Es necesario proteger a inmigrantes a través de la Ley sobre Violencia contra la Mujer y otras normas
16 de Mayo de 2012
La violación sexual, el manoseo y el lenguaje obsceno por parte de supervisores abusivos no deberían sumarse a las difíciles condiciones laborales que ya toleran los trabajadores agrícolas inmigrantes mientras producen los alimentos que consume el país. En vez de que se valore su aportación, los inmigrantes que trabajan en la agricultura están sujetos a un sistema inmigratorio disfuncional y leyes laborales que los excluyen de garantías básicas que a otros trabajadores raramente se niegan.
Grace Meng, investigadora del Programa de Estados Unidos y autora del informe.

(Nueva York) – Cientos de miles de mujeres y niñas inmigrantes que trabajan en el sector agrícola de Estados Unidos se enfrentan a un alto riesgo de violencia y acoso sexual en su lugar de trabajo debido a que algunas autoridades y empleadores en este país no adoptan medidas para protegerlas adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Si bien el actual proyecto legislativo del Senado estadounidense que prorroga la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) contribuiría en parte a resolver este problema y debería promulgarse, aún queda mucho más por hacer, expresó Human Rights Watch.

El informe de 95 páginas, “Cultivar el temor: La vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas inmigrantes frente a la violencia y el acoso sexual en Estados Unidos”, describe casos de violación sexual, acoso, manoseo sin consentimiento, exhibicionismo y uso de lenguaje vulgar u obsceno por parte de supervisores, empleadores y otras personas con cargos de poder. La mayoría de los trabajadores agrícolas entrevistados señalaron que ellos u otros trabajadores que conocían habían recibido este tipo de trato. Y casi todos afirmaron que no habían denunciado estos ni otros abusos por temor a represalias. Quienes habían interpuesto demandas por acoso sexual o denunciado una agresión sexual a la policía lo habían hecho a instancias y con la asistencia de defensores de víctimas o abogados, y afrontando numerosos obstáculos.



“La violación sexual, el manoseo y el lenguaje obsceno por parte de supervisores abusivos no deberían sumarse a las difíciles condiciones laborales que ya toleran los trabajadores agrícolas inmigrantes mientras producen los alimentos que consume el país”, aseveró Grace Meng, investigadora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. “En vez de que se valore su aportación, los inmigrantes que trabajan en la agricultura están sujetos a un sistema inmigratorio disfuncional y leyes laborales que los excluyen de garantías básicas que a otros trabajadores raramente se niegan”.

El informe se elaboró a partir de entrevistas realizadas a más de 160 trabajadores agrícolas, abogados, miembros de la industria agrícola, proveedores de servicios, policías y otros expertos de todo el país. Se entrevistó a más de 50 mujeres que realizan tareas relacionadas con una amplia variedad de cultivos en California, Carolina del Norte y Nueva York.

Los trabajadores agrícolas entrevistados relataron experiencias como las siguientes:

  • Una mujer de California informó que un supervisor en una empresa de producción de lechuga la había violado y le había advertido que “debía recordar que era gracias a él que [ella] tenía este empleo”.
  • Una mujer de Nueva York contó que un supervisor tenía la costumbre de tocar los pechos y el trasero de las mujeres que recolectaban papas y cebollas en el campo. Si intentaban resistirse, él amenazaba con llamar a inmigración o despedirlas.
  • Cuatro mujeres que habían trabajado juntas en un establecimiento de empaque de coliflor en California contaron que un supervisor con frecuencia les mostraba sus partes íntimas y hacía comentarios como “¡[Esa mujer] necesita que la cojan!”. Cuando intentaron defender a una joven a quien este supervisor trataba de manera particularmente abusiva, este decidió despedir a todo el grupo.

 

Según Human Rights Watch, quienes cometen abusos son plenamente conscientes del relativo poder que ejercen sobre sus víctimas, y algunos grupos parecen ser especialmente vulnerables. Entre estos se incluyen jóvenes y niñas, inmigrantes que llegaron al país recientemente, mujeres solteras y mujeres indígenas, especialmente aquellas con un dominio limitado del español o el inglés.

“Las mujeres que trabajan en el sector agrícola pueden sentirse particularmente impotentes ante supervisores o empleadores que imparten un trato abusivo, y es entendible que así sea”, indicó Meng. “Quienes cometen abusos a menudo reiteran su conducta a lo largo del tiempo, e incluso pueden persistir después de que son denunciados por los trabajadores”.

Los trabajadores agrícolas que son víctimas de abuso sexual deben superar numerosos obstáculos para conseguir justicia. Al menos el 50 por ciento de la fuerza laboral agrícola está integrada por inmigrantes no autorizados, quienes temen ser deportados si denuncian la situación.

Una trabajadora agrícola dijo a Human Rights Watch que había sido deportada antes de que culminara el proceso judicial que había iniciado por acoso sexual. Cuando otra inmigrante no autorizada, pese al temor que sentía a la policía, se atrevió a denunciar que había sido violada, consiguió que su supervisor fuera detenido. Pero en vez de ser acusado y juzgado, las autoridades lo deportaron, y la víctima luego tuvo noticias de que aparentemente este hombre tenía previsto regresar al país. Incluso la escasa proporción de trabajadores agrícolas inmigrantes que cuentan con visas de trabajo temporal se encuentran en una posición vulnerable, ya que dependen de sus empleadores para poder continuar con su situación legal y, por consiguiente, suelen ser igualmente renuentes a denunciar abusos en el lugar de trabajo.

Las pocas víctimas que sí denuncian los abusos deben seguir un procedimiento legal extenso y complejo que, en algunos casos, no está al alcance de trabajadores migrantes con bajos ingresos y un dominio limitado del inglés. Asimismo, una mayor participación de las fuerzas del orden público locales en las medidas de control de la inmigración, a través de programas como Comunidades Seguras (Secure Communities)y las leyes estatales como la SB 1070 de Arizona o la HB 56 de Alabama, han acrecentado aún más el temor a la policía y otras autoridades gubernamentales entre las comunidades de inmigrantes en zonas rurales.

El derecho estadounidense establece una garantía limitada pero importante para algunos trabajadores agrícolas inmigrantes que sobreviven a actos de violencia sexual, expresó Human Rights Watch. La visa de categoría “U” permite a víctimas de ciertos delitos graves regularizar su situación provisoriamente si han sufrido abusos físicos o psicológicos graves y si están dispuestas a colaborar con la investigación de los hechos. Por consiguiente, esta visa fomenta que inmigrantes no autorizados que han sido víctimas de delitos denuncien lo ocurrido ante la policía.

Sin embargo, incluso esta protección limitada podría ser eliminada próximamente. Mientras el Congreso debate la prórroga de la Ley sobre Violencia contra la Mujer, se han impugnado algunas disposiciones del proyecto que procuraban fortalecer la regulación de la visa U, y algunas versiones del proyecto en la Cámara de Representantes han creado obstáculos arbitrarios e irrazonables a los sobrevivientes que solicitan visas U.

“Cada día que transcurre sin que se promulgue una reforma migratoria, el Congreso permite que más mujeres que trabajan en el sector de agricultura se enfrenten a la posibilidad de abuso sexual”, aseveró Meng. “Lo mínimo que puede hacer el Congreso ahora es prorrogar la VAWA y establecer garantías más sólidas para proteger a mujeres inmigrantes”.

Si bien suponen avances importantes, las disposiciones del proyecto que reforzarían la visa U no alcanzarían para superar todos los obstáculos que enfrentan los trabajadores agrícolas al intentar acceder a vías de reparación por abuso sexual, señaló Human Rights Watch. Para solicitar la visa U, la víctima debe obtener una certificación donde se indique que ha cooperado con la investigación de las autoridades de aplicación de la ley. Sin embargo, los funcionarios encargados de la aplicación de la ley no siempre se muestran igualmente predispuestos a extender estos certificados a las víctimas, debido a la creencia equivocada de que estarían ayudando a inmigrantes no autorizados a “conseguir tarjetas verdes (green cards)”.

Los trabajadores agrícolas también se ven excluidos de garantías básicas contenidas en las leyes que se aplican a casi todos los demás trabajadores en Estados Unidos, incluida la prohibición contra el trabajo infantil y la protección del derecho a la negociación colectiva. Las leyes que sí están vigentes no se cumplen adecuadamente y muchos trabajadores que dialogaron con Human Rights Watch informaron haber sufrido o presenciado otros abusos en el lugar de trabajo, como retención de salarios, exposición a plaguicidas y trabajo infantil. En un entorno de esta naturaleza, es poco probable que los trabajadores agrícolas confíen en la capacidad de los empleadores y las autoridades de rectificar los abusos, incluidos los de tipo sexual.

Por último, al igual que otras víctimas de agresiones sexuales en Estados Unidos, los trabajadores agrícolas que sobreviven a estos abusos a menudo deben tratar con organismos de aplicación de la ley que no investigan enérgicamente las denuncias.

Tanto el derecho internacional como la legislación de Estados Unidos reconocen que todos los trabajadores, incluso aquellos que son inmigrantes no autorizados, tienen derecho a las mismas protecciones en el lugar de trabajo que los trabajadores estadounidenses. La finalidad de estas disposiciones es reducir al mínimo los incentivos para contratar a una fuerza laboral que pueda ser explotada fácilmente.

Human Rights Watch insta al gobierno y a los empleadores de Estados Unidos a adoptar las siguientes medidas clave para garantizar condiciones de trabajo más seguras a los trabajadores agrícolas inmigrantes, incluidos los no autorizados:

Al Congreso de Estados Unidos

  • Aprobar la versión del Senado del proyecto que propone prorrogar la Ley sobre Violencia contra la Mujer (VAWA) (S. 1952) o una norma similar que prevea fondos y atención específicos para las víctimas de agresiones sexuales, incluidas protecciones más rigurosas para mujeres y niñas inmigrantes que trabajan en el sector agrícola.
  • Promulgar leyes sobre inmigración que reduzcan la incidencia de las violaciones graves de derechos de los trabajadores inmigrantes, incluida la reforma del programa actual para trabajadores temporales extranjeros del sector agrícola y la puesta en marcha de un programa de legalización adquirida que permita a los trabajadores agrícolas no autorizados que ya se encuentran en Estados Unidos regularizar su situación.
  • Eliminar la exclusión por la cual los trabajadores agrícolas quedan fuera del espectro de las normas laborales sobre protección más importantes, como la Ley Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act) y la Ley de Normas Razonables de Trabajo (Fair Labor Standards Act).

 

Al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos:

  • Dejar sin efecto los programas tales como Comunidades Seguras (Secure Communities), que exigen o fomentan la aplicación de las leyes federales sobre inmigración por policías locales.

 

A la Policía y los alguaciles:

  • Investigar enérgicamente todas las denuncias de violencia sexual efectuadas por inmigrantes, independientemente de cuál sea su situación inmigratoria.
  • Asegurar a los inmigrantes no autorizados que las personas que denuncien delitos no serán puestas a disposición de las autoridades inmigratorias.

 

A los empleadores del sector agrícola:

  • Adoptar y hacer cumplir políticas claras que prohíban el acoso sexual.