La situación de derechos humanos

Los asuntos de derechos humanos recibieron una atención oficial sin precedentes tras la toma de posesión, en enero del 2000, del Presidente Alfonso Portillo. En dos meses, el Presidente Portillo declaró un día nacional en honor a las cerca de 200.000 víctimas del conflicto civil de 35 años en Guatemala, ratificó la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas y admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la responsabilidad del Estado por violaciones del pasado, entre ellas el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack y la masacre de al menos 162 personas en 1982, en la aldea de Dos Erres. Además, el Presidente Portillo dijo que el asesinato brutal en 1998 del Obispo Juan Gerardi y su investigación chapucera eran una "vergüenza nacional," y se comprometió públicamente a llevar ante la justicia a los responsables.

Sin embargo, siguieron existiendo graves problemas de derechos humanos. El débil sistema judicial del país continuó permitiendo la casi total inmunidad de los responsables. El historial del nuevo gobierno se vio también machado por un aumento de las amenazas y el hostigamiento de activistas de derechos humanos, asesinatos de líderes comunitarios y medidas retrógradas sobre la pena capital. Es más, la alianza del Presidente Portillo con el Gral. Ríos Montt, ex gobernador militar de Guatemala, quien asumió la presidencia del Congreso en enero del 2000, fue un recuerdo preocupante de la incapacidad del país de superar su legado de represión.

La ausencia de una aplicación de la ley eficaz y la alta incidencia de delitos comunes contribuyó a un ambiente de inseguridad, y al empleo continuo de los linchamientos como forma de justicia paralela. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), establecida tras los acuerdos de paz de 1996, informó de 22 casos de linchamientos o intentos de linchamiento en la primera mitad del 2000, con un saldo de cinco muertes y 30 heridos graves. En 1999, se habían producido 48 muertes por linchamiento. En abril, un turista japonés y el conductor del autobús en el que viajaba fueron asesinados por una muchedumbre de residentes de la aldea de Todos Santos, debido al parecer a rumores de que el grupo de turistas tenían planeado robar a niños del pueblo. Nueve personas fueron detenidas en mayo por el linchamiento. En julio, ocho hombres sospechosos al parecer de secuestro y violación fueron empapados con gasolina y quemados por una muchedumbre de 200 residen! tes de Xalvaquiej. MINUGUA informó en agosto que el personal militar estaba detrás de algunas de estas acciones cometidas aparentemente por grupos vigilantes.

Agentes de permiso y de servicio de la Policía Nacional Civil (PNC) eran supuestamente responsables de numerosos abusos a los derechos humanos, sobre todo los relacionados con el uso excesivo de la fuerza. MINUGUA concluyó que el reclutamiento, la selección y la formación inadecuadas de la policía fomentaron los abusos, que se vieron agravados por los ineficaces mecanismos disciplinarios internos. En febrero, un agente de la PNC mató presuntamente a tiros a un camarero de un club nocturno de Escuintla. Ese mismo mes, los agentes de la PNC mataron a tiros a un vendedor del mercado de Ciudad de Guatemala. En mayo, agentes del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de paisano fueron presuntamente responsables de la desaparición de Mynor Pineda, un sospechoso detenido previamente que seguía en paradero desconocido cuando se escribió este informe. MINUGUA concluyó además que el SIC de la PNC empeló la tortura para extraer confesiones a los sospechosos.

De acuerdo con los acuerdos de paz de 1996, las Fuerzas Armadas iban a renunciar a las funciones de seguridad interna y dedicarse a la defensa del exterior. En junio, sin embargo, el Congreso aprobó un decreto por el que las Fuerzas Armadas asistirían a la PNC en la lucha contra la delincuencia.

MINUGUA denunció 26 ejecuciones extrajudiciales y 19 casos de tortura desde octubre de 1999 hasta junio del 2000. En marzo, el cuerpo del líder garífuna Giovanni Roberto Sánchez fue hallado en el hotel de Livingston donde trabajaba; estaba ahorcado y su cuerpo tenía marcas de golpes. En mayo, el trabajador comunitario y candidato a alcalde José Anacio Mendoza fue asesinado en Camotán, Chiquimula; su cuerpo fue hallado en un pozo y también con marcas de tortura. En julio, el líder maya José Quino y su colega, María Mejía, fue asesinados en una emboscada tendida por personas sin identificar cerca del Lago Atitlán.

En mayo, el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, identificó posible casos de "limpieza social," que se caracterizaban por un grado aparentemente mayor de premeditación que un linchamiento, tras el hallazgo de cuatro cuerpos atados de pies y manos y con marcas de tortura. MINUGUA estableció la posible participación de la PNC y un ex comisionado militar en estos asesinatos.

Los periodistas y otros representantes de los medios de comunicación fueron objeto de hostigamiento y otros abusos con el fin aparente de influir en sus informaciones. En julio, el columnista de Prensa Libre Eduardo Villatoro dijo que había recibido amenazas exigiéndole que dejara de escribir artículos críticos de las autoridades de Mixco. Anteriormente, en febrero, el programa televisivo "T-mas de Noche" fue cancelado debido aparentemente a su postura crítica con respecto al Gobierno. Esto provocó un debate nacional sobre la propiedad de cuatro canales de televisión de Guatemala por una persona con conexiones familiares en el Ministerio de Comunicaciones. Tras la visita de abril a Guatemala, el Relator Especial sobre la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón, recomendó la aplicación de normas claras para evitar conflictos de intereses entre las autoridades y los medios de comunicación. El Presidente Portillo expresó su preocupación por el caso "T-mas de Noche" y propuso el establecimiento de un canal público de televisión administrado por el Gobierno, como mecanismo de resolución de algunos de los problemas subrayados por Cantón.

A pesar del plazo que se marcó el Presidente Portillo para llevar ante la justicia a los responsables del asesinato en 1998 del Obispo Juan Gerardi-que se produjo poco después de la publicación de un informe patrocinado por la Iglesia sobre las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado-los seis meses pasaron sin que el caso se hubiera resuelto. En abril, Flor de María García Villatoro, la tercera juez encargada del caso, ordenó el juicio por asesinato del padre Mario Orantes, un estrecho colaborador del Obispo Gerardi, y la cocinera Margarita López. En mayo, la juez García Villatoro ordenó que se interpusieran también cargos contra Obdulia Villanueva, ex miembro del Estado Mayor Presidencia (EMP), el capitán Byron Miguel Lima Oliva y su padre, el coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada. Los juicios de los cinco sospechosos estaban previstos para octubre. Los testigos, los fiscales, los jueces y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA)! , que Gerardi dirigía antes de su muerte, continuaron recibiendo amenazas de muerte relacionadas con el caso. En agosto, después de recibir una serie de amenazas, Carmen Zanabria se convirtió en la quinta testigo importante que huía del país por razones de seguridad.

Aunque el Presidente Portillo aceptó el principio de responsabilidad del Estado por los crímenes de derechos humanos del pasado, en la práctica, existían obstáculos formidables a la administración de justicia. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de abogados y jueces, Param Cumaraswamy, publicó un informe sobre Guatemala en marzo. En éste se describía como el sistema de justicia continuaba sufriendo las deficiencias que había exhibido durante el conflicto armado, entre ellas la corrupción, el tráfico de influencias, la falta de recursos y las amenazas y la intimidación a abogados y jueces. Cumaraswamy concluyó que sólo se juzgaba el 10 por ciento de todos los casos de homicidio y que muy pocos de estos procesos se saldaban con condenas. Concluyó además que la mayoría indígena del país seguían siendo discriminada con respecto al acceso a la justicia, especialmente debido a la ausencia de servicios de traducción en los procesos judiciales.

En noviembre de 1999, un tribunal de apelaciones amplió a 12 años de prisión las sentencias, conmutables por el pago de una multa, a diez de los 25 soldados condenados por el asesinato en 1995 de 11 personas en la comunidad de Xamán. Sin embargo, absolvió a los otros 15 implicados. En abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó las decisiones y señaló que el caso estaba plagado de irregularidades; la Corte ordenó que los diez condenados permanecieran en prisión y se arrestara de nuevo a los otros quince soldados. En julio, el juez Josué Villatoro ordenó el arresto y la detención de diez ex oficiales militares acusados del asesinato de 162 personas en la masacre de Dos Erres de 1982. Cuando se escribió este informe, la Corte de Constitucionalidad tenía que decidir si la masacre de Dos Erres constituía un acto de genocidio, lo que eximiría el caso de la aplicación de la ley de amnistía de 1996 y allanaría el camino para el juicio.

Tras una segunda absolución en abril de 1999, el ex comisionado militar Cándido Noriega-al que se imputaban 155 cargos de tortura, violación, asesinato y secuestro-fue condenado en noviembre de 1999 a 220 años de prisión por ocho asesinatos y dos homicidios. En septiembre, un juez dictaminó que el caso contra el Gral. Juan Guillermo Oliva y dos ex coroneles, por el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack, debía quedar bajo la competencia de los tribunales civiles y rechazó la petición de la defensa de trasladar el caso a la jurisdicción militar. Cuando se escribió este informe, no se había establecido aún la fecha del juicio.

El 12 de mayo, el Congreso anuló la ley que autoriza al Presidente a conceder indultos en casos de pena de muerte, lo que hizo que Guatemala violara tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A principios de año, el Presidente Portillo había revisado cuatro casos pendientes y tomado la decisión, recibida con satisfacción, de conmutar la condena a muerte de Pedro Rax Cucul por una pena de 30 años de prisión. Rax Cucul, un miembro de la comunidad indígena de Guatemala considerado enfermo mental cuando cometió el crimen, no contó supuestamente con un intérprete cuando le tomaron declaración y fue asistido únicamente por un enfermo mental. En otros tres casos, el Presidente Portillo se negó a tratar con clemencia a los condenados. El 29 de junio, Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández, condenados ambos por secuestro y asesinato, fueron ejecutados con inyección letal y su ejecución fue retransmiti! da en directo en la televisión nacional.

A finales de octubre, unas 30 personas estaban condenadas a muerte. En febrero, una corte de apelaciones conmutó las sentencias a muerte de tres ex patrulleros civiles condenados por el asesinato de dos de las 143 personas que murieron en la masacre de Río Negro de 1982, y redujo sus condenas a 50 años de cárcel.

En un informe patrocinado por la ONU publicado en abril se concluía que las condiciones en la mitad de los centros de detención de Guatemala incumplían las mínimas normas internacionales.

En diciembre de 1999, la Premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú Tum presentó una demanda en España contra seis oficiales del Ejército y dos civiles por genocidio y tortura. En marzo, el juez de la Audiencia Nacional de España aceptó el caso y empezó a citar a testigos en abril. El juez Guillermo Ruiz Polanco permitió la adhesión de nuevos demandantes al caso, entre ellos la familia de un sacerdote español asesinado en Guatemala en febrero de 1981 y el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En abril, al abogado Julio Cintrón Gálvez interpuso una demanda contra Menchú por traición, por haber presentado el caso en España, una acusación que conlleva una condena de diez a 20 años de cárcel.

El general Ríos Montt, actual presidente del Congreso, era uno de los militares citados en la demanda de Menchú como responsable de genocidio y tortura durante el período en que gobernó el país, de marzo de 1982 a agosto de 1983. En agosto, vio peligrar su cargo en el Congreso cuando estalló un escándalo sobre su presunta participación en la bajada ilegal del impuesto sobre el alcohol, pero el caso no se había resuelto cuando se escribió este informe.

El 13 de octubre de 1999, hombres armados detuvieron a los cinco miembros del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI) a los que retuvieron durante varias horas. El SITRABI representaba a unos 2.500 trabajadores empleados en la filial local de la empresa Del Monte. Los pistoleros obligaron a dos de los líderes sindicales a realizar un llamamiento por radio para el cese del paro laboral, previsto para el día siguiente en protesta por la negativa de la empresa a readmitir a 918 trabajadores despedidos el mes anterior, en violación de un acuerdo negociado colectivamente. En marzo del 2000, Del Monte y la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación (UITA), en representación del SITRABI, firmaron un acuerdo para la readmisión de los trabajadores despedidos y el procesamiento de los responsables del ataque a los líderes sindicales. En junio, un tribunal decretó el juicio de 25 personas por coacción, registro ilegal y detención ! ilegal, pero cuando se escribió este informe, no se había determinado la fecha del juicio ni readmitido a ningún trabajador.

La entrada en vigor del Código del Menor, aprobado por el Poder Legislativo guatemalteco en 1996, aunque retrasada hasta el 2000, fue postergada indefinidamente en febrero. El nuevo código extendería las protecciones procésales-tales como el derecho a un abogado-a los niños acusados de delitos, e introduciría otros cambios para hacer compatible la legislación doméstica con la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, ratificada por Guatemala en 1990. En septiembre, Guatemala firmó el recién adoptado protocolo adicional a la Convención del Niño para prohibir la participación de menores en conflictos armados. En agosto, la ODHA publicó un informe sobre la desaparición forzada de niños durante la guerra civil, en el que atribuía el 92 por ciento de los 86 secuestros documentados a las Fuerzas Armadas.

En los procedimientos ante la CIDH en marzo, el Presidente Portillo aceptó la responsabilidad del Estado por los hechos que condujeron al asesinato en 1995 de Marco Quistinay, un niño de la calle de 13 años al que dos agentes de policía entregaron una bolsa con alimentos, por lo que él creyó, pero que en realidad contenía una granada que hizo explosión y acabó con su vida. En diciembre de 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que dos agentes de policía eran los responsables de las muertes en 1990 de cinco niños de la calle, y que el gobierno guatemalteco no había protegido los derechos de las víctimas. En la sentencia se instaba a la investigación y el procesamiento de los responsables del crimen.

La defensa de los derechos humanos

En el 2000, se produjo un aumento alarmante de las amenazas, el hostigamiento y la violencia planificada contra activistas y organizaciones de derechos humanos. En la primera parte del año, MINUGUA registró 56 amenazas contra activistas de derechos humanos, testigos y funcionarios judiciales relacionados con casos de derechos humanos. Rigoberta Menchú y varios de sus colegas de su fundación recibieron amenazas de muerte.

Las organizaciones y las personas que presentaron demandas de derechos humanos fueron un objetivo particular. En septiembre, un grupo de pistoleros entró en las oficinas de la organización de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), un grupo que había interpuesto un caso contra el Gral. Ríos Montt por la masacre de Dos Erres, y obligó a tres de sus trabajadores a echarse al suelo a punta de pistola. Los pistoleros amenazaron con matarles en varias ocasiones y robaron computadoras, dinero y un vehículo. En agosto, Celso Balan, un representante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) fue detenido, golpeado y robado por personas que se hacían pasar por periodistas, pero considerados vinculados a oficiales en activo y retirados de las Fuerzas Armadas. MINUGUA señaló que dichas amenazas no habían sido investigadas adecuadamente por las autoridades.

El papel de la comunidad internacional

Conforme a los acuerdos de paz de 1996, el mandato de MINUGUA vencía a finales de año. En marzo, el Presidente Portillo pidió que se extendiera la estancia de MINUGUA, pero cuando se escribió este informe la Asamblea General de la ONU aún no había decidido sobre este asunto. Quedaban todavía por aplicar importantes aspectos de los acuerdos, por lo que podría ser necesaria la continuidad de la verificación internacional.

Los informes de MINUGUA sobre aspectos del proceso de paz contenían análisis detallados sobre los derechos humanos. En septiembre, MINUGUA publicó un informe de derechos humanos para el período de octubre de 1999 a junio del 2000, y emitió en otras ocasiones comunicados sobre abusos específicos a los derechos humanos.

El Parlamento Europeo aprobó una resolución en mayo en la que ofrecía su asistencia para el procesamiento en Guatemala de crímenes contra la humanidad, la protección de testigos y otras medidas de protección para jueces y abogados. En marzo, se suspendió la cooperación entre la PNC y la Guardia Civil de España, que llevaba desde 1998 ofreciendo asistencia técnica a la policía guatemalteca. La Unión Europea tenía prevista la entrega de fondos a la policía por valor de 34 millones de euros (unos 30 millones de dólares) entre 1998 y el 2003.

La CIDH alabó la admisión del Presidente Portillo en marzo de la responsabilidad del Estado en tres casos pendientes y la calificó de "ejemplo para todo el hemisferio." En agosto, el Presidente Portillo dio seguimiento a sus declaraciones de marzo y aceptó un acuerdo entre las partes en otros diez casos relacionados con dos masacres y 16 ejecuciones y desapariciones, una medida que obligó a su Gobierno a compensar a las víctimas o sus familiares y a supervisar la investigación y el procesamiento de cada caso. Cuando se escribió este informe, docenas de casos guatemaltecos estaban pendientes ante la CIDH.

En marzo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) concedió uno de los honores más altos, la Medalla a una Carrera Distinguida en la Inteligencia, al ex agente Terry Ward, que había despedido en 1995 por no haber informado de las relaciones de la CIA con un coronel guatemalteco implicado en los asesinatos de Efraín Bamaca Velásquez y el ciudadano estadounidense Michael Devine. Tras un intenso debate político, Guatemala aprobó en abril el despliegue de tropas militares estadounidenses en el país para combatir el tráfico ilegal de drogas. En junio, el National Security Archive, una ONG con sede en Washington, D.C., publicó un informe titulado: "El Ejército de Guatemala: Qué Revelan los Expedientes Norteamericanos." En éste se citaban los nombres de 232 oficiales guatemaltecos y se ofrecía información sobre sus actividades y responsabilidades de mando, con el fin de asistir a las ONG y a las víctimas en sus intentos de identificar y llevar ante la justicia a los responsables! de abusos graves durante la guerra civil de Guatemala. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO