Las fuerzas de seguridad birmanas cometieron asesinatos, violaciones y detenciones masivas de musulmanes rohingya después de no protegerles ni a ellos ni a los budistas arakaneses durante los episodios mortales de violencia sectaria ocurridos en junio de 2012 en el oeste de Birmania.
Miles de refugiados de la etnia kachin provenientes de Birmania se encuentran aislados en Yunnan, China, donde corren el riesgo de ser enviados nuevamente a una zona de conflicto y no reciben la ayuda humanitaria necesaria.
Se debe dar continuidad a la liberación de al menos 120 presos políticos en Birmania con reformas legales y políticas para garantizar el respeto a los derechos y libertades fundamentales.
La puesta en libertad de Aung San Suu Kyi, líder de la oposición democrática birmana, debería ser el primer paso para que las autoridades militares liberen a más de 2,100 presos políticos.
Estados miembros de la Unión Europea deberían apoyar públicamente la creación de una comisión internacional de investigación sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Birmania antes de la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.
Estados Unidos debe presionar a los gobiernos que el Departamento de Estado ha identificado por utilizar a niños soldados para que pongan fin a esta práctica o pierdan la ayuda militar que reciben de este país.
El Gobierno birmano continúa denegando libertades fundamentales e imponiendo restricciones injustificadas a las agencias de ayuda, a pesar de los avances significativos en la rehabilitación de las áreas devastadas por el ciclón Nargis hace dos años.
Leyes recién emitidas en preparación para elecciones de 2010 en Birmania tienen por objeto excluir al principal partido de oposición y asegurar la victoria de los militares gobernantes.
El Gobierno tailandés debe investigar con prontitud el uso de la fuerza letal por parte de soldados tailandeses en contra de migrantes birmanos en un suceso que resultó en la muerte de tres niños.
