Más de 2.000 asesinados en ataques de grupos separatistas en el sur del país
29 de Agosto de 2007
Después de décadas de una insurgencia de baja intensidad, la región meridional de Tailandia se está convirtiendo en escenario de un brutal conflicto armado.
Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch

(Nueva York) – En su esfuerzo por establecer un estado independiente en las provincias fronterizas del sur de Tailandia, los grupos separatistas están matando y mutilando a civiles, y atacando escuelas, clínicas comunitarias y templos budistas, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.

El informe de 104 páginas, "No One is Safe: Insurgent Attacks on Civilians in Thailand's Southern Border Provinces" (Nadie está a salvo: Ataques insurgentes en las provincias fronterizas del sur de Tailandia), detalla los abusos a los derechos humanos y la violencia cometidos contra civiles por parte de militantes separatistas, entre enero de 2004 y julio de 2007, en las provincias de Pattani, Yala, Narathiwat y Songkhla, donde predomina la etnia musulmana malaya. El informe está basado en entrevistas a testigos presenciales, familiares de las víctimas, académicos, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos y funcionarios del gobierno.  
 
Además, el informe incluye testimonios directos de miembros y militantes de los grupos separatistas en los que hablan de sus motivaciones e intentan justificar los ataques.  
 
"Después de décadas de una insurgencia de baja intensidad, la región meridional de Tailandia se está convirtiendo en escenario de un brutal conflicto armado", señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. "Los militantes separatistas están atacando intencionalmente a civiles tanto budistas como musulmanes con disparos, bombas y machetes", agregó.  
 
Los militantes basados en las aldeas, denominados Pejuang Kemerdekaan Patani (Luchadores por la Liberación de Patani) dentro de la red informal de BRN-Coordinate (Frente Revolucionario Nacional-Coordinado) se han convertido en el eje central de una nueva generación de militantes separatistas. Con mayor frecuencia, afirman que las provincias fronterizas del sur no son tierra de los tailandeses budistas, sino una "zona de conflicto" religioso que tiene que dividirse entre los miembros de la etnia musulmana malaya y los "infieles". Los separatistas intentan liberar por la fuerza el Patani Darulsalam (Territorio Islámico de Patani), de lo que califican una ocupación de los tailandeses budistas.  
 
Human Rights Watch documentó que los separatistas han llevado a cabo más de 3.000 ataques contra civiles, entre enero de 2004 y julio de 2007. Al mismo tiempo, se produjeron alrededor de 500 ataques contra varias unidades militares y su personal, y una cantidad similar de ataques contra unidades policiales y su personal.
 
De las 2.463 personas asesinadas en ataques durante los últimos tres años y medio, 2.196 (el 85 por ciento) eran civiles. Tailandeses budistas y musulmanes malayos fueron asesinados por atentados con bomba, disparos, emboscadas, y machetazos. Al menos 29 de las víctimas habían sido decapitadas y mutiladas. Hubo cientos de ataques de militantes contra maestros, escuelas, trabajadores de la salud, personal de hospitales y centros de salud comunitarios. Por primera en la historia de las insurgencias separatistas en la región, se pueden contar a monjes y novicios budistas entre las víctimas fatales y los heridos por los militantes separatistas.  
 
"Los militantes separatistas están empleando la violencia contra los civiles para ahuyentar de estas provincias a los tailandeses budistas, mantener controlados a los malayos musulmanes y desacreditar a las autoridades tailandesas", señaló Adams. "Pero los ataques deliberados contra civiles son ilegales y moralmente indefendibles en cualquier circunstancia", agregó.  
 
Nit Jombadin, tailandesa budista, recordó que, el 28 de mayo, estaba llevando a su hija de dos años, Napaswan, a una puesto de comida cuando estalló una bomba en un mercado concurrido del distrito de Songkhla's Saba Yoi, que mató a cuatro personas e hirió a otras 26:

"Llevaba a mi hija en brazos, mientras le hablaba y jugaba con ella. Cuando le estaba preguntando qué caramelo quería comprar, explotó una bomba detrás de nosotras. Ví como la metralla le desgarró el cuerpo. Mi hija murió al instante. Ví a otra niña pequeña con uniforme escolar en el suelo no lejos de mi hija. También estaba muerta... El cuerpo de mi hija se quedó tendido en la carretera durante muchas horas. No podía parar de llorar. Sentí que se me paraba el corazón. ¿Cómo podían hacer esto?... El lugar estaba lleno de padres y niños que salían de la escuela..."

 
Los militantes separatistas están llevando a cabo ejecuciones sumarios de civiles por motivos de su pertenencia étnica. El 14 de marzo, una camioneta de pasajeros que hacía el recorrido entre Yala y Songkhla fue emboscada en el distrito Yaha de Yala. Supawan Sae Lu, que sobrevivió el ataque que mató a su hija de 18 años y otros ocho pasajeros, recordó:

"El chofer vio que la carretera estaba bloqueada. Intentó dar marcha atrás. Pero entonces aparecieron los hombres armados con rifles de asalto y vestidos de verde, salieron del lado de la carretera. Anunciaron que iban a matar a todos los budistas y empezaron a dispararnos uno por uno. Mi hija estaba intentando echarse sobre mi cuando le dispararon en la cabeza".

 
Human Rights Watch también documentó ataques separatistas contra miembros de la etnia malaya musulmana que colaboraban con las autoridades tailandesas, o se oponían a las operaciones de los militantes. A estos malayos musulmanes se les acusa de munafig (hipócritas) o traidores, que han cometido haram (terribles pecados) al traicionar la combinación radical de nacionalismo malayo e ideología islamista. Las víctimas suelen ser líderes religiosos o padres que han obstaculizado el reclutamiento o la formación de nuevos miembros por parte de los militantes separatistas en sus aldeas, o cuyas críticas a la insurgencia eran conocidas.  
 
Usman Jaema, miembro de la etnia malaya musulmana, contó a Human Rights Watch que, en enero de 2004, su hijo de 15 años había sido asesinado con machetes y hachas por los militantes separatistas que querían enviarle un mensaje, como jefe de comunidad en el distrito de Narathiwat's Muang, para que no se opusiera a sus operaciones:

"Hay una decena de jóvenes musulmanes en esta aldea que se han unido a los militantes. Han sido entrenados para convertirse en combatientes guerrilleros. A ellos no les gusto... Nunca defenderé estos asesinatos sin sentido. No está bien hacer daño a personas inocentes, sin importar quién sean... Después del ataque, mis vecinos me miran con desprecio. Dijeron que si no podía proteger a mi propio hijo, ¿cómo iba a poder protegerles a ellos? Algunos de ellos han dicho que podría ser práctico apoyar a los militantes para asegurar su seguridad". 

 
Un principio fundamental de las leyes de la guerra es la distinción entre objetivos civiles y militares. El argumento de los militantes que propone que los civiles atacados formaban parte de un grupo más grande (los tailandeses budistas) con miembros involucrados en las hostilidades no sirve ni para defender ni para justificar una violación tan grave de dichas leyes. Otros argumentos de los militantes, como las interpretaciones radicales de la ley islámica, carecen igualmente de todo fundamento de acuerdo con las leyes de la guerra. El derecho internacional humanitario prohíbe explícitamente muchas de las tácticas empleadas por los militantes, entre ellas: los ataques de represalia contra civiles y combatientes capturados, la ejecución sumaria de civiles o combatientes capturados, la mutilación u otras formas de maltrato a los muertos, y los ataques dirigidos contra instalaciones civiles como casas, escuelas, templos y clínicas comunitarias.  
 
"El miedo es rampante en el sur de Tailandia y la violencia ha alterado casi todos los aspectos de la vida de los ciudadanos ordinarios", señaló Adams.  
 
En respuesta a los ataques militantes, el gobierno tailandés ha impuesto una legislación especial de seguridad - que incluye el Decreto Ejecutivo sobre la Administración del Gobierno en Situaciones de Emergencia o la ley marcial - y ha aumentado el número de tropas regulares y paramilitares a casi 30.000 efectivos en las provincias fronterizas del sur del país. En este contexto, las fuerzas de seguridad y la policía tailandesas han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones" y detenciones arbitrarias de personas cuya participación en los grupos separatistas se conocía o sospechaba. Human Rights Watch ha documentado muchos de estos abusos en un informe publicado en marzo de 2007. (El informe, "‘It Was Like Suddenly My Son No Longer Existed': Enforced Disappearances in Thailand's Southern Border Provinces" (Era como si mi hijo hubiera dejado de existir: Desapariciones forzadas en las provincias fronterizas del sur de Tailandia) está disponible en: http://hrw.org/reports/2007/thailand0307/.)
 
El gobierno provisional del General Surayud Chulanont, instaurado después del golpe militar de septiembre de 2006, ha señalado una nueva estrategia para la crisis en la región. El 2 de noviembre, el Primer Ministro Surayud se disculpó públicamente ante los residentes de la región y admitió que sus quejas contra el gobierno eran serias y legítimas. Al mismo tiempo, anunció el restablecimiento del Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas del Sur para ayudar a investigar las denuncias de la población musulmana en relación con funcionarios del gobierno corruptos, abusivos e ineptos. Pero sigue sin estar claro qué medidas concretas va a tomar el gobierno provisional para poner fin a los abusos tolerados por el estado y la cultura de impunidad en el sur del país.  
 
Human Rights Watch instó a los grupos separatistas y al gobierno tailandés a que instituyan medidas concretas para proteger a los civiles y cesen inmediatamente todos los ataques que no discriminen entre combatientes y civiles. Además, los grupos separatistas y las autoridades tailandesas deben permitir investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre las alegaciones de abusos contra los derechos humanos, y garantizar que se pedirá cuentas a las personas halladas responsables.  
 
"Las violaciones de los derechos humanos y la constante impunidad han aumentado el nivel de hostilidad y ampliado la separación comunitaria entre tailandeses budistas y malayos musulmanes, lo que hace imposible lograr una solución pacífica y duradera para este brutal conflicto", señaló Adams.