Ejecuciones, destrucción de propiedad y detenciones arbitrarias
2 de Mayo de 2012
Mientras los diplomáticos discutían los detalles del plan de paz de Annan, los tanques y los helicópteros sirios atacaban un municipio tras otro en Idlib. En todos los lugares que visitamos, vimos casas, comercios y automóviles calcinados y destruidos, y escuchamos relatos de personas cuyos familiares fueron asesinados. Parecía que las fuerzas del Gobierno sirio habían aprovechado hasta el último minuto antes del alto el fuego para causar daño.
Anna Neistat, subdirectora de programas y emergencias

(Nueva York) – Las fuerzas del Gobierno sirio mataron al menos a 95 civiles e incendiaron o destruyeron cientos de casas durante una ofensiva de dos semanas en la provincia norteña de Idlib, poco antes del alto el fuego, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Los ataques se produjeron a finales de marzo y principios de abril, cuando el enviado especial de las Naciones Unidas, Kofi Annan, estaba negociando el cese de los combates con el Gobierno sirio.

El informe de 38 páginas, “‘They Burned My Heart’: War Crimes in Northern Idlib during Peace Plan Negotiations” (“‘Me quemaron el corazón’: Crímenes de guerra en Idlib durante las negociaciones del plan de paz”), documenta docenas de episodios de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de civiles y destrucción de propiedades civiles que constituyen crímenes de guerra, así como detenciones arbitrarias y torturas. El informe se basa en la investigación sobre el terreno realizada por Human Rights Watch en los municipios de Taftanaz, Saraqeb, Sarmeen, Kelly y Hazano, de la provincia de Idlib, a finales de abril.

“Mientras los diplomáticos discutían los detalles del plan de paz de Annan, los tanques y los helicópteros sirios atacaban un municipio tras otro en Idlib”, dijo Anna Neistat, subdirectora de programas y emergencias de Human Rights Watch. “En todos los lugares que visitamos, vimos casas, comercios y automóviles calcinados y destruidos, y escuchamos relatos de personas cuyos familiares fueron asesinados. Parecía que las fuerzas del Gobierno sirio habían aprovechado hasta el último minuto antes del alto el fuego para causar daño”.

Human Rights Watch documentó operaciones militares a gran escala emprendidas por las fuerzas gubernamentales entre el 22 de marzo y el 6 de abril de 2012, contra bastiones de la oposición en la provincia de Idlib, que causaron la muerte de al menos 95 civiles. En cada uno de los ataques, las fuerzas de seguridad gubernamentales emplearon numerosos tanques y helicópteros, y después ocuparon los municipios y permanecieron en ellos entre uno y tres días antes de proceder al siguiente municipio. El grafiti dejado por los soldados en todos los municipios afectados indican que la 76ª Brigada Acorazada lideró la operación militar.

En nueve incidentes diferentes documentados por Human Rights Watch, las fuerzas gubernamentales ejecutaron a 35 civiles que estaban bajo su custodia. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar el 3 y 4 de abril durante el ataque contra Taftanaz, un municipio de unos 15,000 habitantes al noreste de la provincia de Idlib.

Un superviviente de la ejecución por las fuerzas de seguridad de 19 miembros de la familia Ghazal en Taftanaz describió a Human Rights el momento cuando encontró los cuerpos de sus familiares:

Primero encontramos cinco cuerpos en un pequeño comercio cercano a la casa. Estaban casi totalmente calcinados. Pudimos identificarlos por los pocos trozos de ropa que les quedaban. A continuación entramos en la casa y encontramos nueve cuerpos en el suelo de una de las habitaciones, cerca de la pared. Había mucha sangre en el suelo. En la pared, había una fila de impactos de bala. Los nueve hombres tenían heridas de bala en la espalda, y algunos en la cabeza. No tenían las manos atadas, aunque las tenían detrás de la espalda.

Los investigadores de Human Rights Watch pudieron observar los impactos de bala en la pared que formaban una fila a unos 50-60 centímetros del suelo. Dos de los ejecutados eran menores de 18 años.

En varios otros casos documentados por Human Rights Watch, las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra civiles que intentaban huir de los ataques y terminaron muertos o heridos. Las circunstancias de estos casos indican que las fuerzas gubernamentales no distinguieron entre civiles y combatientes y no tomaron las medidas preventivas necesarias para proteger a la población civil. Las fuerzas gubernamentales no advirtieron a la población civil de los ataques. Por ejemplo, Ali Ma’assos, de 76 años de edad, y su esposa Badrah, de 66 años, fueron asesinados por fuego de ametralladora poco después de que el ejército lanzara su ataque contra Taftanaz en la mañana del 3 de abril, cuando intentaban huir del municipio en una camioneta pickup con más de una quincena de amigos y familiares.

Cuando entraron en los municipios las fuerzas gubernamentales y las shabeeha (milicias pro gubernamentales) también incendiaron y destruyeron un gran número de casas, comercios, automóviles, tractores y otras propiedades. Los activistas locales han registrado el incendio y la destrucción parcial o completa de cientos de casas y comercios. Por ejemplo, en Sarmeen, los activistas locales han registrado la quema de 437 habitaciones y 16 comercios, y la destrucción completa de 22 casas. En Taftanaz, los activistas dijeron que se habían quemado parcial o completamente aproximadamente 500 casas y que los disparos de los tanques u otras explosiones habían destruido parcial o totalmente 150 casas. Human Rights Watch examinó muchas de las casas incendiadas o destruidas en los municipios afectados.

En la mayoría de los casos, el incendio y la destrucción parecían ser producto de actos deliberados. La mayoría de las casas que se quemaron no mostraban daños externos, salvo cuando existía la posibilidad de que las bombas hubieran provocado el fuego. Además, muchas de las casas en ruinas estaban totalmente destruidas, en contraste con las que habían sido impactadas aparentemente por proyectiles de tanques, que tenían daños parciales.

Durante las operaciones militares, las fuerzas de seguridad también detuvieron arbitrariamente a docenas de personas, a las que retuvieron sin ninguna justificación legal. Hasta la fecha, alrededor de dos tercios de los arrestados siguen recluidos, a pesar de las promesas del gobierno del presidente Bashar al-Assad de poner en libertad a los presos políticos. En la mayoría de los casos, se sigue sin conocer el destino y el paradero de los detenidos, lo que genera el temor de que hayan sido víctimas de desapariciones forzadas. Algunos de los que han sido puestos en libertad, muchos de ellos ancianos o discapacitados, dijeron a Human Rights Watch que, durante su detención en varias dependencias de los mukhabarat (agencias de inteligencia) en la provincia de Idlib, habían sido víctimas de tortura y malos tratos.

Combatientes de la oposición estuvieron presentes en todos los municipios antes de los ataques, y en algunos casos intentaron impedir la entrada del ejército . Según los residentes locales, en la mayoría de los casos, los combatientes de la oposición se retiraron rápidamente cuando se dieron cuenta de que el ejército los superaba con creces en número y no tenían medios para resistirse a los tanques y la artillería. En otros municipios, los combatientes de la oposición se fueron sin ofrecer ninguna resistencia; lo que, según los residentes, hicieron para evitar poner en peligro a la población civil.

Teniendo en cuenta la intensidad de los combates y el nivel de organización de ambos bandos, entre ellos la oposición armada que ordenó y ejecutó las retiradas, los combates en Idlib alcanzaron aparentemente el nivel de un conflicto armado de acuerdo con el derecho internacional. Esto significaría que se puede aplicar el derecho internacional humanitario (la ley de los conflictos armados), además de la legislación de derechos humanos. Las violaciones graves del derecho internacional humanitario se consideran crímenes de guerra.

Human Rights Watch ha documentado y condenado anteriormente las graves violaciones cometidas por los combatientes de la oposición en Siria, como los abusos cometidos en Taftanaz. Estos abusos deben investigarse y se debe llevar ante la justicia a los responsables. Sin embargo, estos abusos no justifican de ninguna manera las violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales, como las ejecuciones sumarias de residentes y la destrucción a gran escala de pueblos.

Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se asegure de que la misión de supervisión de la ONU enviada a Siria cuente con una sección de derechos humanos dotada de personal y equipo adecuados, que pueda entrevistar de manera segura e independiente a las víctimas de abusos de los derechos humanos, como los que se documentan en este informe, a la vez que los proteja de represalias. Human Rights Watch exhortó también al Consejo de Seguridad de la ONU a que garantice la rendición de cuentas por estos crímenes remitiendo la situación en Siria a la consideración de la Corte Penal Internacional, y que la Comisión de Investigación de la ONU en funciones apoye esta medida.

“Las Naciones Unidas –a través de la Comisión de Investigación y el Consejo de Seguridad– debe asegurarse de que los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad sirias no queden sin castigo”, dijo Neistat. “Los esfuerzos puestos en el plan de paz se verían gravemente socavados si se siguen produciendo abusos a espaldas de los observadores”.

 
Relatos de los testigos de “‘They Burned My Heart’: War Crimes in Idlib during Peace Plan Negotiations”:

“Los soldados le habían esposado las manos detrás de la espalda. No le golpearon delante de mí, pero vi que tenía un moratón en el ojo. Intenté mantenerme tranquila y cordial con los soldados para que lo pusieran en libertad.Pasaron alrededor de 15 minutos en la casa, preguntándole sobre armas y buscando por todas partes. Creo que estaban buscando dinero. No le dije adiós para no ponerle triste. Él tampoco dijo nada. Cuando se fueron, los soldados dijeron que debía olvidarme de él”.
–La madre de Mohammad Saleh Shamrukh, líder de las protestas de Saraqeb, que fue ejecutado sumariamente por las fuerzas de seguridad sirias el 25 de marzo de 2012

“Los soldados nos pusieron a los cuatro de cara a la pared. Primero le preguntaron a Awad dónde estaban sus hijos armados. Cuando Awad dijo que era un anciano y que no tenía ningún hijo con armas, le dispararon tres veces con un Kalashnikov. Después le dijeron a Ahmed que aparentemente 25 años de cárcel no habían sido suficientes para él. Cuando no dijo nada, le dispararon. A continuación dispararon a Iyad sin ninguna pregunta y se cayó sobre mi hombro. Me di cuenta que había llegado mi turno. Dije que no hay otro dios que Alá y Mohammed es el profeta y no recuerdo nada más”.
– Mohammed Aiman Ezz, un hombre de 43 años al que las fuerzas gubernamentales dispararon tres veces en la espalda y en el cuello en un intento de ejecución de cuatro hombres en Taftanaz el 4 de abril. Fue el único superviviente

“Sabía de corazón que eran mis muchachos [mi hijo y mi hermano], que los habían matado. Salí corriendo y a unos 50 metros de la casa había nueve cuerpos, cerca de la pared. Todavía había francotiradores en los tejados y teníamos que movernos muy despacio y usar linternas. Apunté mi linterna al primer cuerpo y después al segundo: no eran Uday o Saed. A continuación, pedí ayuda a los vecinos, y encontramos a los dos. Saed todavía tenía las manos atadas a la espalda. La gente me contó después que Uday y Saed habían sido ejecutados en ese lugar, y que los otros siete eran combatientes del Ejército de Liberación de Siria (ELS) que habían traído de otros lugares. Uday tenía heridas de bala en el cuello y la nuca; Saed en la espalda y el cuello”.
–“Heba” (no su nombre real), madre de Uday Mohammed al-Omar de 15 años y hermana de Saeed Mustafa Barish de 21 años, ambos ejecutados por las fuerzas de seguridad en Saraqeb el 26 de marzo de 2012

“El tanque estaba en la carretera principal, tan sólo a diez metros de la casa. De repente, dispararon cuatro proyectiles, uno tras otro, contra la casa. Estaba en la casa de al lado, con mi madre y seis niños. La explosión nos arrojó a todos en el aire, y no pude ver ni oír nada durante 15 minutos. Después fuimos a la habitación que había recibido los impactos. Una de las paredes tenía un agujero enorme, de alrededor de 1.5 metros de diámetro, y la pared de enfrente estaba totalmente destruida. Encontramos a Ezzat entre los escombros; sólo podíamos ver sus dedos y parte de su zapato. Es un milagro que su esposa y su hijo salieran ilesos. Estaban en la misma casa, pero se fueron a la cocina cuando los proyectiles hicieron impacto. Sacamos a Ezzat, pero no pudimos salvarle. Tenía el pecho aplastado y le salía sangre de la boca y los oídos”.
–“Rashida” (no su nombre real), una familiar de Ezzat Ali Sheikh Dib, de 50 años, que murió cuando los soldados dispararon proyectiles contra su casa en Saraqeb el 27 de marzo de 2012

“Me apuntaron con un Kalashnikov [fusil de asalto] a la cabeza y nos amenazaron con matarnos a todos si mi esposo no venía a casa. Los niños empezaron a llorar. Entonces un oficial le dijo a un soldado que trajera gasolina y le dijo a los niños que iba a quemarles igual que a su padre porque era un terrorista. Cuando el soldado regresó con algún tipo de líquido –no parecía gasolina– lo vertieron en tres de las habitaciones mientras estábamos en la sala. Queríamos salir de la casa, pero los soldados no nos dejaron. Mis hijas pequeñas estaban llorando y suplicando que nos dejaran ir. Estábamos aterrorizados. Finalmente, nos dejaron salir de la casa, pero me asusté aún más cuando vi todos los soldados y tanques en la calle”.
–“Salma” (no su nombre real), cuya casa en Taftanaz fue incendiada por los soldados el 4 de abril, junto con las casas de sus cinco cuñados

“Me metieron en el coche esposado y me tuvieron ahí todo el día hasta las siete de la noche. Les dije: ‘Soy un anciano, dejénme ir al baño’, pero me golpearon en la cara. Después me llevaron a las oficinas de la Seguridad del Estado en Idlib y me pusieron en una celda de 30 metros cuadrados con alrededor de un centenar de detenidos. Tuve que dormir en cuclillas. Solo había un retrete para todos. Me llevaron al interrogatorio cuatro veces, y cada vez me preguntaron por qué algunos de mis familiares se habían unido al ELS. No lo negué, pero les dije que no podía hacer nada para controlar lo que hacían mis familiares. Me abofetearon muchas veces”.
– “Abu Ghassan” (no su nombre real), un hombre de 73 años detenidos en una de los municipios del norte de Idlib que estuvo recluido durante 18 días