Ayer el Congreso aprobó una enmienda que limita el alcance de la ley española de ‘jurisdicción universal’ sobre crímenes internacionales a los casos en los que se acredite que existen víctimas españolas o que sus presuntos responsables se encuentran en España o que tengan algún vínculo de conexión relevante con España.
Como en tantos otros conflictos modernos, los civiles han sido los que más han sufrido las consecuencias de la guerra de Georgia. Desde el principio, el Ejército georgiano usó la fuerza indiscriminadamente y de forma desproporcionada en Osetia del Sur, provocando muertes entre los civiles. Desde entonces, las tropas rusas también han respondido con el uso indiscriminado de sus fuerzas en Osetia del Sur y en el distrito de Gori, y aparentemente, han atacado a convoyes llenos de civiles liberados.
Mucha gente pensó que nunca vería a Radovan Karadzic comparecer ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Ni las víctimas de violaciones que entrevisté en Bosnia en 1993, ni los que estaban retenidos en campos de concentración, llegaron siquiera a soñar con ese momento. Pero incluso en medio del conflicto, en circunstancias difíciles, los civiles de la zona reunían laboriosamente detallados testimonios de supervivientes con la esperanza de que algún día hubiese justicia para estos crímenes. Incluso después de que se creara el TPIY y se presentasen cargos contra Karadzic por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, parecía poco probable que le arrestasen.
Augusto Pinochet murió sin ser condenado. Pero la justicia se encargó de él en todos los demás sentidos. En realidad, “el precedente Pinochet” ha hecho del mundo un sitio más pequeño para los perpetradores de las peores atrocidades. Durante años, el general ejerció un poder absoluto y todavía proyecta una larga sombra sobre Chile. Pese a los deseos de la mayoría de los ciudadanos, se había protegido de procesamientos por miles de asesinatos y “desapariciones” por una inmunidad parlamentaria y una amnistía que los militares se concedieron a sí mismos.
Ayer el Congreso aprobó una enmienda que limita el alcance de la ley española de ‘jurisdicción universal’ sobre crímenes internacionales a los casos en los que se acredite que existen víctimas españolas o que sus presuntos responsables se encuentran en España o que tengan algún vínculo de conexión relevante con España.
Como en tantos otros conflictos modernos, los civiles han sido los que más han sufrido las consecuencias de la guerra de Georgia. Desde el principio, el Ejército georgiano usó la fuerza indiscriminadamente y de forma desproporcionada en Osetia del Sur, provocando muertes entre los civiles. Desde entonces, las tropas rusas también han respondido con el uso indiscriminado de sus fuerzas en Osetia del Sur y en el distrito de Gori, y aparentemente, han atacado a convoyes llenos de civiles liberados.
Mucha gente pensó que nunca vería a Radovan Karadzic comparecer ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Ni las víctimas de violaciones que entrevisté en Bosnia en 1993, ni los que estaban retenidos en campos de concentración, llegaron siquiera a soñar con ese momento. Pero incluso en medio del conflicto, en circunstancias difíciles, los civiles de la zona reunían laboriosamente detallados testimonios de supervivientes con la esperanza de que algún día hubiese justicia para estos crímenes. Incluso después de que se creara el TPIY y se presentasen cargos contra Karadzic por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, parecía poco probable que le arrestasen.
Augusto Pinochet murió sin ser condenado. Pero la justicia se encargó de él en todos los demás sentidos. En realidad, “el precedente Pinochet” ha hecho del mundo un sitio más pequeño para los perpetradores de las peores atrocidades. Durante años, el general ejerció un poder absoluto y todavía proyecta una larga sombra sobre Chile. Pese a los deseos de la mayoría de los ciudadanos, se había protegido de procesamientos por miles de asesinatos y “desapariciones” por una inmunidad parlamentaria y una amnistía que los militares se concedieron a sí mismos.