La situación de derechos humanos

Fernando de la Rúa tomó posesión de la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 1999, después de salir electo a la cabeza de la coalición de partidos de oposición. Su gobierno se enfrentó a la primera prueba en materia de derechos humanos con las detenciones en agosto de dos ex miembros de las Fuerzas Armadas de Argentina. Los dos ex militares, detenidos por separado en México e Italia, se enfrentaban a juicio en los tribunales europeos por abusos cometidos durante el régimen militar. El gobierno de De la Rúa no intentó obstruir los casos y se limitó a ofrecer asistencia consular a los detenidos. El actual historial de derechos humanos de Argentina se vio manchado por graves violaciones, sobre todo las cometidas por las fuerzas policiales. Se denunciaron con frecuencia tortura y muertes en las comisarías de policía, y aunque se investigaron y procesaron algunos casos de abusos, otros quedaron sin investigar.

Entre las muertes sospechosas denunciadas en el 2000 se encontraba la del joven de 22 años Ramón Rojas, hallado ahorcado en la Comisaría 9ª de la capital provincial de Santiago del Estero, el 19 de marzo. Otro detenido en esa ciudad, el trabajador de la construcción Aldo Bravo, alegó que había sido secuestrado de su casa por 10-14 hombres encapuchados y armados el 7 de julio y detenido durante tres días en la Comisaría, donde fue torturado. La Policía reconoció su detención, pero negó sus alegaciones de tortura, a pesar de las pruebas médicas que las corroboraban. En septiembre, el jefe de la oficina municipal para los niños y los adolescentes, el padre Mario Tenti, acusó a la Policía Provincial de Santiago del Estero de torturar a tres menores el 2 de septiembre. La Policía rechazó los cargos y dijo que las heridas de los muchachos eran el resultado de las peleas entre ellos. Cuando se escribió este informe, ninguno de estos casos se había procesado.

En La Rioja, se detuvo a un agente de policía por la muerte por ahorcamiento del joven de 19 años Cristian Ruiz en una celda policial, en marzo de 1999, después de confirmarse que Ruiz había sido torturado hasta la muerte. El jefe de la Policía de La Rioja, Paulino Zenón Cobresí, admitió que la Policía golpeaba a detenidos, aunque negó que dicho tratamiento fuera sistemático.

Juan Carlos Sánchez, de 25 años, fue otro de los detenidos que murieron presuntamente durante la custodia policial. Sánchez fue detenido por la Policía de Corrientes el 10 de enero y trasladado a la sede de la División Delitos y Leyes Especiales (antes llamada Brigada de Investigaciones) en la capital de la provincia, un edificio en el que al menos 15 personas han denunciado que fueron torturadas en los últimos años. Se informó posteriormente a sus padres que había sido puesto en libertad, aunque los testigos dijeron que no había salido del edificio. Algunas personas que trabajaban cerca del lugar afirmaron después que habían escuchado gritos procedentes del edificio. Aunque nunca se halló el cuerpo, se formularon cargos contra ocho agentes de policía por la tortura hasta la muerte de Sánchez.

El caso Sánchez no era la única muerte sospechosa a manos de esta división de Policía de Corrientes: el 9 de febrero, Germán Morales, de 26 años, murió por los disparos de cuatro agentes de policía cerca de su casa y en presencia de testigos. No se realizó ninguna investigación de los hechos. Sin embargo, en julio, un comisario y tres agentes de policía fueron detenidos y acusados de torturar a Jorge Marcelo González, de 26 años, un preso de permiso, y de matarle a tiros después el 30 de junio. El jefe de la Policía de Corrientes renunció después de este caso y otros 73 agentes fueron obligados a retirarse.

En la provincia de Jujuy, se consideraba que la delegación local de la Policía Federal era responsable de la muerte por disparos de un tendero el 2 de julio. Diez agentes de policía que participaban en una redada antidroga realizaron más de 40 disparos contra Manuel Fernández, que murió a causa de un impacto de bala en la cabeza disparada a quemarropa. La policía dijo que el tiroteo se produjo porque Fernández llevaba drogas y ofreció resistencia, pero los familiares alegaron que abrieron fuego contra él porque había presenciado una actuación ilegal de los policías que luego le dispararon. Los diez agentes estaban detenidos cuando se escribió este informe.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, que ocupó el cargo en diciembre de 1999, reestableció el puesto único de comisionado de policía para toda la provincia y deshizo las reformas emprendidas por el anterior gobernador. Ruckauf nombró para el cargo a Eduardo Raúl Martínez, que había sido procesado acusado de torturar a un ciudadano alemán en 1978, aunque el caso se desestimó posteriormente. Ruckauf, que durante su campaña electoral había llamado a la mano dura con los delincuentes-instando a que se les disparara-nombró al ex militar rebelde Aldo Rico para el puesto de ministro provincial de seguridad. Rico se vio obligado a renunciar unos meses después y fue sustituido por el comisario de policía retirado Ramón Oreste Verón, que afirmó ser el agente con más muertos a sus espaldas de toda la historia de la provincia.

El 30 de agosto, el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Guillermo David San Martín, apeló al Ministro de Seguridad, Ramón Verón, para que adoptara medidas para poner fin a la tortura de menores en las comisarías. San Martín hizo esta demanda después de revisar las alegaciones de que cinco jóvenes habían sido maltratados en las comisarías de la Policía Provincial de Buenos Aires en Virreyes, San Fernando, Villa Martelli y Escobar (situadas todas ellas en el Gran Buenos Aires). Según el informe del asesor del gobierno para asuntos del menor en San Isidro, las denuncias de palizas en comisarías se doblaron en los primeros siete meses del 2000, y alcanzaron la cifra de 159 casos en 33 comisarías de policía.

El director de seguridad del municipio de San Miguel (cuyo alcalde es Aldo Rico), el ex oficial del Ejército Hugo Vercellotti, afirmó en julio que la Policía mata y debe matar a los criminales, y se lamentó que la ley representara "un obstáculo en la lucha contra la inseguridad."

En la provincia de Mendoza, dos presuntos informadores de la policía, José Segundo Zambrano, de 28 años, y Pablo Marcelo Rodríguez, de 25, desaparecieron el 25 de marzo, supuestamente después de haberse reunido con un cabo de la policía. Varios días después se halló su vehículo con manchas de sangre, pero sus cuerpos no fueron descubiertos hasta el 3 de julio en una zona empleada para prácticas de tiro por la policía. El cabo de la policía fue acusado de los asesinatos, que, según se dijo, estaban relacionados con la "mafia" policial, y 20 agentes fueron detenidos. El 24 de agosto, empezó el juicio a siete ex agentes de policía de Mendoza implicados en el asesinato del joven de 17 años Sebastián Bordón, cuyo cuerpo fue hallado el 12 de octubre de 1997, después de haber estado detenido por la policía. El juicio continuaba cuando se escribió este informe.

En Córdoba, un travestido con el nombre de Vanesa Lorena Ledesma murió durante la custodia policial el 16 de febrero, después de haber estado incomunicado durante cinco días en la Comisaría 18ª. Se informó que la causa del fallecimiento había sido un "paro cardíaco," pero el cuerpo tenía al parecer muestras de tortura y golpes. Como en años anteriores, hubo denuncias frecuentes de violaciones a los derechos humanos cometidas contra minorías sexuales en toda Argentina, y la Policía detuvo arbitrariamente a homosexuales y travestidos por infracciones tales como "delitos contra la decencia pública" o conducta escandalosa.

Se detuvo a 14 miembros de la Policía Federal que habían participado en la represión violenta de una manifestación del 19 de abril contra la reforma laboral anunciada por el Gobierno. Los policías golpearon a los manifestantes, que ofrecieron escasa resistencia, atacaron a un hombre con arma blanca y dispararon a otro en los testículos. Al total, 35 manifestantes fueron heridos por la Policía, y 50 fueron detenidos.

Se siguieron denunciando ataques y amenazas contra periodistas. Dos de los casos más graves estaban relacionados con los periódicos provinciales El Liberal (Santiago del Estero) y La Voz del Interior (Córdoba). A principios de agosto, colocaron una bomba falsa en los bajos del automóvil de periodista de El Liberal Gregorio Layus. El periódico había acusado en un editorial anterior al gobierno provincial de Carlos Juárez (gobernador desde 1949 sin prácticamente ninguna interrupción) de buscar la ruina del diario. El periódico, que afirmaba ser la única voz independiente de la provincia, declaraba que tanto el rotativo como sus periodistas habían sido sometidos a persecución, espionaje y hostigamiento legal, debido a su investigación de la corrupción y las irregularidades en el gobierno provincial. La Voz del Interior informó de que su corresponsal en Santiago del Estero había recibido llamadas telefónicas en julio en las que le advertían que podría "sufrir un accidente" si seguía escribiendo artículos críticos contra el gobernador, y que después recibió amenazas de muerte explícitas.

Un juez argentino echó por tierra el mito de que la justicia internacional consiste en que los países del norte impongan su voluntad a los del sur y solicitó la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, para enfrentar cargos penales derivados de su participación en el asesinato del Gral. Carlos Prats y su esposa. Habían sido asesinados con un carro bomba el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires. El juez pidió también la extradición de otros chilenos implicados en el caso, entre ellos el ex jefe de la policía secreta, Manuel Contreras Sepúlveda, que estaba encarcelado en Chile por el atentado con carro bomba cometido en 1974 en Washington, D.C., que acabó con las vidas del ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Orlando Letelier, y de su asistente, Ronni Moffitt.

Casi un cuarto de siglo después del golpe de estado que llevó al poder al gobierno militar que gobernó de 1976 a 1983, Argentina seguía lidiando con su cruel legado de asesinatos, desapariciones y otros abusos. El juez federal Adolfo Bagnasco investigaba el robo de recién nacidos durante el régimen militar, un caso presentado por las Abuelas de la Plaza de Mayo en 1996, que no quedaba excluido por las leyes de amnistía del país. El caso estaba relacionado con la práctica de las Fuerzas Armadas de llevarse a bebés que habían sido desaparecidos junto con sus padres o habían nacido en cautiverio tras la detención de sus padres, y de entregarlos a familias de militares u otras personas consideradas simpatizantes al régimen. Se alegaba que más de 200 bebés habían sido secuestrados en dichas circunstancias. Nueve acusados estaban en arresto domiciliario, entre ellos los ex presidentes, Brig. Gral. Reynaldo Bignone y Gral. Jorge Videla, el ex miembro de la Junta Almirante Emilio Massera y el ex jefe de seguridad de la zona de Buenos Aires, el Gral. Carlos Guillermo Suárez Mason. El 10 de agosto, otro oficial fue puesto en arresto domiciliario: el Gral. (retirado) Santiago Omar Riveros, ex Comandante de Institutos Militares e implicado en el robo de bebés nacidos en el hospital militar Campo de Mayo. La semana anterior, la Corte Suprema había rechazado una petición del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de que se sometiera el caso a la competencia de los tribunales militares.

Aunque las Fuerzas Armadas aceptaron públicamente el procesamiento de oficiales retirados relacionados con el secuestro de niños, manifestaron su preocupación ante las iniciativas judiciales de obtener información de oficiales aún en activo. En julio, el Comandante del Ejército, el Tte. Gral. Ricardo Brinzoni, envió a su secretario general, Eduardo Alfonso, a visitar a Armando Barrera, un ex oficial detenido en Bahía Blanca por negarse a declarar ante un tribunal federal que investigaba estos casos. El Gobierno también expresó su respaldo a una propuesta de Brinzoni para el establecimiento de un "panel de reconciliación," con la participación del Ejército, los grupos de derechos humanos y la Iglesia Católica, como medio para intentar determinar el paradero de los desaparecidos sin recurrir a los tribunales. La propuesta quedó abandonada cuando las organizaciones de derechos humanos la rechazaron de plano.

La defensa de los derechos humanos

Aunque fueron escasas las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, unos cuantos activistas fueron víctimas de abusos graves. El 30 de julio, Elizabeth Ceballos fue secuestrada, golpeada y amenazada por tres hombres enmascarados, después de que su esposo, el periodista Miguel Hernández, participara en una manifestación frente a la casa de Miguel Ángel Pérez, un ex oficial del Ejército que había admitido el asesinato de un preso político en 1976. Ceballos fue abandonada finalmente atada y amordazada cerca del lugar de reunión de una organización de derechos humanos de la ciudad de Cosquín, Córdoba. Hernández y otros activistas de derechos humanos de Cosquín denunciaron también una serie de amenazas de muerte telefónicas, y el 17 de julio la casa de Hernández fue apedreada.

El papel de la comunidad internacional

El 30 de diciembre de 1999, el juez español Baltasar Garzón dictó una orden de detención internacional contra 48 ex militares, contra los que había dictado auto de procesamiento en noviembre, con vistas a solicitar oficialmente su extradición. En agosto, el Ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, declaró que la petición conllevaba "cuestiones políticas" relacionadas con la soberanía nacional y relevantes para el Poder Ejecutivo y no los tribunales, y señaló que los acusados no podían ser detenidos debido a que ya se habían tratado sus casos en Argentina.

El acontecimiento más alentador para el procesamiento iniciado por Garzón fue la detención, el 24 de agosto en México, de Ricardo Miguel Cavallo. Cavallo, acusado de ejercido de torturador en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), estaba presuntamente implicado en las muertes de al menos dos personas desaparecidas durante el régimen militar. Tras la detención, el juez francés Roger Le Loire anunció asimismo que iba a solicitar la extradición de Cavallo. El Ministro del Interior de Argentina, Federico Storani, indicó que el Gobierno no intervendría en el caso y no adoptaría medidas para impedir la extradición, aunque se pondría a disposición del detenido asesoría consular. En una visita en septiembre a México, el Presidente De la Rúa dijo que no había tratado el caso Cavallo en sus encuentros oficiales. A preguntas de la prensa, expresó, no obstante, su apoyo al principio de territorialidad e indicó que dichos crímenes debían juzgarse en Argentina.

Sólo unas semanas antes, el 6 de agosto, el ex mayor del Ejército Jorge Olivera fue detenido en Roma en ejecución de una petición de extradición presentada por el juez francés Le Loire. Olivera estaba acusado de participar en el secuestro, tortura y desaparición de la ciudadana francesa Marianne (o Marie Anne) Erize en la provincia de San Juan, el 15 de octubre de 1976. Sin embargo, el 18 de septiembre, un tribunal de apelaciones italiano ordenó la puesta en libertad de Olivera sobre la base de un presunto certificado de defunción que certificaba el fallecimiento de Erize el 11 de noviembre de 1976; el certificado resultó ser falso posteriormente. Al razonar que Erize no estaba desaparecida sino muerta, el tribunal dictaminó que el resto de los crímenes que se imputaban a Olivera habían prescrito de acuerdo con las leyes italianas.

Las Fuerzas Armadas no hicieron declaraciones sobre el caso durante la detención de Olivera, pero tras su puesta en libertad, el Comandante en Jefe del Ejército, el Tte. Gral. Brinzoni, calificó la detención de ofensa a la justicia argentina. Alegó que Olivera ya había sido juzgado ante los tribunales argentinos y puesto en libertad conforme a la Ley de Obediencia Debida. Señaló además que el Ejército estaba recopilando información con vistas a asesorar a otros oficiales militares que pudieran viajar al extranjero y enfrentarse a un procesamiento por violaciones a los derechos humanos.

En mayo, Le Loire solicitó autorización al gobierno argentino para viajar al país e interrogar a 140 oficiales militares vinculados a la desaparición forzada de ciudadanos franceses. El Ministerio de Justicia de Argentina recibió la petición días antes de la detención de Olivera y estaba considerándola cuando se escribió este informe.

En marzo, la Sala Primera de lo Penal de Roma confirmó las demandas que se venían procesando desde 1986 en los tribunales italianos contra el General Suárez Mason, relacionadas con la "desaparición" de ocho personas de origen italiano durante el gobierno militar. El tribunal rechazó el argumento de la defensa de que los casos no podían juzgarse debido a las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Argentina. En su fallo, el juez Renato D'Andria subrayó además la falta de cooperación de las autoridades argentinas con sus investigaciones de los casos.

El Parlamento de Israel anunció en agosto que había formado una comisión interministerial para investigar el destino de los cerca de 1.800 judíos argentinos desaparecidos en el período 1976-1983, con el fin de establecer el paradero de sus cuerpos y darles sepultura con los ritos religiosos apropiados.

El relator especial de la OEA sobre la libertad de expresión, Santiago Cantón, condenó las amenazas y ataques contra los periódicos El Liberal y La Voz del Interior, y pidió a las autoridades provinciales que investigaran los incidentes y sancionaran a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió 123 denuncias relativas a Argentina durante 1999, y a mediados del 2000, tenía 58 casos argentinos abiertos.

En un caso importante, la CIDH solicitó al gobierno argentino que aportara información sobre la autoridad de la policía para detener. La Comisión estaba examinando una polémica decisión de noviembre de 1998 de la Corte Suprema de Argentina, en la que confirmaba la autoridad de la policía para detener a personas sin una orden de arresto, basándose exclusivamente en la consideración de que la persona hubiera estado actuando "sospechosamente."

La CIDH reiteró además su petición de un nuevo juicio a los 13 presos condenados en 1989 por el ataque al cuartel del Ejército de La Tablada, en vista de las graves irregularidades que habían viciado el primer proceso. Existían abundantes pruebas que sugerían que los presos habían sido torturados a manos del Ejército y que otros habían sido asesinados. El 6 de septiembre, se anunció que se habían identificado los restos de Iván Ruiz y Carlos Quito Burgos, dos de las cinco personas desaparecidas tras el ataque al cuartel. Los soldados habían disparado al parecer contra ambos, probablemente después de capturarlos. Se introdujo un proyecto de ley en el Congreso para permitir la libertad condicional de los presos durante la revisión de su condena, pero cuando se escribió este informe, el proyecto aún no se había debatido.

La CIDH iba a enviar también a un observador, por invitación del gobierno argentino, para revisar las investigaciones del atentado con bomba de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA), que se saldó con la muerte de 86 personas.

En una breve visita a Buenos Aires en agosto, la Secretario de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, se reunió con representantes de las ONG y los líderes de la comunidad judía y prometió la cooperación estadounidense en la investigación del atentado contra la AMIA y contra la Embajada de Israel en 1992. Albright se comprometió además a cooperar en la investigación de los abusos cometidos durante el gobierno militar y declaró que iba a intentar asegurarse de que el Departamento de Estado abriera sus archivos sobre la represión en ese período. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO