La situación de los derechos humanos

A pesar de unos cuantos acontecimientos positivos a lo largo del año, las prácticas de derechos humanos del gobierno cubano fueron en general arbitrarias y represivas. Cientos de opositores pacíficos al gobierno seguían entre rejas, y muchos más fueron sometidos a detenciones breves, arrestos domiciliarios, vigilancia, registros arbitrarios, expulsiones, restricción de movimientos, despidos laborales por razones políticas, amenazas y otras formas de hostigamiento.

Aunque las condiciones de derechos humanos en la isla mejoraron muy poco en el 2000, la política estadounidense con respecto a Cuba empezó a cambiar. El destacado caso de Elián González, el niño de seis años superviviente de un naufragio que permaneció siete meses en Estados Unidos en contra de la voluntad de su padre, hizo que la atención pública se concentrara cada vez más en la política estadounidense de aislamiento a Cuba. Tras el regreso del niño a Cuba en junio, se impulsaron iniciativas en el Congreso de Estados Unidos para relajar algunos aspectos del embargo económico de 38 años sobre Cuba.

Las prácticas represivas de derechos humanos de Cuba se vieron reforzadas por la estructura legal e institucional del país. Los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea, movimiento y prensa siguieron limitados por las leyes cubanas. Con la criminalización de la propaganda enemiga, la difusión de noticias no autorizadas y el ultraje a los símbolos patrios, el gobierno negaba efectivamente la libertad de expresión con la excusa de la protección de la seguridad del estado. Además, las autoridades encarcelaron u ordenaron la vigilancia de personas que no habían cometido ningún delito, recurriendo a las leyes que penalizan el "estado peligroso" y disponen la "advertencia oficial." Los tribunales controlados por el Gobierno socavaron el derecho a un juicio justo mediante la restricción del derecho a la defensa, e incumplieron con frecuencia los pocos derechos al debido proceso de que disponen los acusados en las leyes cubanas.

Se limitó severamente hasta el derecho de los cubanos a salir de su país, y el gobierno procesó por "salida ilegal" a las personas que intentaron salir de la isla sin obtener primero un permiso oficial para hacerlo. Dicha autorización se negó a veces arbitrariamente, o se condicionó al pago de un costoso permiso de salida.

Los activistas pro democracia planearon una serie de protestas con motivo de la novena Cumbre Iberoamericana, celebrada en La Habana en noviembre de 1999. Sin embargo, las autoridades reprimieron con dureza la disidencia pública y detuvieron a más de 200 disidentes durante las semanas previas y posteriores a la Cumbre. Muchos de ellos fueron puestos en arresto domiciliario, mientras que otros fueron detenidos temporalmente en estaciones de policía. La oleada de represión continuó hasta fines de febrero del 2000. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una respetada organización de derechos humanos con sede en La Habana, anunció a principios de marzo que se había detenido a 352 disidentes durante los cuatro meses anteriores, y se había limitado la libertad de movimiento de otros 240, normalmente mediante una orden de permanecer en sus casas.

Aunque la gran mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad finalmente sin cargos, unos cuantos fueron procesados. El caso más grave fue el del Dr. Óscar Elías Biscet González, de 38 años, que fue sentenciado a tres años de cárcel el 25 de febrero por actos de protesta tales como darle la vuelta a la bandera cubana y llevar pancartas contra el aborto. Biscet, el presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos, fue condenado por "ultraje" a los símbolos patrios, desórdenes público e instigación a delinquir. En agosto se informó que había sufrido una pérdida considerable de peso y problemas de salud en prisión, lo que incluía una infección de encías sin tratar, y había estado en detención solitaria durante meses seguidos.

También el 25 de febrero, inmediatamente después del juicio a Biscet, Eduardo Díaz Fleitas, vicepresidente del Movimiento 5 de Agosto, y Fermín Scull Zulueta, fueron condenados en el mismo tribunal por alteración del orden público. Díaz Fleitas fue sentenciado a un año de cárcel y Scull Zulueta a un año de arresto domiciliario. Al igual que Biscet, se manifestaron contra el aborto y llevaron pancartas en la protesta del 10 de noviembre.

El acontecimiento más alentador del año se produjo en mayo, cuando se puso en libertad a tres líderes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna (GTDI) antes de cumplir sus condenas. La economista Martha Beatriz Roque Cabello, el profesor de ingeniería Félix Antonio Bonne Carcasses y el abogado René Gómez Manzano obtuvieron la libertad provisional con dos semanas de diferencia, pero Vladimiro Roca Antúnez, el cuarto líder del grupo, seguía encarcelado cuando se escribió este informe. Los cuatro habían sido condenados en marzo de 1999 a varios años de prisión por "actos contra la seguridad del Estado," después de haber pasado casi 19 meses en detención provisional. Fueron detenidos por primera vez en julio de 1997, un mes después de que el GTDI publicara "La Patria es de Todos," un documento en el que se analizaban la economía, los derechos humanos y la democracia en Cuba.

Independientemente de que fueran presos políticos o comunes, los internos estuvieron sometidos a condiciones penitenciarias abusivas. Los presos sufrieron con frecuencia malnutrición y languidecieron en celdas hacinadas con la aquiescencia de los guardias, o durante largos períodos en celdas de aislamiento. Las autoridades penitenciarias insistieron en que todos los detenidos participaran en sesiones de "reeducación" política o se enfrentaran al castigo. Los presos políticos que denunciaron las malas condiciones carcelarias fueron castigados con el encierro en solitario, la restricción de las visitas o la negación de tratamiento médico.

Al menos 24 presos esperaban su ejecución, según una lista divulgada en agosto por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que también suministró los nombres de otras 21 personas ejecutadas en 1999. Aunque la organización señaló que todos los presos ejecutados habían sido condenados por homicidio, las leyes cubanas contemplaban el uso de la pena de muerte para otros muchos delitos, entre ellos el narcotráfico internacional y la corrupción de menores. El secretismo de Cuba con respecto a la aplicación de la pena de muerte — el Gobierno no ofreció información sobre las ejecuciones — hizo difícil calcular el número real de condenas a muerte impuestas o ejecutadas. Las graves deficiencias procésales del sistema legal cubano y la falta de independencia judicial, que violaba los derechos de todos los acusados penalmente, fueron especialmente problemáticas en el caso de los delitos capitales. Era además improbable que se remediaran las injusticias mediante la revisión por parte de un tribunal superior, ya que las oportunidades de apelación que las leyes cubanas ofrecían a los condenados a muerte eran mínimas.

El gobierno cubano mantuvo una postura firme en contra el periodismo independiente, y detuvo periódicamente a reporteros, a los que a veces procesó. El 10 de noviembre de 1999, Ángel Pablo Polanco, el director de Noticuba, fue detenido durante una semana supuestamente para impedirle que informara sobre las protestas que rodearon la Cumbre Iberoamericana. El 20 de enero del 2000, José Orlando González Bridón, presidente de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba y redactor de Cuba Free Press, fue detenido durante varias horas. Se informó que la policía le había interrogado sobre sus escritos y le había amenazado con procesarle. Entre otros periodistas detenidos e interrogados durante breves períodos en el 2000 se encuentran Ricardo González Alfonso, Jadir Hernández, Jesús Hernández y Luis Alberto Rivera Leiva. Otros fueron hostigados o la policía les impidió que trabajaran.

Víctor Rolando Arroyo Carmona, un antiguo opositor al Gobierno que escribía para la Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes, fue sentenciado el 25 de enero a seis meses de prisión por "acaparar" juguetes. La policía había confiscado los juguetes que tenía previsto entregar a los niños pobres de su zona; habían sido pagados por exiliados cubanos de Miami. Justo después del juicio a Arroyo, las autoridades cubanas pusieron en libertad a otro periodista independiente, Leonardo de Varona González, que había cumplido una condena de 16 meses por "insultar" al Presidente Fidel Castro. Al menos otros tres periodistas independientes seguían encarcelados: Bernardo Arévalo Padrón y Manuel Antonio González Castellanos, condenados a seis años y a dos años y siete meses, respectivamente, por "insultar" a Castro; y Jesús Joel Díaz Hernández, condenado a cuatro años por "estado peligroso," quién estuvo al parecer encerrado en solitario hasta principios de agosto.

Se informó que el 16 de octubre, tras su puesta en libertad, Arroyo fue golpeado e insultado por agentes de la seguridad del Estado. Él y otro disidente fueron sacados de la casa de un amigo, conducidos a la estación de policía de Güines, golpeados por el camino, y llevados a docenas de kilómetros de distancia, donde los liberaron después de propinarles una nueva paliza.

Los periodistas extranjeros también se enfrentaron al hostigamiento gubernamental cuando intentaron colaborar o asistir a sus colegas cubanos. La periodista free lance italiana Carmen Butta fue supuestamente detenida por la Policía el 18 de junio, después de reunirse con periodistas independientes para su investigación para un artículo sobre la prensa independiente cubana. En agosto, tres periodistas suecos fueron detenidos en La Habana por agentes de la seguridad del Estado. Habían viajado a Cuba con visados turísticos pero celebraron un seminario sobre la libertad de prensa para periodistas independientes. Los tres fueron deportados después de estar detenidos durante tres días. Ese mismo mes, la periodista francesa Martine Jacot fue detenida e interrogada en el aeropuerto de La Habana por seis agentes de las fuerzas de seguridad cubanas. Había pasado una semana en Cuba entrevistando a periodistas independientes y familiares de periodistas encarcelados. Confiscaron el equipo, lo que incluía una videocámara, y algunos documentos de Jacot.

Aunque el gobierno permitió mayores oportunidades para la expresión religiosa que en años anteriores y autorizó las operaciones de varios grupos humanitarios religiosos, siguió manteniendo un control estrecho de las instituciones religiosas, los grupos afiliados y los creyentes individuales.

El gobierno reconoció a un sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y limitó los derechos laborales mediante la prohibición de los grupos laborales independientes y el hostigamiento a las personas que intentaron formarlos. Controló estrictamente a los trabajadores empleados en negocios con inversiones extranjeras. De acuerdo con las leyes laborales restrictivas, las autoridades tuvieron una función prominente en la selección, el pago y el despido de trabajadores; lo que denegaba efectivamente a los trabajadores el derecho a negociar directamente con los empresarios los beneficios, los ascensos y los salarios. Cuba continuó también utilizando el trabajo penitenciario para los campos agrícolas y operó plantas de confección y otro tipo de fábricas en sus prisiones. La insistencia de las autoridades en que los presos políticos trabajaran sin salario en malas condiciones violaba las normas internacionales del trabajo.

La defensa de los derechos humanos

El gobierno cubano continuó su hostigamiento sistemático y la represión de los defensores de los derechos humanos. Las autoridades utilizaron habitualmente la vigilancia, la intervención telefónica y la intimidación con la intención de limitar la observación independiente de las prácticas gubernamentales de derechos humanos. En algunos casos, emplearon los registros arbitrarios, las expulsiones, las restricciones de movimientos, los despidos laborales por razones políticas, las amenazas y otras formas de hostigamiento contra los activistas locales.

El gobierno cubano denegó a los observadores de derechos humanos y humanitarios internacionales el acceso al país. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no ha sido autorizado a realizar visitas a las cárceles cubanas desde 1989, lo que convierte a Cuba en el único país de la región que niega el acceso al CICR. Desde 1995, no se ha permitido a Human Rights Watch enviar a ningún representante a observar las condiciones de derechos humanos en Cuba.

El papel de la comunidad internacional

En su sesión de abril, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó de nuevo a favor de censurar a Cuba por sus abusos a los derechos humanos. La resolución fue aprobada por un margen más amplio que en años anteriores, pero no disponía el nombramiento de un relato especial para observar las condiciones de derechos humanos. La resolución, promovida por los gobiernos checo y polaco, criticaba el trato a los disidentes políticos en Cuba e instaba al Gobierno a permitir las visitas de investigadores de derechos humanos de la ONU. Cuba tomó represalias contra la resolución con una manifestación masiva frente a la Embajada de la República Checa en La Habana y la llamada a consultas de su embajador en Argentina (Argentina fue uno de los 21 países que respaldaron la resolución).

En febrero, poco antes de la sesión de la Comisión, la Relatora Especial de la ONU Radhika Coomaraswamy publicó su informe sobre la violencia contra la mujer en Cuba. Este informe imparcial, objetivo y completo fue el producto de una misión sin precedentes a Cuba de la relatora especial en junio de 1999. (Las autoridades cubanas habían permitido una visita del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la isla, pero habían negado constantemente el acceso de los observadores de derechos humanos de la ONU, incluidos los relatores y funcionarios de organismos temáticos.) Mientras criticaba el embargo estadounidense por sus consecuencias adversas para las mujeres cubanas, el informe instaba a las autoridades cubanas a emprender reformas legales para atender con más eficacia los problemas de violencia doméstica, violación y acoso sexual. Denunciaba asimismo la detención arbitraria de mujeres cuyas opiniones políticas eran inaceptables para el Gobierno.

El informe provocó una respuesta exageradamente defensiva de las autoridades cubanas, que enviaron una nota verbal a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos quejándose de que la visita de la relatora especial había sido "manipulada" por el gobierno de Estados Unidos y cuestionando la aplicabilidad del "concepto burgués democrático-liberal de los derechos humanos" de la relatora especial. Los cubanos atacaron también a voz en grito a Human Rights Watch, cuyo libro de 1999 sobre las condiciones de derechos humanos en Cuba era una de las fuentes citadas por el informe de la relatora especial. Afirmó erróneamente que Human Rights Watch recibía considerables fondos del gobierno estadounidense, cuando, de hecho, la organización no acepta financiación alguna, directa o indirecta, de ningún gobierno.

La Cumbre Iberoamericana llevó al Rey de España a Cuba, en la primera visita de un monarca español a la isla, así como a altos funcionarios de 21 países. Asistieron jefes de Estados de toda Latinoamérica, aunque algunos rehusaron participar debido a la falta de avances democráticos y en materia de derechos humanos en Cuba. En una ruptura del protocolo habitual que fue recibida con satisfacción, una serie de funcionarios, entre ellos el Primer Ministro de España, José María Aznar, y el Presidente de Portugal, Jorge Sampaio, aprovecharon su visita para reunirse con destacados disidentes tales como el veterano activista Elizardo Sánchez.

La Cumbre culminó con la adopción de una serie de documentos, entre ellos la Declaración de La Habana, en la que los Estados signatarios manifestaban su compromiso con la democracia y los derechos humanos y pedían a Estados Unidos el final del embargo sobre Cuba.

Los líderes políticos latinoamericanos tuvieron una nueva oportunidad de valorar colectivamente su relación con Cuba durante la 30ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Windsor, Canadá, en junio. Aunque una serie de países caribeños se manifestaron en favor de la reintegración de Cuba a la OEA-Cuba fue expulsada del organismo regional en 1962-no se adoptaron medidas concretas con esta finalidad.

La relación de la Unión Europea con Cuba siguió estando marcada oficialmente por su Posición Común de 1996, que condicionaba la plena cooperación económica a reformas en materia de derechos humanos. Pero en el 2000 hubo muestras de un cambio en la estrategia de la UE con Cuba. En febrero, Cuba solicitó formalmente su integración en una agrupación multilateral establecida conforme a la Convención de Lomé, un acuerdo comercial y de asistencia entre la Unión Europea y países de África, el Caribe y el Pacífico. La petición desencadenó un debate considerable sobre si la integración de Cuba sería compatible con los criterios del acuerdo sobre democracia y derechos humanos. No obstante, en abril, justo después de la adopción de la resolución sobre derechos humanos de la ONU respaldada por muchos países de la UE, el debate quedó silenciado por la decisión de Cuba de retirar su solicitud. El gobierno cubano canceló además una ambiciosa visita de altos funcionarios de la UE prevista para finales de abril. Sin embargo, en agosto, Cuba volvió a manifestar al parecer su interés en participar en el tratado de ayuda de la UE, ahora llamado el Acuerdo de Cotonou.

Aunque Cuba era el único país de Latinoamérica que no contaba con un acuerdo oficial sobre desarrollo y cooperación con la Unión Europea, la región seguía siendo la principal proveedora de ayuda internacional a Cuba. El comercio y las inversiones europeas en Cuba también siguieron floreciendo, y países como España, Italia y Francia estaban entre los socios más importantes de Cuba en las áreas del comercio y las finanzas. Con la firma de varios acuerdos bilaterales en los últimos años, todos los Estados miembros de la UE mantenían oficialmente relaciones económicas bilaterales con Cuba.

El asunto del embargo de décadas sobre Cuba recibió la atención renovada del Congreso en el 2000, y se tomaron algunas medidas, aunque pequeñas, para relajarlo. En octubre, tras meses de debates en los comités del Congreso, ambas cámaras aprobaron leyes que permitían la venta limitada de alimentos y medicinas a Cuba. Los agricultores, los grupos de interés agropecuarios y las compañías farmacéuticas habían hecho mucha presión para poder acceder al mercado cubano.

Pero era probable que el impacto práctico de la legislación fuera menor que su importancia simbólica. Aunque marcaba la primera retirada importante de sanciones contra la isla en casi cuatro décadas, era improbable que las medidas legislativas permitieran verdaderamente mas que un pequeño volumen de negocios. Debido a los compromisos con legisladores conservadores opuestos a la relajación de las restricciones comerciales, no se autorizaría ningún crédito oficial a la exportación ni financiación privada para las ventas de alimentos. De hecho, cuando el proyecto de ley estaba listo para el voto en la Cámara de Representantes y el Senado, La Habana denunció que sus condiciones eran "humillantes e injustas." En un editorial publicado en las primeras páginas del diario del Partido Comunista Granma se prometía que Cuba no compraría "ni un centavo de alimentos o medicinas a Estados Unidos."

Y en lo que suponía un retroceso, el proyecto de ley contenía disposiciones que codificaban las normas que prohíben generalmente el turismo de Estados Unidos a Cuba. Para poder viajar legalmente a Cuba, los ciudadanos estadounidenses tenían que obtener un permiso, disponible únicamente para muy pocas categorías de viajeros, o estar invitados por una organización de fuera de Estados Unidos que cubriera los gastos. Al limitar los viajes a Cuba, estas restricciones violaban el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos era parte.

Las autoridades estadounidense continuaron deteniendo y repatriando a solicitantes de asilo cubano a bordo de embarcaciones interceptadas en el mar, a los que se sometía únicamente a entrevistas a bordo para determinar si tenían un "temor creíble" a la persecución en su país. Como demostró el caso de Elián González, cuya madre murió en el intento de llegar a Estados Unidos, un gran número de cubanos continuaron arriesgando sus vidas en el mar con la esperanza de alcanzar la costa y obtener asilo en Estados Unidos. PANORAMA GENERAL EN AMÉRICA LATINA REGRESAR AL PRINCIPIO