Abuso y desamparo:
Tortura, desaparición forzada y
ejecución extrajudicial en México


(New York: Human Rights Watch, 1999)

IX. EL PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Mientras los funcionarios del Gobierno y los políticos de la oposición mexicanos pregonan a los cuatro vientos su desdén por la intervención extranjera en los asuntos de derechos humanos, los gobiernos extranjeros—sobre todo Estados Unidos y los Estados Miembros de la Unión Europea—se muestran cada vez más activos en la observación y el comentario de los derechos humanos en México, especialmente en relación con el turbulento estado sureño de Chiapas. Asimismo, los organismos de derechos humanos de organizaciones internacionales tales como la ONU y la OEA están desempeñando actualmente un papel más importante en México con respecto al pasado.

Enarbolar la bandera de la soberanía es un método políticamente conveniente para evitar las críticas, desviar el debate y dificultar la intervención de los países que se manifiestan públicamente sobre el historial de derechos humanos de México. Por ejemplo, en numerosas ocasiones en 1998, las autoridades mexicanas lograron desviar la atención en los problemas de derechos humanos por medio de debates sobre la soberanía, eliminando de este modo toda discusión de fondo sobre los asuntos subyacentes de derechos humanos. Así ocurrió cuando el 16 de junio de 1998, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, la Secretaria de Estado Madeleine Albright atendió una pregunta del senador Patrick Leahy respondiendo que México era consciente de las preocupaciones estadounidenses sobre Chiapas y señalando que Estados Unidos estaba “presionando” al Gobierno mexicano para que se alcanzara una solución pacífica. Esto desencadenó una disputa diplomática, seguida intensamente por la prensa mexicana, sobre si la Secretaria había querido decir que Estados Unidos estaba presionando a México o sólo estaba manifestando la preocupación. En el debate estuvo ausente cualquier atención a las violaciones de los derechos humanos que habían ocurrido en Chiapas. Asimismo, la expulsión por parte del Gobierno, en abril de 1998, de observadores extranjeros en Chiapas desvió el debate de lo que los extranjeros habían observado al hecho de que hubieran observado.

El Gobierno mexicano ha criticado enérgicamente a Human Rights Watch por pedir a gobiernos extranjeros que manifestaran públicamente y en privado su preocupación sobre las condiciones de derechos humanos en México. Cuando, en abril de 1997, Human Rights Watch publicó Deberes incumplidos: responsabilidad oficial por la violencia rural en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana respondió a lo que consideraba como una fecha de publicación “curiosa”, dado que la visita del presidente Bill Clinton estaba prevista para dos semanas después:

Más aún, en su boletín de prensa del día de hoy, Human Rights Watch/Americas sugiere que el Mandatario visitante subraye — durante su visita — la importancia de fortalecer el estado de derecho en el país y la necesidad de acabar con la impunidad por la violencia política. Parece olvidar esta organización que México es un país soberano y que por tanto no recibe indicaciones de gobierno extranjero alguno.42

Sin embargo, existe una diferencia abismal entre recibir órdenes del extranjero y admitir criticas o incluso sugerencias sobre asuntos relacionados con las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas. El apoyo a la protección y promoción de los derechos humanos en cualquier país es competencia de todas las personas y gobiernos, y el hecho de que México acate o incumpla el derecho internacional de derechos humanos es un asunto de interés público tanto dentro como fuera de las fronteras mexicanas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, piedra angular de las normas internacionales de derechos humanos, proclama “. . .tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella [la Declaración], promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. . .”.43 El plantear la preocupación en materia de derechos humanos en el extranjero es aún más necesario cuando los países integran cada vez más sus economías, coordinan iniciativas transfronterizas tales como las medidas antidroga y acuerdan la capacitación en un país vecino de personal militar, como en el caso de México y Estados Unidos. De hecho, Human Rights Watch considera que estas realidades confieren a Estados Unidos la responsabilidad de promover un mayor respeto a los derechos humanos en México, y a México la de fomentar un mayor respeto a los derechos humanos en Estados Unidos. Asimismo, al firmar un acuerdo comercial, político y de cooperación con la Unión Europea, México se ha comprometido expresamente a someterse al escrutinio internacional de sus prácticas de derechos humanos.

La política de Estados Unidos con México en materia de derechos humanos

Políticas y asistencia

El Departamento de Estado es perfectamente consciente de los graves problemas de derechos humanos que padece México. En el más reciente Informe por países sobre prácticas de derechos humanos señalaba,

    Entre los principales abusos se encuentran ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, arrestos ilegales, detenciones arbitrarias, malas condiciones penitenciarias, detenciones preventivas prolongadas, falta de debido proceso, corrupción e ineficacia de la judicatura, registros ilegales, violencia contra la mujer, discriminación contra la mujer y los pueblos indígenas, algunas limitaciones de los derechos del trabajador y trabajo infantil extendido en la agricultura y la economía informal.44

Además, el Departamento de Estado ha celebrado reuniones importantes con organizaciones de derechos humanos mexicanas y ha realizado misiones de investigación de las condiciones de derechos humanos encabezadas por oficiales del Departamento de Estado de Washington, D.C. Estas iniciativas enviaron un mensaje de apoyo a los derechos humanos tanto a los funcionarios del Gobierno mexicano como a los observadores de derechos humanos. Sin embargo, cuando se trata de establecer la política estadounidense con México, los derechos humanos quedan relegados muy por detrás del comercio, la inmigración y las drogas en la agenda bilateral. El Departamento de Estado ha tratado muy ligeramente los temas de derechos humanos en México y no ha adoptado posiciones públicas sobre asuntos clave de derechos humanos, tales como la expulsión de ciudadanos estadounidenses de México. Cuando dos ciudadanos estadounidenses fueron expulsados en abril de 1998, los funcionarios de Estados Unidos sólo plantearon a sus homólogos mexicanos la preocupación sobre si se había informado debidamente al personal de la embajada estadounidense. No se planteó la inquietud sobre la expulsión arbitraria.

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas de Estados Unidos están aumentando la capacitación de soldados mexicanos y la asistencia a las instituciones civiles mexicanas involucradas en las iniciativas antidroga. México recibe más fondos del programa de Educación y Capacitación Militar Internacional (International Military Education and Training, IMET) que ningún otro país de Latinoamérica o El Caribe. Su coste está estimado en un millón de dólares por 190 alumnos mexicanos en 1998, con una cantidad similar solicitada para 1999. Durante 1998, estaba previsto un gasto de cinco millones de dólares en iniciativas de Control Internacional de Narcóticos (International Narcotics Control) en México; se habían solicitado ocho millones para el año siguiente. Los fondos del Control Internacional de Narcóticos serán desembolsados a la PGR, al Equipo de Respuesta de la Frontera Norte (una fuerza de trabajo conjunta civil y militar) y a otras instituciones mexicanas.

Además, el Pentágono gastó más de $28 millones (dólares) en capacitación de mexicanos en 1997, y se esperaba que ese gasto estuviera algo por encima de los $20 millones (dólares) en 1998. Estos fondos—conocidos como Sección 1004, tras su inclusión en la Ley de Autorización de Defensa de 1991—están destinados exclusivamente a iniciativas antidroga, que incluyen la capacitación de fuerzas policiales extranjeras por parte de las fuerzas armadas estadounidenses. Sin embargo, el Departamento de Defensa no tiene que desglosar sus gastos por categoría. Por medio de este programa, Estados Unidos entrenó a 829 mexicanos, muchos de ellos precedentes de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE).

Estados Unidos también ha entregado aviones y helicópteros a México de conformidad con la Autoridad para Entregas de Emergencia (Emergency Drawdown Authority, EDA) del Presidente. En 1996 y 1997, Estados Unidos transfirió 53 helicópteros UJ-1H y tres aviones C-26. Otros 20 helicópteros fueron transferidos por medio del programa de Excedentes de Defensa (Excess Defense Articles, EDA). Según la Contaduría General (General Accounting Office, GAO), el control del uso final de estos helicópteros ha sido débil. Se descubrió que la Embajada de Estados Unidos en México había mantenido registros incompletos del uso de los helicópteros, mientras que la capacidad de las fuerzas armadasestadounidenses de supervisar adecuadamente se vio limitada por el propio acuerdo sobre el uso final.45

Los programas de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (United States Agency for International Development, USAID) en México, valorados en 15 millones de dólares para el año fiscal 1998 y en 13 millones para 1999, incluyeron una iniciativa de intercambio judicial destinada a congregar a jueces mexicanos y estadounidenses. Los programas no contaron con un enfoque específico en derechos humanos.

Preocupaciones en materia de derechos humanos con respecto a la asistencia de Estados Unidos a México

Estados Unidos ha promovido que las fuerzas armadas mexicanas desempeñen un papel más importante en las iniciativas antidroga. Mientras Estados Unidos fomenta que las fuerzas armadas mexicanas se involucren aún más en actividades de aplicación de la ley de carácter civil, el Gobierno estadounidense no ha enunciado un plan a mediano o largo plazo para fortalecer las instituciones mexicanas que el Ejército Mexicano no tenga que desempeñar indefinidamente el papel que ha asumido, tampoco Estados Unidos ha impuesto como condición de la capacitación estadounidense que México desarrolle dicho plan. Es posible que el apoyo de Estados Unidos al Ejército Mexicano debilite las instituciones civiles que deben sustentar toda sociedad democrática.

Aunque la capacitación está destinada ostensiblemente a la lucha antidroga, en la realidad mexicana, es probable que las tropas dedicadas a combatir la producción o el tráfico de drogas ilícitas sean también utilizadas en la lucha contrainsurgente. Por ejemplo, en el estado de Guerrero se producen drogas y existe presencia guerrillera, por lo que no se puede esperar realísticamente que los soldados dedicados a un asunto no participen en el otro.

Al mismo tiempo, se han documentado graves violaciones de los derechos humanos en operaciones antidroga respaldadas por Estados Unidos, como sucedió en los casos Hodoyán y Soto Miller, analizado en el capítulo sobre desapariciones forzadas, y en casos relacionados con soldados entrenados por Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en cómplice de la desaparición forzada de Hodoyán al no asistir al ciudadano estadounidense cuando estaba detenido por las fuerzas armadas. Más interesados al parecer en sonsacarle información sobre narcotráfico, los funcionarios estadounidenses no hicieron nada por asistir a la víctima. En el estado de Jalisco, soldados entrenados por Estados Unidos participaron en la detención arbitraria y tortura de una veintena de personas entre el 14 y el 15 de diciembre de 1997, una de las cuales fue asesinada.46 Los soldados planearon el ataque con antelación, al parecer después de que alguien les robara un arma, y las víctimas fueron trasladadas a una base militar donde fueron torturadas.47 Según el diario mexicano La Jornada, el Pentágono confirmó que seis de los soldadoshabían sido entrenados de conformidad con el programa de la Sección 1004.48 Han sido detenidos pero serán juzgados por la justicia militar, no la civil.49 “Estados Unidos no se dedicó a observar a estos soldados después del entrenamiento”, dijo un funcionario del Departamento de Estado a Human Rights Watch. “Esa es la política porque no es práctico seguir a cada uno de ellos. Al mismo tiempo, el hecho es que el Gobierno mexicano nunca lo consentiría”.50

Si Estados Unidos va a seguir entrenando a agentes encargados de hacer cumplir la ley mexicanos, no puede continuar tratando con ligereza los asuntos de derechos humanos simplemente porque el Gobierno mexicano rechazaría sus comentarios. La responsabilidad que conlleva el entrenamiento, la financiación y el equipamiento por parte de Estados Unidos de funcionarios mexicanos hace que la promoción y protección de los derechos humanos en el país sea una necesidad, no una opción.

La Unión Europea

El 8 de diciembre de 1997, México y la Unión Europea firmaron un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, poniendo fin a las negociaciones que incluyeron un intenso escrutinio del historial de derechos humanos de México.51 En junio de 1997, México y la Comisión Europea, encargada de negociar acuerdos con Estados no miembros, habían acordado los términos del pacto, pero el Consejo de Ministros de la Unión Europea rechazó el acuerdo debido a que México había alterado el texto de la cláusula sobre derechos humanos y democracia.52 Se informó de que México había objetado que la cláusula conllevara que las políticas nacionales estuvieran sujetas a la evaluación de los europeos. Finalmente, México cedió y la clausula fue restaurada en el acuerdo firmado en diciembre.

Como parte del acuerdo firmado en diciembre, México y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo temporal para regular las negociaciones comerciales, que entró en vigor el 1 de julio de 1998. Antes de su entrada en vigor, miembros del Parlamento Europeo hicieron recomendaciones sobre el pacto. Los comités de Asuntos económicos internacionales, Asuntos exteriores, política de seguridad y defensa, y Cooperación y desarrollo instaron al Consejo de Ministros a que garantizara que los fondos para proyectos de democracia y derechos humanos estuvieran disponibles cuando entrara en vigor el acuerdo. Los últimos dos comités también instaron al Consejo de Ministros a que emprendiera iniciativas para asegurar que durante las reuniones anuales del Comité Conjunto, que revisaría la aplicación del acuerdo, se prestara atención específica a los asuntos de derechos humanos. Para que estas sugerencias se materialicen, los europeos o los mexicanos tendrían que insistir sobre ellas.

Los fondos para proyectos de democracia y derechos humanos y la revisión anual de las prácticas de derechos humanos en México podrían desempeñar un papel importante en la promoción de los derechos humanos en México. Dado que una de las condiciones del acuerdo es el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, éste podría servir para presionar mejoras importantes en México, ya sea de manera expresa o tácita.

La Unión Europea debe partir de los sólidos principios de derechos humanos que ha establecido con México para garantizar que el nuevo acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación se convierta en un instrumento mediante el cual se promueva la protección efectiva de los derecho humanos en México. Los diferentes organismos de la Unión Europea deben trabajar con rapidez para asegurar que los fondos para proyectos de democracia y derechos humanos en México estén disponibles lo antes posible; que se produzca una revisión de las condiciones de derechos humanos en México como parte de toda evaluación anual del funcionamiento del acuerdo; que se soliciten informes escritos y testimonios orales de fuentes gubernamentales y no gubernamentales como parte del proceso de revisión anual; y que la misión permanente de la Comisión Europea en México cuente con al menos un observador de derechos humanos a tiempo completo con el presupuesto necesario para informar exhaustivamente sobre las condiciones de derechos humanos en el país.

Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos

Tras varios años pidiendo permiso para realizar una misión oficial a México, el Relator Especial de la ONU sobre tortura, Nigel Rodley, realizó unainvestigación en México en agosto de 1997. En enero de 1998, publicó un informe detallado, en el que concluyó que “la tortura y malos tratos análogos ocurren con frecuencia en muchas partes de México, aunque la información recibida por el Relator Especial no le permite llegar a la conclusión de que se practica sistemáticamente en todas las partes del país”.53 En el informe se ofrecían recomendaciones detalladas.

A la atención prestada por el Relator Especial siguieron los comentarios de junio de 1998 sobre Chiapas de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, quien manifestó su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en la región. Anunció que su oficina estaba dispuesta a ofrecer asistencia técnica si la solicitaba el Gobierno mexicano. Aunque su oferta fue inicialmente rechazada categóricamente por el Gobierno, las autoridades mexicanas dieron muestra a principios de agosto, cuando el secretario general Kofi Annan visitó el país, de que podrían permitir su visita a Chiapas. Según la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a mediados de agosto, el Gobierno mexicano, por medio de su misión ante la ONU en Ginebra, solicitó asistencia técnica de la oficina de la Alta Comisionada. “La solicitud era general y podría servir como base para discutir con el Gobierno mexicano en qué podría consistir la asistencia”, dijo un miembro de la oficina a Human Rights Watch.54 A pesar de que el Comité de Derechos Humanos confirmó la petición mexicana de asistencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México negó haber presentado dicha solicitud.

La oficina de la Alta Comisionada y el Gobierno mexicano todavía tienen que discutir los detalles de la asistencia técnica en materia de derechos humanos. Si el Gobierno mexicano lo permitiera, la Comisión podría enviar a un equipo de evaluación para realizar una investigación sobre qué medidas podría adoptar el Gobierno para mejorar su historial de derechos humanos, y podría publicar su informe y recomendaciones.

Tanto el Secretario General como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se han reunido con organizaciones de derechos humanos mexicanas, el primero durante su visita a México y la segunda en Ginebra. Estas reuniones constituyeron tanto un mensaje positivo de apoyo a la comunidad de derechoshumanos como una oportunidad importante para que los funcionarios de la ONU recibieran información de primera mano sobre violaciones de los derechos humanos en México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA, también está desempeñando un papel cada vez más activo en México. El informe de la Comisión que fue publicada en septiembre de 1998 dio a conocer un análisis importante de la situación general de derechos humanos en México. La Comisión también ha investigado varios casos individuales de violaciones de los derechos humanos en México y presionado a las autoridades mexicanas para que resuelvan los problemas encontrados.

En conjunto, la ONU y la OEA han trabajado para legitimar la causa de la atención internacional a las violaciones de los derechos humanos en México, pero el Gobierno mexicano no ha aceptado abiertamente sus recomendaciones. En cambio, parece que las autoridades consideran que la atención internacional es un inconveniente político más al que tienen que hacer frente.

La OEA y la ONU deben perseverar en sus esfuerzos de investigar las condiciones de derechos humanos en México y publicar informes detallados y recomendaciones a partir de sus conclusiones. En concreto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe mantener sus investigaciones de casos individuales y debe utilizar su amplia experiencia sobre México para promover reformas de los derechos humanos en el país. La ONU debe seguir comunicando su disposición a asistir al Gobierno mexicano por medio de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

AGRADECIMIENTOS

Joel Solomon, director de investigaciones de la división de las Américas, investigó y escribió este informe a base de información recopilada durante misiones de investigación a Ciudad de México y los estados de Baja California, Oaxaca y Tamaulipas, entre septiembre de 1996 y junio de 1998. Anne Manuel, la Directora Adjunta para las Américas, Cynthia Brown, la Directora de Programas de Human Rights Watch, y Joanne Mariner, abogada de Human Rights Watch, editaron el manuscrito en inglés. El Director Jurídico de Human Rights Watch, Wilder Tayler, y el Director de la División de las Américas, José Miguel Vivanco, también revisaron el texto. Nos sentimos agradecidos a los miembros de la Junta Asesora de la División de las Américas de Human Rights Watch, los Profesores Alejandro Garro y Paul Chevigny, por sus valiosos comentarios sobre este informe. También debemos las gracias al Profesor Herman Schwartz por sus comentarios sobre un primer borrador de este informe. Asimismo, quisiéramos agradecerles a Víctor Brenes, Marisol López, Pilar Noriega, Digna Ochoa y Salvador Tinajero por sus comentarios sobre los primeros tres capítulos, y al Profesor Miguel Sarre, por sus valiosos comentarios sobre el tercer capítulo. A María Claudia Pulido, gracias por su lectura y comentarios.

Juan Luis Guillén de Global Communications LLC (globalcomm@sysnet.net) tradujo el informe al castellano. La versión en castellano fue editada por Marcela Szymanski.

El autor quisiera dar las gracias especialmente a tantas personas, tanto víctimas como sus familiares, que compartieron sus dolorosas experiencias durante las entrevistas. Su valor frente a la injusticia da vida a este informe.

Human Rights Watch reconoce con gratitud el apoyo inestimable de nuestros colegas mexicanos. Desde que se inició este proyecto en 1996, las organizaciones de derechos humanos mexicanas han ofrecido comentarios importantes sobre el ámbito y los objetivos del informe. Además, colaboraron tremendamente en nuestro trabajo de campo, compartiendo generosamente sus contactos, documentos y experiencia. Debemos especial gratitud al Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, con sede en Reynosa, Tamaulipas; y al Centro Binacional para los Derechos Humanos, con sede en Tijuana, Baja California. En Oaxaca el abogado Israel Ochoa nos ayudó con información sobre casos. Las siguientes organizaciones con sede en Ciudad de México, que aparecen en orden alfabético a continuación, también aportaron un respaldo crucial: Acción de los Cristianos para Abolir la Tortura, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de DerechosHumanos “Todos los derechos para todos”. En Washington, D.C., el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional aportó comentarios y apoyo en casos concretos.

También queremos dar las gracias a tantos funcionarios estatales y federales que dedicaron tiempo a reunirse con nosotros y suministrar información a Human Rights Watch.


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42 Secretaría de Relaciones Exteriores, Boletín 134, 29 de abril de 1997.

43 La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948.

44 Departamento de Estado de Estados Unidos, Country Reports on Human Rights Practices for 1997 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, febrero de 1998), pp. 570-571. Traducción de Human Rights Watch.

45 Adam Isacson y Joy Olson, Just the Facts: A Civilian’s Guide to U.S. Defense and Security Assistance to Latin America and the Caribbean (Washington, DC: Latin American Working Group, 1998), p. 60.

46 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con María Guadalupe Morfín, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, 5 de agosto de 1998.

47 Ibíd.

48 Jim Cason y David Brooks, “Violaron derechos humanos en Jalisco militares entrenados en EU”, La Jornada, 28 de junio de 1998.

49 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con María Guadalupe Morfín, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, 5 de agosto de 1998.

50 Entrevista de Human Rights Watch, 5 de agosto de 1998.

51 México y la Unión Europea iniciaron negociaciones en octubre de 1998.

52 La clausula dice así: “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.”

53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe sobre la situación de los derechos humanos en México” (Washington, D.C.: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 24 de septiembre de 1998), pár. 78.

54 Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 2 de septiembre de 1998.


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