(Nueva York) - El Gobierno de Sudán Meridional, las Naciones Unidas, y los donantes internacionales deberían abordar urgentemente las fallas críticas para proteger a los civiles de la violencia étnica, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El 23 de junio de 2009, las partes en el Acuerdo General de Paz 2005 que puso fin en Sudán a la larga guerra civil entre el sureño Movimiento Popular de Liberación de Sudán y el Partido del Congreso Nacional, los donantes y los simpatizantes internacionales se reunirán en Washington, DC, para examinar la aplicación del Acuerdo, incluidos los arreglos de seguridad.
El informe de 15 páginas, "No One to Intervene: Gaps in Civilian Protection in Southern Sudan," (No hay nadie que intervenga: Las lagunas en la protección civil en Sudán Meridional), destaca un aumento reciente en la violencia étnica y el fracaso del Gobierno de Sudán Meridional y la Misión de las Naciones Unidas en Sudán (UNMIS) para proteger a los civiles. En marzo y abril de 2009, civiles armados de las tribus Nuer y Murle del estado de Jonglei en Sudán Meridional asesinaron a unos 1,000 hombres, mujeres y niños, y secuestraron a unas 150 mujeres y niños en ataques y contraataques violentos. Los funcionarios del Gobierno sabían que el conflicto se estaba exacerbando, pero no tomaron medidas para prevenir o proteger a los civiles, ni la misión de la ONU abordó la inminente violencia, dijo Human Rights Watch.
"La gente de Sudán Meridional tiene derecho a esperar la protección de su Gobierno ", dijo Georgette Gagnon, directora de África para Human Rights Watch. "Sin embargo, la violencia brutal en Jonglei mostró muy claramente cuán desprotegida está".
Altos dirigentes del Gobierno de Sudán Meridional deberían ir a las zonas con problemas en un esfuerzo por prevenir la violencia y los abusos de los derechos humanos, reforzar la presencia policial en esas zonas, y capacitar a los soldados en la protección de los civiles, dijo Human Rights Watch.
En Jonglei, el Servicio de Policía de Sudán Meridional (PPB, por sus siglas en inglés) tuvo una mínima o nula presencia en la mayoría de los sitios de ataque y carecía de capacitación y equipo para proteger a los civiles. A pesar de tener bases cerca de las zonas afectadas, el ejército de Sudán Meridional, conocido como el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, instruyó a los soldados a no intervenir para proteger a los civiles, al parecer por temor a que los soldados se enfrentan con civiles armados.
Aunque se advirtió a los funcionarios del Gobierno sobre la inminente violencia, no acudieron a las aéreas de Lou Nuer y Murle hasta después del ataque de marzo. Además, una comisión de funcionarios del Gobierno llevó a cabo una investigación después de los ataques, pero no ha adoptado ninguna medida para enjuiciar a los responsables de los crímenes a gran escala.
Los trabajadores del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con el mandato de proteger a los civiles y supervisar presuntas violaciones del Acuerdo General de Paz, no estuvieron presentes en los sitios de ataque. Con sede en la capital del estado, Bor, los trabajadores del mantenimiento de la paz aumentaron sus visitas a las zonas afectadas después de los ataques de marzo, pero no viajaron a la mayoría de los sitios remotos donde los civiles fueron asesinados. En mayo, trabajadores del mantenimiento de la paz desplegaron temporalmente unos 120 militares y personal civil a las dos zonas afectadas para ayudar en los esfuerzos de pacificación.
"Si bien presencia de la fuerza de mantenimiento de la paz en Jonglei es útil, debería de aumentar su presencia en puntos críticos a través de visitas, patrullajes e inspecciones periódicas en un esfuerzo por prevenir nuevos ataques y proteger a los civiles", dijo Gagnon. "Debería también llevar a cabo investigaciones exhaustivas de los derechos humanos en cualquiera de los presuntos ataques y ayudar Gobierno del sur a encontrar la manera de impartir justicia en zonas remotas".
El Gobierno del sur y los trabajadores del mantenimiento de la paz no han podido proteger a los civiles de la violencia étnica en otros lugares, incluso de ataques mortales en curso por parte los rebeldes ugandeses del Ejército de Resistencia del Señor en las provincias de Ecuatoria central y occidental, y de los enfrentamientos entre el sureño Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán y las Fuerzas Armadas del Sudán en Malakal que mataron a más de 30 civiles en febrero de 2009.
El peligro de la violencia en Sudán Meridional podría intensificarse en los próximos meses, en vista de las elecciones nacionales programadas para febrero de 2010, y el referéndum del sur sobre la autodeterminación en 2011. Human Rights Watch instó a los representantes del Gobierno del Sudán Meridional, los donantes, y los diplomáticos que asisten a la conferencia de 23 de junio a priorizar la protección de los civiles en su orden del día.
La prioridad debe ser incrementar la presencia policía de una policía equipada y bien capacitada y de líderes de Gobierno en puntos potencialmente críticos antes de las elecciones. Las Naciones Unidas y los donantes deberían también ayudar al Gobierno del Sudán Meridional a que investigue la presunta violencia y garantizar la rendición de cuentas por los crímenes.
"A la vista de las tensiones crecientes, las Naciones Unidas y los donantes internacionales deben hacer más para trabajar con el Gobierno de Sudán Meridional para mejorar la seguridad y proteger a los civiles", dijo Gagnon.
