No se deben admitir las “garantías” ofrecidas por gobiernos abusivos de que no cometerán torturas
8 de Septiembre de 2011
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Los documentos de Trípoli muestran que Estados Unidos procuró obtener promesas sobre trato humanitario de un gobierno que se sabe que practica la tortura. Teniendo en cuenta las torturas y los abusos perpetrados por Muammar Gaddafi, hubiera sido absurdo que los organismos de inteligencia estadounidenses confiaran en cualquier garantía ofrecida por su régimen.
Peter Bouckaert, director de la división de Emergencias de Human Rights Watch.

(Nueva York) – Una serie de documentos descubiertos recientemente por Human Rights Watch en Trípoli revelan nuevos datos sobre el alto grado de cooperación entre los organismos de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido y Libia para el traslado de presuntos terroristas, señaló hoy Human Rights Watch. Estos documentos muestran la necesidad de que Estados Unidos y el Reino Unido rindan cuentas por abusos cometidos en el pasado, afirmó Human Rights Watch.

Los documentos, encontrados el 3 de septiembre de 2011, describen ofrecimientos de autoridades estadounidenses para el traslado o la entrega extraordinaria a las autoridades libias de al menos cuatro detenidos bajo custodia de Estados Unidos, uno de ellos con participación activa del Reino Unido; solicitudes estadounidenses de detención e interrogatorio de otros sospechosos; solicitudes enviadas por el Reino Unido de información sobre presuntos terroristas; y el intercambio de información sobre ciudadanos libios que viven en el Reino Unido. Esta cooperación tuvo lugar pese a que se conocían los graves antecedentes de Libia sobre tortura y maltrato sistemático de detenidos.

“Los documentos de Trípoli muestran que Estados Unidos procuró obtener promesas sobre trato humanitario de un gobierno que se sabe que practica la tortura”, expresó Peter Bouckaert, director de la división de Emergencias de Human Rights Watch. “Teniendo en cuenta las torturas y los abusos perpetrados por Muammar Gaddafi, hubiera sido absurdo que los organismos de inteligencia estadounidenses confiaran en cualquier garantía ofrecida por su régimen”.

Los documentos estadounidenses sobre entrega extraordinaria, redactados durante el gobierno del presidente George W. Bush, indican que Estados Unidos intentó obtener “garantías diplomáticas” de que los detenidos recibirían un “trato humano” luego de ser trasladados a Libia. Los documentos del Reino Unido, que datan del anterior gobierno laborista, muestran que ese gobierno reconoce haber participado en la entrega de un detenido, así como haber enviado información sobre ciudadanos libios en el Reino Unido y solicitado información a las agencias libias de inteligencia.

La investigación de Human Rights Watch, y los propios documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos de ese entonces, mostraron claramente que las autoridades libias de detención aplicaron prácticas de tortura y otros malos tratos. Pese a ello, en octubre de 2005, el Reino Unido celebró un Memorando de Acuerdo (Memorandum of Understanding, MOU) con Libia, en el cual Trípoli se comprometía a no torturar a sospechosos de terrorismo que fueran enviados desde el Reino Unido. En 2007, la justicia británica impidió el envío de personas a Libia en el marco del MOU, en razón de que se exponía a los sospechosos a un riesgo concreto de sufrir torturas.

Políticas y prácticas de Estados Unidos y el Reino Unido

El gobierno de Bush trasladó más de 100 detenidos a distintos países entre 2004 y 2006, incluidas al menos siete personas enviadas a Libia para que fueran interrogadas y detenidas. El gobierno estadounidense fue responsable de que estas personas hayan sido mantenidas incomunicadas y no brindó información sobre su suerte o paradero, lo cual constituye una violación de las normas internacionales que prohíben la desaparición forzada. No existen datos que indiquen que Estados Unidos haya enviado detenidos a Libia desde 2007, y el gobierno del presidente Barack Obama no ha informado sobre ninguna entrega a ningún país desde que asumió el poder.

Sin embargo, el gobierno de Obama no ha descartado la entrega de personas detenidas a países donde exista un riesgo suficiente de tortura. El gobierno ha señalado que, en estos casos, continuaría teniendo en cuenta las garantías ofrecidas por un país de que los detenidos recibirán un trato humano luego de la entrega por parte de Estados Unidos, o del traslado de un detenido a su país de origen o a un tercer país una vez concluida la detención en Estados Unidos.

En el Reino Unido, contrariamente a lo resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y algunos tribunales británicos, el actual gobierno de coalición ha continuado usando las garantías diplomáticas, una práctica que se denomina “deportación con garantías”.

“Estados Unidos y el Reino Unido deben renunciar al envío de personas a gobiernos que practican la tortura”, declaró Bouckaert. “La experiencia de Libia debería confirmar a Estados Unidos y al Reino Unido aquello que el sentido común tendría que haberles advertido desde un primer momento: que más allá de las promesas cínicas que puedan obtener, si entregan personas detenidas a torturadores, estas serán efectivamente torturadas y el mundo tarde o temprano lo sabrá”.

Obligaciones y rendición de cuentas

Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (la “Convención contra la Tortura”), ratificada en 1994 por Estados Unidos y en 1988 por el Reino Unido, ninguna persona podrá ser enviada a un país cuando existan fundamentos para creer que podría ser sometida a torturas u otros maltratos. Se ha interpretado que esta obligación exige a los gobiernos brindar un mecanismo para que las personas impugnen cualquier decisión que ordene su traslado a otro país.

La Convención contra la Tortura también obliga a los países a investigar denuncias creíbles de tortura y otros malos tratos, incluida la complicidad en estos delitos. No obstante, a pesar de las pruebas abrumadoras de la participación de altos mandos del gobierno estadounidense en el uso de tortura, y de la complicidad de Estados Unidos y el Reino Unido en las torturas practicadas en otros países, ningún gobierno ha investigado estos hechos a fondo.

En Estados Unidos, el fiscal general Eric Holder designó al fiscal federal adjunto John Durham para que investigara el abuso de detenidos, pero limitó la indagación a los actos “no autorizados” cometidos por los agentes estadounidenses a cargo de los interrogatorios. Finalmente, tras la investigación, Durham recomendó al gobierno de Obama que ampliara solamente las investigaciones penales acerca de los abusos sufridos por dos detenidos que fallecieron mientras estaban bajo custodia estadounidense. El gobierno ha ignorado los pedidos de que se inicien investigaciones de los supuestos hechos de tortura y maltrato de cientos de detenidos que estaban bajo custodia de Estados Unidos o que fueron entregados a terceros países para ser sometidos a abusos.

Ante las pruebas de la complicidad del Reino Unido en hechos de tortura en Pakistán y otros países, el gobierno británico de coalición acordó en junio de 2010 crear un Panel de Investigación sobre Personas Detenidas (Detainee Inquiry) a fin de evaluar la participación del Reino Unido en entregas extraordinarias y la complicidad en torturas practicadas en el extranjero. La decisión se adoptó luego de amplias presiones por parte de Human Rights Watch y otras organizaciones. La investigación se iniciará una vez concluidas dos investigaciones policiales que examinan posibles delitos cometidos por funcionarios británicos en el extranjero. Sin embargo, en julio de 2011, el gobierno obligó al Panel de Investigación a aceptar normas sobre divulgación y participación de testigos que le quitan transparencia. En consecuencia, Human Rights Watch, junto con otras organizaciones y abogados que representan a detenidos, retiraron su compromiso de colaboración.

El 5 de septiembre, el primer ministro David Cameron informó al Parlamento que el Panel de Investigación sobre Personas Detenidas también examinará nuevas revelaciones sobre la posible intervención del Reino Unido en entregas extraordinarias a Libia y en abusos cometidos durante la era Gaddafi. Si bien es crucial realizar una evaluación de las denuncias sobre Libia, es muy improbable que se pueda llevar a cabo una investigación efectiva debido a los defectos de este Panel, a menos que el gobierno modifique el respectivo protocolo. Para que la investigación sea efectiva, deberá ser transparente y la decisión definitiva sobre divulgación de las pruebas deberá ser efectuada por un juez independiente y no por el propio gobierno.

“Si el gobierno británico realmente tiene interés en descubrir cuál fue la participación del Reino Unido en los abusos contra presuntos terroristas, debe subsanar los defectos del Panel de Investigación sobre Personas Detenidas de forma urgente”, señaló Bouckaert.

Contenido de los documentos

Los documentos descubiertos por Human Rights Watch en Trípoli incluyen comunicaciones entre el ex jefe de inteligencia de Libia, Musa Kusa, y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), el Servicio Secreto del Reino Unido (conocido como MI6) y organismos de inteligencia de Alemania y otros gobiernos. Human Rights Watch encontró los documentos mientras examinaba la sede del organismo de seguridad exterior del gobierno de Libia en Trípoli, el cual fue abandonado por las fuerzas de Gaddafi. Los documentos hallados en los archivos contienen, entre otras cosas, pruebas de delitos cometidos durante los 42 años en los cuales Gaddafi permaneció en el poder. Human Rights Watch solamente pudo consultar cientos de los miles de documentos que habría en el edificio, fotografió aproximadamente 300 y dejó los originales donde fueron encontrados.

Algunos de los documentos contienen información sobre las entregas extraordinarias, organizadas por la CIA, de miembros del Grupo Islámico Combatiente Libio, que desde la década de 1990 intentó derrocar al gobierno de Gaddafi y tuvo un rol clave en la actual rebelión en Libia.

Uno de los miembros del grupo era Abdul Hakim Belhaj, actual jefe militar de los rebeldes en Trípoli. Los documentos, que se refieren a Belhaj por su seudónimo Abu Abdullah al-Sadiq, detallan una oferta de la CIA del 6 de marzo de 2004 en la cual se propone “entregar” a Belhaj a Libia desde Malasia, donde estaba detenido. En el memorando, la CIA pedía al gobierno libio que garantizara que Belhaj recibiría un “trato humano” y que la CIA podría tener acceso a Belhaj para interrogarlo una vez que se encontrara bajo la custodia de Libia. La CIA trasladó a Belhaj a Libia aproximadamente el 9 de marzo de 2004.

Otro de los documentos es una carta enviada por un alto funcionario del MI6 a Musa Kusa felicitándolo porque “Abu ‘Abd Allah Sadiq llegó seguro a destino” y donde se reconoce la participación británica en esta entrega que, según señala, era “lo mínimo que podía hacer por usted y por Libia”.

Durante una misión de investigación a Libia realizada en abril de 2009, Human Rights Watch entrevistó a Belhaj, quien había sido encarcelado por las autoridades libias en la famosa prisión de Abu Salim, donde 1,200 presos fueron masacrados en 1996. Belhaj dijo a Human Rights Watch que él y su esposa, supuestamente embarazada de seis meses, habían sido detenidos por agentes de la CIA en Malasia en una fecha próxima al 3 de marzo de 2004, y que luego él fue trasladado a Libia. Belhaj señaló que mientras estuvo detenido por la CIA, los agentes lo interrogaron acerca de sus supuestos vínculos con Al Qaeda –que él negó– y, entre otras cosas, lo desnudaron, lo golpearon y lo colgaron contra la pared sostenido por un brazo primero, y luego por una pierna.

Los registros públicos indican claramente que los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido estaban al tanto de que en la época en que los detenidos fueron entregados a las autoridades libias estas aplicaban torturas en forma generalizada. El Informe sobre Derechos Humanos en Libia de 2004 elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que:

Según informes, miembros del personal de seguridad habrían participado sistemáticamente en la tortura de prisioneros durante interrogatorios o como castigo. Agentes del gobierno habrían detenido y torturado a trabajadores extranjeros, especialmente del África subsahariana. Fue difícil corroborar las denuncias de tortura debido a que muchos prisioneros permanecían incomunicados.

Algunos de los métodos de tortura denunciados en el informe incluían: encadenar a prisioneros a una pared durante varias horas; aporreo; aplicar descargas eléctricas; lesionar la espalda con sacacorchos; verter jugo de limón en heridas; fracturar los huesos de los dedos y dejar que suelden sin atención médica; asfixiar con bolsas de plástico; privación de alimentos y agua; colgar a los presos de las muñecas; colgarlos con un palo atravesado entre las rodillas y los codos; quemaduras de cigarrillo; amenazas de agresión con perros; y azotes en las plantas de los pies.

Los documentos de Trípoli también contienen información sobre las entregas extraordinarias de la CIA y la cooperación con el gobierno libio en al menos otros cinco casos de detención, y presentan datos específicos sobre cronogramas de vuelos y preguntas detalladas que la CIA esperaba que las autoridades libias hicieran a los detenidos. También confirman que la CIA envió a agentes para que interrogaran a sospechosos en Libia luego de que fueron trasladados a ese país por Estados Unidos.

En una carta de la CIA se señala: “También esperamos colaborar con ustedes en el interrogatorio del terrorista entregado recientemente a su país... Quisiera enviar a Libia otros dos funcionarios, y agradecería que pudieran tener acceso directo a esta persona para interrogarla”.

Muchos de los documentos examinados por Human Rights Watch fueron preparados durante un período de acercamiento político entre Estados Unidos, el Reino Unido y Libia, después de que Libia accedió a poner fin a su programa de armas nucleares y cooperar en temas de inteligencia.

Si bien Human Rights Watch no pudo confirmar la autenticidad de los documentos, pero parecen corroborar datos anteriormente conocidos sobre el programa de entregas extraordinarias de la CIA.

El programa secreto de detención de la CIA fue autorizado mediante una directiva presidencial clasificada del 17 de septiembre de 2001, y estuvo vigente hasta que fue cancelado por el gobierno de Obama. Si bien no se sabe exactamente cuántas personas habrían sido trasladadas a otros países por Estados Unidos como parte de su programa de entregas extraordinarias, las investigaciones efectuadas por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos y la desclasificación de algunos documentos han permitido conocer más de 100 casos.