No cabe la menor duda que México enfrenta una gravísima crisis de seguridad pública. Lo sorprendente es que, ante esta situación, el gobierno del presidente Calderón defienda obstinadamente, contra toda la evidencia, que el fuero militar es el más adecuado para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en su lucha contra el narcotráfico.

"¿Cuánto cuestan los derechos humanos?", preguntó el doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un artículo publicado recientemente en estas páginas. Soberanes está en lo cierto cuando sostiene que vale la pena invertir fuerte en derechos humanos. Sin embargo, en lugar de responder a las principales interrogantes sobre su gestión, opta esencialmente por hacer una defensa de su enorme presupuesto. Cuando un Estado invierte tantos recursos en una institución como la CNDH, no basta con saber en qué se gasta ese presupuesto, sino que es también necesario conocer especialmente cuál fue el retorno de la inversión.

La cumbre de jefes de Estado de las Américas que se celebrará entre hoy y mañana tiene tres temas en su agenda: empleo, pobreza y gobernabilidad democrática. Sin duda, temas de relevancia regional, aunque es habitual que a estas reuniones más de un gobierno llegue con agenda propia. De hecho, el Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ha ido de cumbre en cumbre solicitando declaraciones de apoyo a su proceso de desmovilización de grupos paramilitares. Lo más probable es que haga lo mismo en ésta.

La cumbre de jefes de Estado de las Américas que se celebrará este fin de semana tiene tres temas en su agenda: empleo, pobreza y gobernabilidad democrática. Sin duda, temas de relevancia regional.

Los dos escándalos más evidentes en materia de derechos humanos este año—la represión de manifestantes en Guadalajara y la continua impunidad por los asesinatos en Ciudad Juárez—a primera vista tienen poco en común. Sin embargo, a pesar de sus diferencias obvias, ambos comparten una característica similar a innumerables casos de derechos humanos que les han precedido: el uso de la tortura.

Han transcurrido cerca de tres años desde el nombramiento del fiscal especial para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado en México. Recientemente, el Presidente Vicente Fox reveló que está dispuesto a conformar una Comisión de la Verdad si las cortes se niegan a procesar a los responsables de esos hechos. Tratándose de un Presidente que prometió poner fin a décadas de impunidad, esta última iniciativa podría ser insuficiente y, quizás, tardía. Sin embargo, esto no debería ser necesariamente así.