La cumbre de jefes de Estado de las Américas que se celebrará entre hoy y mañana tiene tres temas en su agenda: empleo, pobreza y gobernabilidad democrática. Sin duda, temas de relevancia regional, aunque es habitual que a estas reuniones más de un gobierno llegue con agenda propia. De hecho, el Presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ha ido de cumbre en cumbre solicitando declaraciones de apoyo a su proceso de desmovilización de grupos paramilitares. Lo más probable es que haga lo mismo en ésta.

Si de declaraciones se trata, a Uribe no le ha ido mal en este tipo de reuniones. El proceso de desmovilización ha recibido un entusiasta apoyo del Presidente Lagos. Algunas cancillerías, como la de México, celebran el proceso sin que sus países se enteren. Para Brasil, el proceso con los "paras", al igual que muchos temas regionales, no tiene la suficiente importancia como para quitarle el sueño. Por esa falta de interés termina sumándose a los demás.

Las declaraciones de respaldo al proceso en Colombia son consistentes con la lógica de este tipo de reuniones, que casi siempre se quedan en expresiones de buenas intenciones. Esta vez, antes de emitir la acostumbrada declaración de respaldo, los presidentes deberían chequear los hechos. ¿Por qué no avalar el proceso colombiano? Después de todo, Uribe ha desmovilizado a más de 10 mil combatientes y ha promulgado una ley que, según él, logra la paz sin impunidad. El gobierno de Bush pareciera estar satisfecho con lo que ocurre.

Una revisión elemental de este proceso, no obstante, permite darse cuenta que quienes controlan la desmovilización son los propios comandantes paramilitares. La Ley de Justicia y Paz que Uribe firmó en julio les asegura a estos comandantes penas mínimas por hechos atroces y narcotráfico y podría blindarlos de la extradición a Estados Unidos. No asegura una genuina desmovilización de estos grupos, ni mucho menos paz y justicia. A cambio de penas mínimas, los paramilitares no están obligados a decir la verdad sobre sus operaciones, bienes ilícitos o atrocidades. Teóricamente, deben entregar las tierras y bienes que tomaron por la fuerza. Sin embargo, si después resulta que los comandantes ocultaron el 90 por ciento de sus fortunas ilícitas, sus penas no aumentan.

A pesar de las desmovilizaciones, no hay señales de que las estructuras criminales de estos grupos se hayan desmantelado. No hay indicios de que estas mafias hayan dejado de traficar drogas, robar gasolina o extorsionar a las autoridades y a la población civil. Muchos de los supuestos desmovilizados parecen continuar integrando las filas paramilitares. Y, a su vez, el reclutamiento de nuevos miembros no ha cesado.

De continuar así, lo más probable es que el proceso sirva sólo para lavar el prontuario criminal de muchos de los peores violadores de derechos humanos -y más grandes narcotraficantes- en Colombia, dejando sus fortunas intactas y sus redes mafiosas activas.

Bajo el manto de una falsa "legalidad," estos grupos fortalecerán aun más el ya preocupante poder político que han construido sobre la base de la corrupción, la extorsión y el terror.

En Chile, el Presidente Lagos destaca con frecuencia la importancia de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, señalando que "no hay mañana sin ayer". Es lamentable que el mismo gobernante que hace alarde del Informe de la Comisión Nacional sobre Tortura esté dispuesto, cuando se trata de Colombia, a avalar un proceso que sacrifica los derechos de las víctimas sin avanzar hacia la paz.

Ojalá que tanto Chile como los demás gobiernos de la región dejen de aplaudir frívolamente un proceso que no conocen. Pero quizás sea pedir demasiado. Lo más probable es que la Cumbre de las Américas sea sólo una reunión más de compromisos y declaraciones con poco impacto real. Y lo más probable es que los gobiernos continúen felicitando a Uribe por un proceso que debilita el Estado de Derecho e hipoteca las instituciones democráticas en Colombia, a las mafias paramilitares y del narcotráfico.