo. Las autoridades deberían transferir a los que están allí detenidos a otros centros, como el centro de detención de migrantes de Abu Saleem (diferente de la prisión de Abu Salim) en Trípoli, que tiene mucho más espacio.

En consonancia con sus obligaciones jurídicas internacionales relativas a todos los solicitantes de asilo y migrantes detenidos en Libia, las autoridades deberían sacar de Libia sin demora a todos los detenidos si se descubre que han estado en el país ilegalmente, o ponerlos en libertad si desean presentar solicitudes de asilo ante la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR.

El gobierno debería anunciar que los guardias tienen expresamente prohibido el uso de la violencia contra los detenidos, dar instrucciones a los guardias sobre cómo llevar a cabo registros de los detenidos, incluyendo el uso de guardias mujeres para registrar a mujeres detenidas siempre que sea posible, y suspender y sancionar a aquellos que incurran en la violencia.

También debería trabajar con la UE, Italia y los organismos internacionales que trabajan en los centros - incluyendo la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) - para determinar qué ayuda necesitan las autoridades para conseguir que los centros cumplan con las normas básicas de detención bajo las Reglas mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos.

Esto requiere, entre otras cosas, un límite al número de personas detenidas en una habitación, en función de su tamaño, condiciones apropiadas para dormir, instalaciones adecuadas para la higiene personal, ropa y ropa de cama, una alimentación adecuada y el acceso a servicios médicos.

La UE e Italia deberían suspender inmediatamente toda la ayuda a los centros hasta que quede claro que el abuso ha terminado. Para lograrlo, el Ministerio del Interior tiene que tomar una serie de medidas, incluyendo la investigación de los abusos, el procesamiento de quienes resulten responsables y el acuerdo sobre un mecanismo de seguimiento. En el marco del mecanismo de seguimiento, la Misión de las Naciones Unidas y ACNUR deberían tener acceso sin restricciones a todos los centros oficiales de detención de migrantes y deberían informar públicamente sobre si el abuso se ha erradicado.

La UE e Italia también deberían informar al Ministerio del Interior que van a suspender toda la ayuda adicional para cualquier centro de detención que no cumpla con los estándares mínimos de detención para finales de 2014.

Visitas de Human Rights Watch a centros de detención
A mediados de abril, el Departamento para Combatir la Inmigración Ilegal dio a Human Rights Watch acceso ilimitado a los 19 centros oficiales de detención de migrantes en Libia y permitió que sus investigadores hablaran confidencialmente con los detenidos. La agencia dice que los centros albergan entre 1.000 y 6.000 personas en un momento dado, en función del número de personas detenidas, liberadas y deportadas.

Human Rights Watch visitó nueve de los centros –dos para mujeres, niñas y niños pequeños y siete para hombres y chicos de más edad— y habló con 138 detenidos acerca de los problemas que afrontan durante la detención. En ocho de los centros –Burshada y al-Hamra, cerca de Gharayan; Al Khums, 100 kilómetros al este de Trípoli; Zliten y Tomena, cerca de Misrata; abu-Saleem y Tuweisha en Trípoli; y Soroman, 60 kilómetros al oeste de Trípoli—  los detenidos describieron graves abusos cometidos por los guardias. Algunas entrevistas se llevaron a cabo en grupos y otras en privado y de manera confidencial.

Las estructuras utilizadas para detener a los migrantes incluyen contenedores de transporte, antiguos centros veterinarios y oficinas gubernamentales no utilizadas, y no son adecuadas como lugares para detener a la gente, incluso para períodos breves. Decenas de detenidos dijeron a Human Rights Watch que habían pasado meses confinados 24 horas al día en las habitaciones y los contenedores.

Cuando Human Rights Watch analizó sus conclusiones sobre los abusos en los centros de detención de migrantes el 29 de abril con funcionarios del departamento de inmigración, estos dijeron que ninguna otra organización había planteado este tipo de abusos a los funcionarios. Pero ACNUR dijo a Human Rights Watch que algunas veces había manifestado su preocupación a las autoridades por algunos guardias violentos. Dijo que desde marzo de 2013, el Ministerio del Interior había prohibido a las organizaciones que trabajaban con regularidad en los centros que llevaran a cabo entrevistas privadas con los detenidos, algo que el Ministerio del Interior confirmó a Human Rights Watch, pero que algunos directores y guardias siguieron permitiendo que el personal de ACNUR realizara este tipo de entrevistas.

En un informe de junio de 2013, Amnistía Internacional documentó casos de violencia por parte de guardias en tres centros de detención de migrantes, uno en la ciudad de Sabha y dos en lugares no especificados. Funcionarios del Departamento de Migración dijeron a Human Rights Watch que no habían leído el informe de Amnistía Internacional.

Detenciones y políticas de deportación de Libia
Libia ha atraído durante mucho tiempo a migrantes y solicitantes de asilo que desean trabajar en Libia o que buscan encontrar trabajo y protección en Europa. En abril de 2014, el Ministerio de Trabajo de Libia dijo a Human Rights Watch que estimaba que había hasta tres millones de inmigrantes indocumentados en el país.

En mayo de 2013, la UE estableció la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM) en Libia para “apoyar a las autoridades libias en la mejora y el desarrollo de la seguridad de las fronteras del país”.

Un funcionario de la EUBAM en Libia dijo a Human Rights Watch que su trabajo incluía la capacitación de la guardia costera de Libia en las técnicas de gestión de control de fronteras. La embajada de Italia en Libia también dijo a Human Rights Watch que Italia ayudaba a la guardia costera de Libia en términos logísticos, incluida la financiación para la reparación de barcos patrulla.

Cuando detiene a extranjeros indocumentados, Libia no distingue entre aquellos que buscan trabajo en Libia o en la UE, y los solicitantes de asilo que huyen de la persecución y otros abusos en sus países. Libia no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y no tiene una ley de asilo ni procedimientos propios. ACNUR en Libia no tiene un Memorando de Entendimiento oficial que rija su presencia y operaciones en el país. Libia ha ratificado la Convención por la que se regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África.

Las autoridades libias dijeron a Human Rights Watch que no deportan a ciudadanos eritreos y somalíes a sus países, en reconocimiento de las numerosas violaciones de derechos humanos generalizadas en Eritrea y el conflicto en Somalia. Sin embargo, los detenidos eritreos y somalíes que no se benefician de otros procedimientos de liberación informales languidecen durante meses –y a veces durante más de un año— en detención, según funcionarios de migración de Libia, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones.

Aunque ACNUR registra a algunos solicitantes de asilo que viven en las zonas urbanas de Libia, las autoridades paralizaron en junio de 2013 todos los registros de los solicitantes de asilo detenidos, informó ACNUR a Human Rights Watch. Las autoridades libias deberían permitir de inmediato que ACNUR reanude su registro de cualquier persona que desee solicitar asilo en Libia y poner fin a su prolongada detención automática de solicitantes de asilo.

Las Directrices de Detención de ACNUR, basadas en el derecho internacional, dicen que las autoridades gubernamentales deberían detener a los solicitantes de asilo sólo “como último recurso”, como una medida estrictamente necesaria y proporcionada para alcanzar un propósito legítimo y legal y que no deberían detener a solicitantes de asilo simplemente con el fin de deportarlos. La detención está permitida sólo brevemente para establecer la identidad de una persona, o por períodos más largos si es la única manera de lograr objetivos más amplios, como la protección de la seguridad nacional o la salud pública.

Libia es también parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que los niños sólo serán internados “como una medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. El comité de la ONU que interpreta la Convención dice que los niños no deben ser criminalizados por motivos relacionados con su estatus migratorio o entrada ilegal, y que los países no deberían detener a ningún niño en función de su estatus migratorio.

Funcionarios libios de la agencia de migración estuvieron de acuerdo con Human Rights Watch en que los migrantes y los solicitantes de asilo expulsados de Libia podían fácilmente volver a entrar cruzando su frontera abierta de 1.000 kilómetros en el sur del país, algo que muchos detenidos también señalaron durante las entrevistas.

Testimonios de abuso durante la detención
Los guardias aquí son muy violentos. En noviembre [de 2013], algunas personas trataron de escapar. Fueron atrapados. Luego castigaron a todos los detenidos en uno de los contenedores [de transporte]. Vi todo lo que sucedió. Se los llevaron afuera, los despojaron de sus camisas, arrojaron agua sobre todos ellos y luego los azotaron con látigos de goma en la espalda y la cabeza durante una media hora. Todos estaban vomitando a causa del dolor. Otras veces los guardias dicen que les van a disparar si no ponen sus pies a través de las barras en la parte frontal del contenedor y entonces los golpean.
- Hombre eritreo de 33 años en el centro de detención de migrantes al-Hamra, donde los detenidos permanecen recluidos en contenedores de transporte

Desde que llegué aquí [en 2014], los guardias me atacaron dos veces. Me azotaron con un cable metálico y me pegaron y golpearon por todo el cuerpo. También vi cómo colgaron a cuatro o cinco personas boca abajo del árbol fuera de la puerta de entrada y cómo luego golpearon y azotaron sus pies y estómago. Y hace una semana [mediados de abril de 2014], los vi atacar a un egipcio que había estado aquí durante tres meses y era un enfermo mental. Le dieron patadas en la cabeza y le rompieron uno de sus dientes.
- Hombre somalí de 27 años en el centro de detención de migrantes de Tomeina

Cuando a los guardias no les gusta lo que alguien hace, entran, gritan y lo golpean con palos. Cuando llegué aquí, los guardias nos pusieron [a 23 mujeres] en una habitación, nos dijeron que nos quitáramos la ropa y luego metieron sus dedos en el interior de nuestras vaginas.
- Mujer eritrea de 21 años describe cómo los guardias del centro de detención de migrantes de Soroman la trataron a su llegada en febrero