De acuerdo con las conclusiones de un informe de Human Rights Watch que documenta que México no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por los militares, y sobre la base de las diversas reuniones que mantuvimos con altos funcionarios mexicanos, en la actualidad, México no cumple con una de las condiciones clave establecidas en la Iniciativa Mérida: que los abusos cometidos por el Ejército estén siendo investigados y juzgados por civiles, y no por las autoridades militares.

Human Rights Watch le escribe al Secretario de Gobernación para solicitar información sobre investigaciones militares de abusos contra civiles, como seguimiento al informe titulado "Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública".

El gobierno no ha implementado adecuadamente las medidas de seguridad básicas que acordó con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la ONG con sede en Guerrero que presentó estos casos ante el sistema interamericano. Estas medidas incluyen la entrega de teléfonos celulares y satelitales a algunos beneficiarios, y la protección policial mediante dos rondines diarios a los domicilios de las viudas de Ponce Rosas y Lucas Lucía, así como acompañamiento policial cuando lo soliciten.

Le escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la muerte de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), la cual se dedica a defender derechos de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero.

Por este medio queremos manifestar nuestra profunda inquietud por la situación de los derechos humanos y salud reproductiva de las mujeres de Guanajuato, en particular la falta de acceso al aborto seguro y legal en casos de violación, el procesamiento de mujeres que acuden a hospitales públicos con cuadros de aborto incompleto, y la propuesta pendiente para modificar la Constitución estatal para “proteger la vida desde el momento de la concepción.” Todo esto constituye violaciones de los derechos humanos básicos de las mujeres y las niñas, incluyendo su derecho a la vida, a los más altos estándares de salud, a la autonomía, a la dignidad y a la seguridad.

Nos dirigimos a ustedes para instarlos a votar contra los cambios propuestos al artículo 18 de la Constitución del Estado de Puebla, cuyo propósito es “garantizar los derechos de la familia de conformidad con los contenidos en los Tratados, Convenciones y demás Instrumentos Internacionales ratificados por el estado mexicano en la materia”. Algunas de las revisiones propuestas vulneran esos mismos acuerdos internacionales. En efecto, se violarían muchas de las protecciones internacionales de derechos humanos para las familias, así como para las mujeres, aumentando su vulnerabilidad y desprotección.

Por este intermedio queremos manifestar nuestra profunda inquietud por la situación de derechos humanos y salud reproductiva de las mujeres de Guanajuato, en particular la falta de acceso al aborto seguro y legal en casos de violación y el procesamiento de pacientes que acuden a hospitales públicos con cuadros de aborto séptico. Nos preocupa asimismo la exigua cantidad de procesamientos y condenas por violación y violencia sexual que registra Guanajuato.

Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de agradecerle su respuesta a nuestra carta del 6 de marzo de 2008, en la cual expresamos algunos comentarios de Human Rights Watch sobre la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia que fue aprobada por el Senado mexicano en esa fecha. Valoramos que su gobierno manifieste un compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, la respuesta no aborda nuestras inquietudes fundamentales sobre la propuesta de reforma constitucional. Ante la reciente aprobación de las reformas a la Constitución por parte de la mayoría de los Congresos estatales, su gobierno debería adoptar las medidas necesarias para impedir abusos graves de los derechos humanos.