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UE: Paso crucial para un comercio “sin deforestación”

Las empresas deben respetar el medioambiente y los derechos humanos en las cadenas de suministro

European lawmakers vote on climate change issues at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, Tuesday, September 13, 2022. © 2022 AP Photo/Jean-Francois Badias

(Berlín) – La Unión Europea está en proceso de adoptar una nueva norma importante para exigir que las empresas con sede en la UE se cercioren de que sus importaciones y exportaciones estén “libres de deforestación” y apoyen los derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. La norma establece los requisitos legales para las empresas europeas con respecto a la pérdida de biodiversidad y las violaciones de derechos humanos que puedan estar presentes en sus cadenas de suministro internacionales.

El 19 de abril de 2023, el Parlamento Europeo votó el Reglamento de la Unión Europea sobre productos Libres de Deforestación (European Union Deforestation-Free Products Regulation, EUDR) y se prevé que el Consejo de la Unión Europea lo apruebe a fines de abril, lo cual conllevaría su entrada en vigor poco tiempo después.

“Las empresas europeas de agronegocios han asumido numerosos compromisos voluntarios relativos a sus cadenas de suministro, pero no han erradicado la deforestación y las violaciones de derechos humanos”, expresó Luciana Téllez Chávez, investigadora sobre medioambiente de Human Rights Watch. “Se precisan reglamentos vinculantes como el Reglamento de la UE sobre productos Libres de Deforestación para que las empresas rindan cuentas por las consecuencias ambientales y por los derechos humanos de sus operaciones globales”.

El Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación impone a las sociedades registradas en Estados Miembros de la UE la responsabilidad de cerciorarse de que la madera, el aceite de palma, la soja, el café, el cacao, el caucho y el ganado que importan o exportan no se hayan producido en tierras que se deforestaron con posterioridad al 31 de diciembre de 2020. La norma exige que las empresas tracen el origen de los productos básicos hasta la parcela de terreno en la cual se produjeron o, en el caso de ganado, los lugares específicos donde se criaron los animales.

La regulación también exige que las empresas se cercioren de que estos siete productos básicos agrícolas se produzcan en condiciones que cumplan con la “legislación pertinente” en su país de origen. Esto incluye leyes sobre derechos de uso del suelo; derechos laborales; derechos humanos protegidos por el derecho internacional; el consentimiento previo, libre e informado conforme se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y las leyes contra la corrupción.

La deforestación ocupa el segundo lugar inmediatamente después de los combustibles fósiles como fuente global de emisiones de gases de efecto invernadero que agudizan la crisis climática. A nivel global, la agricultura industrial es el factor más significativo que contribuye a la deforestación. La agricultura industrial se ha vinculado con una variedad de violaciones de derechos humanos, incluido el trabajo forzado e infantil, la exposición peligrosa a plaguicidas tóxicos, los desalojos y desplazamientos forzados, el avance sobre los territorios tradicionales de los pueblos indígenas y la violencia y la intimidación contra defensores ambientales, ente otros.

La UE importa madera y productos básicos agrícolas por valor de miles de millones de euros en forma anual de todas las regiones del mundo. El volumen de deforestación asociada con importaciones de la UE se ubica segunda después de China, conforme surge de un estudio de 2021 que realizaron World Wildlife Fund y Trase. Los ejemplos de deforestación vinculados con importaciones de la UE incluyen:

  • Casi una décima parte (el 9,6 %) de las exportaciones de madera aserrada de Malasia se dirigieron a la UE en 2021, según la base de datos de comercio denominada Observatorio de Complejidad Económica (Observatory of Economic Complexity, OEC). El sector maderero de Malasia está implicado en deforestación generalizada y en la presunta apropiación de tierras de pueblos indígenas sin llevar a cabo consultas ni obtener el consentimiento libre, previo e informado.
  • Casi todo el cacao en grano (44 %) y más de la mitad de la pasta de cacao (54 %) que importó la UE provinieron de Costa de Marfil en 2021, según el OEC. La industria del cacao de Costa de Marfil genera una deforestación devastadora, propicia el comercio ilegal de madera y ha estado implicada reiteradamente en trabajo infantil.
  • Más de una cuarta parte (el 26 %) del cuero, en términos de valor, que exporta Brasil está destinado al mercado de la UE, según indica la industria del cuero brasileña. Más de la mitad (el 54 %) de toda la carne congelada importada por la UE provino de Brasil en 2021, según el OEC. El ganado es el mayor impulsor individual de la deforestación casi totalmente ilegal en la Amazonia; la industria del ganado brasileño también ha estado implicada en el avance  sobre territorios indígenas.
  • Más de una décima parte (el 11 %) de las importaciones de café de la UE procedían de Vietnam en 2021, según el OEC. La industria del café vietnamita también está asociada con una deforestación devastadora y supuestamente ha empleado a niños y niñas incluso de apenas seis años, sobre todo pertenecientes a minorías étnicas.
  • Más de un tercio (el 39 %) de las exportaciones de aceita de palma de Colombia están destinadas a países de la UE, según el OEC. Algunas plantaciones de aceite de palma colombiano han estado asociadas con deforestación significativa y avance sobre territorios indígenas, y han estado implicadas en masacres de comunidades rurales.

Las empresas europeas también deberán cerciorarse de que las materias primas que producen a nivel interno cumplan con el reglamento, lo cual plantea interrogantes sobre las prácticas de algunos Estados Miembros de la UE. En Suecia, por ejemplo, la industria maderera en muchas ocasiones invadió tierras de las cuales el pueblo sami dependía para la cría de renos, una práctica central a su identidad cultural.

La evaluación comparativa de los riesgos clave será fundamental para que la implementación de la regulación resulte exitosa. A los 18 meses de entrar en vigor, la Comisión Europea anunciará qué países productores —incluidos Estados Miembros de la UE— se consideran de riesgo bajo, medio o alto según su tasa de deforestación y degradación forestal, así como la existencia, cumplimiento y aplicación efectiva de las leyes que protegen los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros sujetos con derechos de tenencia consuetudinaria, entre otros criterios.

Los productos de países que se determina que son de “alto riesgo” estarán sujetos a un escrutinio más riguroso por parte de autoridades aduaneras de la UE y exigen que las compañías europeas lleven a cabo controles de diligencia debida más minuciosos al abastecerse de fuentes de estos lugares.

La Comisión tendrá que resistir presiones políticas de socios comerciales y de los propios miembros de la UE para cerciorarse de que la evaluación comparativa refleje con precisión las condiciones en el terreno y contribuya a la implementación efectiva del reglamento, explicó Human Rights Watch.

Las empresas más grandes tendrán 18 meses una vez que el reglamento entre en vigor para implementar cambios que permitan cumplir con la norma antes de enfrentar sanciones por violaciones. Si bien los estados miembros determinarán cuáles serán las sanciones concretas, la regulación establece una base de referencia para las multas en todos los países. Los Estados Miembros deberían esmerarse por armonizar las sanciones para impedir que se conviertan en refugios seguros de materias primas viciadas, destacó Human Rights Watch.

La regulación posibilita que las partes interesadas cuestionen a las autoridades de la UE si creen que la UE no ha implementado adecuadamente la regulación. Esto ofrecerá vías para resarcir a comunidades afectadas por las actividades de las compañías y contribuirá a un cumplimiento más enérgico, destacó Human Rights Watch. Los Estados Miembros deberían asegurarse de que tales vías estén activas no más de 18 meses después de que entre en vigor el reglamento.

La posibilidad de una implementación efectiva dependerá de que los Estados Miembros de la ONU designen a autoridades de cumplimiento idóneas, además de asegurar que tales autoridades y funcionarios de aduana reciban formación y recursos adecuados para lograr el cumplimiento, dijo Human Rights Watch. Los Estados Miembros también deberían imponer sanciones que sean verdaderamente disuasivas para que las multas no se conviertan simplemente en costos operativos.

La UE también debería consolidar asociaciones que apoyen a los principales países productores en el establecimiento de cadenas de suministro sostenibles y mecanismos de control ambiental eficaces, conforme se prevé en el reglamento. Estas asociaciones también deberían contribuir a apoyar a los países productores para que cumplan sus propias metas conforme al Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el Marco Mundial de la Diversidad Biológica 2022, manifestó Human Rights Watch.

El reglamento forma parte de una tendencia más general a establecer restricciones “que incidan en la demanda”, lo que implica que los principales consumidores de productos básicos agrícolas están haciendo valer su posición en el mercado para alentar la producción sostenible. El Reino Unido hace poco aprobó una regulación similar, y legisladores de Estados Unidos han presentado un proyecto semejante en el Congreso. En marzo, el gobierno chino anunció una iniciativa con el mayor lobby de producción de carne bovina de Brasil para la exportación de carne que esté libre de deforestación.

En las próximas semanas, Human Rights Watch trabajará con organizaciones locales e internacionales para hacer valer las evidencias y recomendaciones de política con el fin de respaldar la creación de una arquitectura de implementación sólida.

“El Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación es muy prometedor, pero su eficacia dependerá de que lo implementen con rigurosidad los distintos Estados Miembros de la UE y del respaldo tangible que la UE ofrezca a los socios comerciales para promover el cumplimiento”, señaló Téllez Chávez.

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