No cabe la menor duda que México enfrenta una gravísima crisis de seguridad pública. Lo sorprendente es que, ante esta situación, el gobierno del presidente Calderón defienda obstinadamente, contra toda la evidencia, que el fuero militar es el más adecuado para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en su lucha contra el narcotráfico.

Esta semana, en una votación crucial, la Organización de los Estados Americanos podría poner fin a la suspensión que, desde hace casi 50 años, impide que Cuba participe en este órgano regional clave. Esta decisión perjudicaría a la sociedad civil en Cuba y a la OEA.

Mientras escuchaba, parada en la repleta sala secundaria, al panel de la Corte Suprema condenar, por unanimidad, al ex Presidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por dos masacres y dos secuestros, tuve sentimientos encontrados.

Brasil es famoso por su Carnaval, la celebración previa a la mañana siguiente de la solemnidad de la Cuaresma que evoca imágenes de desfiles de samba, con participantes de todo el mundo celebrando entusiastamente. Una industria del turismo floreciente que se alimenta de aquellas imágenes de libertad de expresión sexual durante el Carnaval. Pero los días siguientes pueden a veces originar consecuencias no deseadas.

"¿Cuánto cuestan los derechos humanos?", preguntó el doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un artículo publicado recientemente en estas páginas. Soberanes está en lo cierto cuando sostiene que vale la pena invertir fuerte en derechos humanos. Sin embargo, en lugar de responder a las principales interrogantes sobre su gestión, opta esencialmente por hacer una defensa de su enorme presupuesto. Cuando un Estado invierte tantos recursos en una institución como la CNDH, no basta con saber en qué se gasta ese presupuesto, sino que es también necesario conocer especialmente cuál fue el retorno de la inversión.

La extradición de Alberto Fujimori al Perú es una cuestión de justicia fundamental, no sólo para las víctimas directas de los delitos que se le imputan, sino también para la sociedad peruana en su conjunto.

Augusto Pinochet murió sin ser condenado. Pero la justicia se encargó de él en todos los demás sentidos. En realidad, “el precedente Pinochet” ha hecho del mundo un sitio más pequeño para los perpetradores de las peores atrocidades. Durante años, el general ejerció un poder absoluto y todavía proyecta una larga sombra sobre Chile. Pese a los deseos de la mayoría de los ciudadanos, se había protegido de procesamientos por miles de asesinatos y “desapariciones” por una inmunidad parlamentaria y una amnistía que los militares se concedieron a sí mismos.

Sectores políticos y religiosos tradicionalistas, que se oponen a la reciente adhesión de la Argentina al Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, según sus siglas en ingles), argumentan que éste abre la puerta al aborto de manera solapada. Se equivocan -la puerta se abrió hace muchos años cuando la Argentina le otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Las mujeres ya son titulares de estos derechos y el Estado tiene, desde entonces, la obligación de adecuar la legislación interna a sus obligaciones internacionales. Es indudable que la penalización del aborto en la Argentina tiene un impacto devastador en la vida y la salud de las mujeres. La evidencia sugiere que las leyes que lo restringen empujan a las mujeres a someterse a abortos inseguros y que quedan expuestas a consecuencias posiblemente fatales.