La situación de derechos humanos

El 11 de marzo, Ricardo Lagos Escobar, candidato de la coalición de centroizquierda que había gobernado desde que el ex dictador, el Gral. Augusto Pinochet, dejó el poder en 1990, empezó un mandato presidencial de seis años en sustitución del Presidente Eduardo Frei. Su toma de posesión se vio ensombrecida por el regreso de Pinochet a Chile, el 3 de marzo, después de que el Secretario del Interior británico, Jack Straw, ordenara el final del arresto domiciliario en Inglaterra del ex dictador por razones médicas. Pinochet fue detenido en Londres el 16 de diciembre de 1998 y llevaba más de 16 meses recluido en una residencia bajo custodia policial, después de que España y otros tres países europeos solicitaran su extradición para ser juzgado por violaciones a los derechos humanos. A su regreso a Chile, Pinochet se enfrentaba a más de 60 demandas penales en Chile, presentadas desde enero de 1998 por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura, y por partidos políticos, sindicatos y organizaciones profesionales.

Cuando Pinochet iba de regreso a Chile, los abogados de derechos humanos representantes de las víctimas pidieron formalmente al juez de la corte de apelaciones que investigaba las denuncias, Juan Guzmán Tapia, el desafuero de Pinochet para que pudiera someterse a juicio. De acuerdo con la Constitución de 1980, Pinochet se había otorgado el puesto no electo de senador vitalicio al dejar la presidencia.

El 23 de mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó, por 13 votos a favor y nueve en contra, el levantamiento de su inmunidad, y concluyó que existían razones suficientes para el procesamiento de Pinochet. La Corte Suprema confirmó la decisión con un margen aún mayor-14 a seis-el 8 de agosto. El veredicto fue celebrado por ser una victoria histórica para la justicia tanto en Chile como en el ámbito internacional. Aunque la mala salud de Pinochet hacía improbable la conclusión de su juicio, su manto de protección, que unos cuantos años antes parecía impenetrable, estaba hecho jirones. Es más, la judicatura chilena, que había sido ampliamente criticada por no haber defendido los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, había demostrado su independencia frente a las presiones y consolidado por lo tanto el Estado de derecho.

En octubre, el juez argentino Juan José Galeano solicitó la extradición de Pinochet y otros ex oficiales militares para responder a cargos penales de participación en el atentado con carro bomba, cometido en 1974 en Buenos Aires, que acabó con las vidas del ex Comandante en Jefe del Ejército, el Gral. Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert.

También se produjeron importantes avances en otros casos de derechos humanos relacionados con ex oficiales de las Fuerzas Armadas y miembros de los servicios de inteligencia durante el gobierno militar. El 19 de julio, la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a dos ex mayores del Ejército y a un cadete a cadena perpetua por el asesinato en 1992 de un carpintero, Juan Alegría Mondaca. El cuerpo de Alegría se había encontrado junto a una nota de suicidio en la que "confesaba" el asesinato de otra víctima de ejecución extrajudicial, el líder sindical Tucapel Jiménez. Se estaba juzgando a una veintena de ex agentes de policía y soldados por el asesinato de Jiménez, uno de los casos más notorios de los ochenta.

Los espectaculares acontecimientos en los tribunales, y especialmente la pérdida de inmunidad de Pinochet, provocaron algunos momentos tensos entre el gobierno del Presidente Lagos, las Fuerzas Armadas y sus simpatizantes civiles. El Presidente Lagos dejó claro en toda oportunidad que su gobierno no intervendría en las decisiones judiciales, y que la justicia tenía que seguir su curso independientemente de los acuerdos políticos alcanzados sobre el legado de derechos humanos. Salió del paso de la presión de los militares en los días previos a la decisión de la Corte Suprema y respondió posteriormente a las protestas del Ejército afirmando con firmeza su autoridad constitucional.

Pinochet regresó a un país que ya se había acostumbrado a su ausencia. Las menciones de los candidatos a su persona habían sido escasas durante la campaña electoral. Sin embargo, el ambiente de normalidad cambió en el momento en que el dictador pisó el asfalto del aeropuerto de Santiago. Un contingente de altos mandos militares, ex ministros de su gobierno y sus familias esperaban su llegada. La caminata sin ayuda para saludar a sus simpatizantes y el levantamiento de su bastón sorprendieron a muchos, que estaban esperando el traslado en camilla del avión al hospital de un hombre puesto en libertad en el Reino Unido por razones humanitarias. El Ejército lo trasladó en helicóptero al tejado del Hospital Militar sobrevolando ostensiblemente el palacio presidencial, y lo escoltó desde la aeronave tras un muro de soldados fuertemente armados. En una declaración pública, el Presidente Frei dijo que había cumplido su promesa de traer de regreso de Pinochet antes del final de su mandato. Pero, señaló que todos los esfuerzos para traer al Senador Pinochet habían tenido un único objetivo: que debían ser los tribunales chilenos, y no los de otro país, los que aplicaran la ley.

El Congreso aprobó una reforma constitucional por la que se concedía inmunidad parlamentaria a los ex presidentes que hubieran completado un mandato, promoviendo así que Pinochet renunciara a su cargo senatorial sin perder la protección frente a la justicia. Human Rights Watch, que compartía la preocupación de los abogados de derechos humanos chilenos de que la reforma pudiera dar a Pinochet más inmunidad legal además de establecer un preocupante precedente en la región, escribió al Presidente Lagos para instarle a que vetara la medida. La reforma se hizo efectiva en abril, pero, cuando se escribió este informe, Pinochet no había renunciado al cargo de senador.

Aunque había más de 70 casos penales abiertos contra él, el proceso de desafuero estaba relacionado con un caso en particular, la llamada Caravana de la Muerte. Un mes después del golpe militar que subió al poder a Pinochet en 1973, una unidad aerotransportada del Ejército bajo el mando de uno de los responsables del golpe, el Gral. Sergio Arellano Stark, recorrió las ciudades de Cauquenes en el sur, y de La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama en el norte, donde ejecutó secretamente a 72 presos políticos sacados de las prisiones locales. El General Arellano actuó como emisario personal de Pinochet con órdenes escritas de acelerar la administración de justicia para los presos políticos.

En julio de 1999, la Corte Suprema había confirmado unánimemente el auto de procesamiento contra el General Arellano y otros cuatro oficiales superiores retirados por el secuestro de 19 víctimas, cuyos cuerpos se hallaban en paradero desconocido. Arellano y los demás inculpados estaban acusados de secuestro calificado, lo que permitía que el juicio no se viera afectado por la ley de amnistía decretado por el gobierno militar en 1978. La Corte afirmó que, dado que no se podía establecer la muerte, era imposible saber si los 19 habían sido asesinados durante el período de cinco años cubierto por la ley de amnistía y que esta última era por lo tanto inaplicable.

En la vista ante la Corte de Apelaciones de Santiago, celebrada durante la última semana de abril del 2000, el abogado de Pinochet, Ricardo Rivadaneira, alegó que la salud de Pinochet era demasiado débil para que pudiera presentar su defensa y que los procedimientos violaban su derecho al debido proceso. Sin embargo, el 3 de mayo, la Corte rechazó la realización de pruebas médicas antes de emitir un veredicto sobre la inmunidad de Pinochet. Mientras la Corte estudiaba el expediente del caso, las Fuerzas Armadas estiraron sus funciones constitucionales hasta el límite, al proclamar su apoyo al ex gobernante. En varias ocasiones, sin embargo, el Presidente Lagos les recordó con firmeza su obligación constitucional de permanecer neutrales. Después de que los cuatro comandantes en jefe se reunieran el 15 de mayo para un almuerzo ampliamente publicitado en un restaurante elegante de Santiago, Lagos señaló deliberadamente que no era necesario demostrarle a nadie la unidad de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas están unidas detrás del Presidente de Chile.

En el fallo de la Corte Suprema confirmando el desafuero no sólo se afirmaba que Pinochet podía ser procesado por el delito de secuestro. Se alegaba también que, aunque se concluyera finalmente que se traba de homicidios, podía retirársele la inmunidad, dado que la decisión sobre la aplicabilidad de la amnistía o la prescriptibilidad dependía del juez que juzgara el caso. Los jueces mencionaron la cadena de mando vertical de las Fuerzas Armadas como una indicación a primera vista de la responsabilidad de Pinochet, y citaron un aforismo del propio general: la persona más inútil en la vida es la que no sabe dar órdenes ni obedecer. La Corte se refirió también a una declaración de uno de los oficiales de la Caravana de la Muerte, el Coronel (retirado) Sergio Arredondo, en la que indicaba que sabía el verdadero propósito letal de la misión antes de su comienzo.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), un organismo autónomo que representa los intereses del Estado en los procedimientos penales, anunció el 7 de marzo que había decidido por unanimidad personarse como parte acusadora en los procedimientos contra Pinochet. En junio de 1999, el CDE había rechazado una petición del Gobierno de hacerse parte en el caso.

Durante el año, las Fuerzas Armadas participaron en conversaciones, conocidas como la Mesa de Diálogo, con abogados de derechos humanos y representantes de iglesias y la sociedad civil, que habían sido convocadas durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei. Aunque el diálogo fue casi abandonado más de una vez debido al profundo desacuerdo entre las partes, los participantes firmaron un acuerdo el 13 de junio. Cada uno de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, entre ellos el cuerpo de Carabineros, acordaron aportar la información más completa posible sobre el paradero y el destino de los desaparecidos, en un plazo de seis meses. También reconocieron la responsabilidad de agentes de organizaciones del Estado por graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, la primera admisión de este tipo desde que Pinochet dejara el poder en manos de un gobierno electo hace una década. El 21 de junio, el Congreso, aprobó por mayoría abrumadora la legislación que hacía efectivo el acuerdo.

Cuando se escribió este informe, estaba prevista la pronta aprobación en el Congreso de una ley para la regulación de la prensa, que llevaba debatiendo desde 1993. La nueva ley fortalecería las garantías de la libertad de expresión en varios aspectos importantes. Los tribunales ya no tendrían la autoridad de prohibir la cobertura periodística de casos penales delicados y tendrían que respetar la confidencialidad de las fuentes. Los tribunales castrenses ya no tendrían competencia sobre los periodistas acusados de sedición o espionaje conforme a las leyes militares. El proyecto de ley también conllevaría la eliminación del delito de desacato a la autoridad contemplado en la Ley de Seguridad del Estado. En el artículo 6(b) de esta ley, se sancionaba a quienes insultaran al Presidente, los ministros de su gabinete, los jueces superiores, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas o los miembros del Congreso. Desde 1990, se ha inculpado y condenado en algunos casos al menos a 30 personas de acuerdo con esta ley, muchos de ellos por criticar a Pinochet o a miembros de la Corte Suprema nombrados por él.

En diciembre de 1999, entró en vigor el nuevo estatuto que rige la administración pública y el gobierno local, en el que se establece por primera vez que los documentos oficiales son materia pública y se ofrece un mecanismo de recurso legal si los funcionarios niegan arbitrariamente el acceso a dichos documentos públicos. Se estaban debatiendo también enmiendas a la Constitución para poner fin a la censura cinematográfica y videográfica, y reestructurar y revisar la autoridad de la junta de censura cinematográfica, pero no se habían aprobado todavía cuando se escribió este informe. Aunque el Presidente Lagos heredó de su predecesor estas reformas para la libertad de expresión, había prometido darles la mayor prioridad durante las elecciones.

La condena en febrero del periodista José Ale Aravena, reportero judicial de La Tercera, fue un recordatorio de la mentalidad autoritaria de muchos jueces superiores de Chile y de la escasa protección que han concedido a la libertad de expresión durante toda una década de gobierno democrático. El 15 de febrero, la Sala Segunda de la Corte Suprema sentenció a Ale a una condena suspendida de prisión de 541 días por "injuriar" al ex Presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, en un artículo en el que se resumía la polémica carrera del juez. Ale, que había mencionado en su artículo comentarios sobre la pertenencia de Jordán a una camarilla privilegiada dentro de la judicatura, había sido absuelto repetidamente por tribunales inferiores. El juez que redactó la sentencia insultó y amenazó al periodista en un encuentro público dos semanas antes del fallo, donde lo calificó de "calumniador profesional," eliminando de este modo toda apariencia de imparcialidad en el veredicto. El Presidente Lagos concedió un indulto a Lagos. Estaba prevista la eliminación de la ley que regula las "injurias" empleada para esta condena, como parte de la nueva ley de prensa.

Paula Afani Saud, también de La Tercera, se enfrentaba a una acusación, presentada por el CDE en abril, por violación de la confidencialidad de una investigación penal de acuerdo con la Ley de Abuso de la Publicidad y la Ley contra el Tráfico Ilegal de Drogas. En junio de 1998, Afani escribió una serie de artículos en La Tercera y La Hora sobre una investigación de la CDE de alto nivel de una operación de narcotráfico y el lavado de dinero, que llegó a conocerse como Operación Océano. En los artículos se incluía el testimonio de ex miembros de la organización criminal que habían sido interrogados en prisiones estadounidenses y chilenas por funcionarios de la Policía. Afani se había negado a identificar sus fuentes de información y fue consiguientemente considerada única responsable de la filtración de información, un delito que conlleva una condena de cinco años de cárcel conforme a la ley de narcotráfico. El caso estableció un precedente inquietante en un momento en que el Gobierno se había comprometido a proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas y el derecho a acceder a la información de interés público.

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