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Kazajstán: Engaño y explotación para los trabajadores migrantes del tabaco

Niños en el campo enfrentan graves riesgos para la salud y falta de escolarización

(Almaty, 14 de julio de 2010) - Muchos trabajadores migrantes del tabaco en Kazajstán han sido engañados y explotados, y algunos se han visto atrapados en el trabajo forzoso, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los propietarios de fincas kazakos emplean a trabajadores migrantes como temporeros. A su vez, estos propietarios mantienen contratos y suministran hojas de tabaco a Philip Morris Kazajstán, filial de Philip Morris International, una de las empresas tabaqueras más grandes del mundo.

El informe de 115 páginas, "Hellish Work: Exploitation of Migrant Tobacco Workers in Kazakhstan" (Trabajo infernal: Explotación de los trabajadores migrantes del tabaco en Kazajstán) documenta la manera en que algunos empleadores confiscaron los pasaportes de los trabajadores migrantes, no les extendieron contratos por escrito, no les pagaron salarios regulares, los estafaron con los pagos y les exigieron trabajar un horario excesivamente largo. Human Rights Watch documentó también el uso frecuente del trabajo infantil, con niños de hasta diez años trabajando en el cultivo del tabaco, una labor especialmente peligrosa para ellos. El informe se basó en entrevistas realizadas en 2009 con 68 personas que estaban trabajando en explotaciones de tabaco de Kazajstán o que habían trabajado recientemente en ellas.

Cuando Human Rights Watch comunicó estas observaciones a Philip Morris, la compañía se comprometió a adoptar una serie de medidas en 2010 para prevenir y remediar estos abusos.

"Muchos de estos trabajadores del tabaco (tanto adultos como niños) llegaron a Kazajstán y se encontraron en una situación prácticamente de esclavitud", señaló Jane Buchanan, investigadora principal de la División de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Está claro que el Gobierno de Kazajstán tiene que hacer mucho más para proteger a los trabajadores del tabaco, pero el papel de Philip Morris también es clave para prevenir los abusos en la cadena de suministro", agregó.

En 2009, Almira A. llegó a Malybai, Kazajstán, para cultivar tabaco con su esposo y su hija de 16 años. El empleador confiscó inmediatamente los pasaportes a toda la familia. Además de cosechar tabaco, por lo que no recibían un pago hasta el final de la temporada, el empleador obligó a la familia a desempeñar otras labores, como lavarle la ropa y pintarle su casa, sin ninguna remuneración.

"Éramos como esclavos para él. Nos trató muy mal", señaló Almira A. a Human Rights Watch. "Por supuesto, teníamos el deseo de irnos y abandonarlo todo, ¿pero cómo? El terrateniente tenía nuestros pasaportes y no teníamos dinero. Si nos íbamos, todo el trabajo habría sido para nada. Y sin dinero, ¿cómo íbamos siquiera a llegar a casa desde allí?"

El Gobierno de Kazajstán debe llevar a cabo inspecciones rigurosas de trabajo, enjuiciar a los empleadores abusivos y emprender investigaciones puntuales y eficaces sobre las alegaciones de abuso, señaló Human Rights Watch. Philip Morris International y sus subsidiarias deben garantizar el cumplimiento de los compromisos adoptados de prevenir y remediar los abusos.

Los expertos estiman que Kazajstán acoge a entre 300,000 y 1 millón de trabajadores migrantes cada año. La gran mayoría proceden de países de la antigua Unión Soviética y entran a Kazajstán sin visado. Miles de estos trabajadores migrantes, la mayoría de Kirguistán, encuentran trabajo en el cultivo del tabaco.

"Descubrimos que, en 2009 y en años anteriores, muchos trabajadores migrantes del tabaco habían sufrido toda una serie de abusos que van de la falta de salarios regulares al trabajo forzoso, en el peor de los casos", señaló Buchanan. "Está muy bien que Philip Morris Kazajstán y Philip Morris International quieran mejorar la situación, pero esto va a requerir un seguimiento independiente regular y un esfuerzo sostenido", agregó.

Human Rights Watch documentó 72 casos de niños trabajando en explotaciones de tabaco en 2009. Los expertos consideran que el cultivo del tabaco es una de las peores formas de trabajo infantil, lo que implica que los menores de 18 años no deberían realizar estas labores. Los niños se enfrentan a los riesgos particulares asociados con el manejo de las hojas de tabaco y la exposición a los pesticidas. Además, los niños que trabajaban con sus familias en las explotaciones de tabaco solían perder varios meses de escuela todos los años.

"Los niños estaban realizando duros trabajos manuales al lado de sus padres durante largas temporadas", señaló Buchanan. "Y mientras trabajaban, los niños estaban expuestos a altos niveles de nicotina y no estaban recibiendo la educación que merecen", agregó.

Los trabajadores describieron un sistema de pago que contribuía al trabajo infantil y exponía especialmente a los trabajadores al riesgo de explotación, señaló Human Rights Watch. Los trabajadores, habitualmente sólo el cabeza de familia, recibían un pago único después de cosechar el tabaco al final de una temporada de ocho o nueve meses.

Este sistema creaba una penalización significativa para los trabajadores migrantes que intentaban salir de una situación abusiva, ya que irse antes de la cosecha conllevaba perder la remuneración por su trabajo hasta entonces.  También implicaba que muchos trabajadores tuvieran que depender de los empleadores para los alimentos y otras necesidades, cuyos costos les deducían los empleadores al final de la temporada. Los empleadores también confiscaban los pasaportes para impedir que los trabajadores se fueran.

"Encontramos a seis familias atrapadas en situaciones equivalentes al trabajo forzoso", señaló Buchanan. "Los empleadores no les pagaron hasta después de ocho o nueve meses cultivando tabaco, obligaron a muchos de ellos a realizar labores domésticas y otros trabajos agrícolas sin ninguna remuneración y, para colmo de males, confiscaron sus pasaportes para obligarles a quedarse en el empleo", agregó.

En algunos otros casos descubiertos por Human Rights Watch, estos factores generaron una servidumbre por deudas, en las que las familias trabajaron toda la temporada para después encontrarse endeudas con el propietario de la explotación después de la cosecha, y tuvieron que trabajar más temporadas para saldar sus deudas.

En ciertos casos, los empleadores exigieron a los trabajadores realizar otras tareas no remuneradas además del cultivo del tabaco. El trabajo exigido bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual un individuo no se ofrece voluntariamente constituye trabajo forzoso y está prohibido tanto por el derecho internacional como por la legislación kazaka.

Después de que Human Rights Watch presentó sus observaciones a Philip Morris International, la compañía se comprometió a realizar cambios, entre ellos exigir a los empleadores que ofrecieran contratos por escrito, establecieran salarios regulares para los trabajadores, cesaran la confiscación de pasaportes y aplicaran la prohibición del trabajo infantil.

Philip Morris International se comprometió también a asegurarse de que la formación del personal de Philip Morris Kazajstán incluyera temas como el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la retención ilegal de pasaportes y la necesidad de garantizar que todos los niños trabajadores migrantes tengan acceso a la educación.

Tanto Philip Morris International como Philip Morris Kazajstán han afirmado que colaborarán con el Gobierno de Kazajstán para promover el acceso a las escuelas de los niños migrantes y contribuirán a los programas de verano para niños, como alternativa al trabajo. Philip Morris International también ha contratado a una tercera organización experta para que supervise las prácticas laborales en Kazajstán y otros mercados de Philip Morris International.

El Gobierno de Kazajstán también tiene que vigilar la situación y aplicar la ley, señaló Human Rights Watch.

"En virtud del derecho internacional, Kazajstán tiene la obligación de proteger a todas las víctimas de abuso, independientemente de su situación migratoria o contractual", señaló Buchanan. "Ha llegado el momento de dejar de actuar como si los trabajadores migrantes no tuvieran derechos y adoptar medidas decisivas contra los empleadores abusivos", agregó.

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