(Nueva York) - El carácter sistemático de los abusos contra civiles en Homs por las fuerzas del Gobierno sirio, como tortura y homicidios ilegítimos, indican la existencia de crímenes contra la humanidad, dijo Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. Human Rights Watch instó a la Liga Árabe, que se reunirá en El Cairo el 12 de noviembre de 2011, a suspender la membresía de Siria en la Liga y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU imponer un embargo de armas y sanciones contra los responsables de las violaciones, así como remitir el caso de Siria a la Corte Penal Internacional.
El informe de 63 páginas, “'We Live as in War': Crackdown on Protesters in the Governorate of Homs” (“'Vivimos como en guerra': Represión de manifestantes en la provincia de Homs"), se basa en más de 110 entrevistas con víctimas y testigos de Homs, tanto en la ciudad como en los alrededores de la gobernación que lleva el mismo nombre. La zona se ha convertido en un centro de oposición al gobierno del presidente Bashar al-Assad. El informe se centra en las violaciones de las fuerzas de seguridad sirias a partir de mediados de abril hasta finales de agosto, periodo durante el cual las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos 587 civiles, el mayor número de muertes en una sola provincia.
Las fuerzas de seguridad han matado a por lo menos otras 104 personas en Homs desde el 2 de noviembre, cuando el Gobierno sirio llegó a un acuerdo con la Liga Árabe para una solución política. Los ministros de Relaciones Exteriores árabes se reunirán en una sesión de emergencia el 12 de noviembre para discutir el incumplimiento de Siria del acuerdo con la Liga Árabe.
"Homs es un microcosmos de la brutalidad del gobierno de Siria", dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de Human Rights Watch. "La Liga Árabe tiene que decirle al presidente Assad que la violación de su acuerdo tiene consecuencias, y que ahora apoya las acciones del Consejo para poner fin a la masacre".
Homs se ha convertido en la provincia más conflictiva de Siria desde que las protestas contra el gobierno emergieron a mediados de marzo. Human Rights Watch documentó docenas de incidentes en que las fuerzas de seguridad y las milicias apoyadas por el gobierno atacaron violentamente y dispersaron protestas esencialmente pacíficas. Una mujer que el 15 de agosto participó con su hijo de 3 años de edad en una protesta en el barrio Bab Dreib de Homs describe la forma en que fueron atacados:
Salimos a unirnos a una protesta pacífica, con toda la familia alrededor de las 10:30 u 11 de la noche. Había calma, todo parecía estar bien. De repente, dos coches aparecieron y abrieron fuego, apuntando a la personas a pesar de se encontraban tapándose la cabeza y tiradas en el suelo. Eran carros Kia Cerato blancos con vidrios polarizados, como los utilizados por los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea. Las armas eran ametralladoras. Mi marido se inclinó para proteger a nuestro hijo, pero la bala le entró por el estómago a nuestro hijo. Los médicos pudieron extraerle la bala, pero tuvo una gran cantidad de daños.
Las fuerzas de seguridad también han llevado a cabo operaciones militares a gran escala en varias ciudades de la provincia, incluyendo Tal Kalakh y Talbiseh, así como la ciudad de Homs, lo que resultó en muertos y heridos. Por lo general, las fuerzas de seguridad utilizaron armas pesadas, incluidos cañones antiaéreos montados en vehículos blindados, para disparar a los barrios y asustar a la gente antes de entrar con vehículos blindados y otros vehículos militares. Cortaron las comunicaciones y establecieron puestos de control para restringir el movimiento de entrada y salida de los barrios y la entrega de alimentos y medicinas. Un residente de Bab Sba ', una parte de la ciudad especialmente afectada por la violencia, describió cómo las fuerzas de seguridad rodearon el barrio:
El 21 de julio, las fuerzas de seguridad bloquearon Bab SBA `por completo. A los autos que trataban de llegar les disparaban desde vehículos militares pesados, y francotiradores disparaban a los peatones y bicicletas. Cuando tratamos de llevar alimentos y medicinas a la zona en la mañana del 21 de julio, las fuerzas de seguridad abrieron fuego. Mataron a una persona, hirieron a una segunda y arrestaron a la tercera.
Al igual que gran parte del resto de Siria, las fuerzas de seguridad en la gobernación de Homs sometieron a miles de personas a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura sistemática durante la detención. Si bien la mayoría fueron puestos en libertad después de varias semanas en prisión, varios centenares siguen desaparecidos. La mayoría de los detenidos eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, pero las fuerzas de seguridad también detuvieron a niños, mujeres y ancianos. Varios testigos informaron de que sus padres e incluso abuelos - personas de entre 60 y 80 años de edad- habían sido detenidos.
La tortura de los detenidos es algo desenfrenado. Veinticinco ex detenidos de Homs se encontraban entre las personas entrevistadas por Human Rights Watch. Todos ellos denunciaron haber sido sometidos a diversas formas de tortura. Human Rights Watch ha documentado de forma independiente 17 muertes bajo custodia en Homs, por lo menos 12 de las cuales fueron claramente a causa de torturas. Los datos recogidos por activistas locales muestran cifras aún mayores. Indican que al menos 40 personas detenidas en la gobernación de Homs murieron bajo custodia entre abril y agosto.
Ex detenidos reportaron que las fuerzas de seguridad utilizaron barras de metal caliente para quemar varias partes de su cuerpo, descargas eléctricas, posturas en tensión durante horas o incluso días, y dispositivos explosivos improvisados, como neumáticos para automóviles (localmente conocidos como dulab), para obligar a los detenidos a colocarse de formas que facilitaran golpearlos en las partes sensibles del cuerpo, como las plantas de los pies y la cabeza. Un testigo describió la tortura que sufrió en la base de la Inteligencia Militar en Homs:
Me llevaron a lo que parecía una gran habitación con un montón de gente. Me vendaron los ojos, pero oía a la gente a mi alrededor gritando y pidiendo agua. Podía oír el sonido de las pistolas paralizantes eléctricas y a interrogadores ordenando colgar a gente de sus manos. Una vez que llegaron conmigo, empezaron a burlarse de mí diciendo: "Le damos la bienvenida, líder de la revolución", y me preguntaron qué estaba pasando en Tal Kalakh. Les dije que no sabía, y entonces comenzó la tortura.
Me golpearon con cables y luego me colgaron de las manos a una tubería en el techo de modo que mis pies no tocaban el suelo. Estuve colgado de allí durante unas seis horas, aunque era difícil tener conciencia del tiempo. Me golpeaban y me echaban agua, y luego usaban paralizadores eléctricos. Por la noche, me ponían en una celda, de aproximadamente 3 por 3 metros, junto con unos 25 detenidos más. Estábamos todos juntos muy apretados. A la mañana siguiente, me llevaron a un nuevo interrogatorio. Esta vez, me "doblaron", empujaron mis piernas y cabeza en un neumático, me pusieron sobre mi espalda, y comenzó a azotar las plantas de mis pies.
Una de las características más preocupantes de la intensificación de la represión ha sido el creciente número de muertes bajo custodia. En casi todas las 17 muertes bajo custodia que Human Rights Watch ha podido confirmar de manera independiente, los testigos dijeron que no tenían información sobre el destino o paradero de sus parientes después de que las fuerzas de seguridad los detuvieron en una protesta o puesto de control hasta el día que recibieron una llamada, por lo general de un hospital público local, pidiéndoles recoger el cuerpo. En al menos 12 casos en los que Human Rights Watch examinó fotos o videos de los cuerpos, estos presentaban señales inequívocas de conformidad con la tortura, como magulladuras, cortes y quemaduras.
Las autoridades sirias han afirmado reiteradamente que la violencia en Homs ha sido llevado a cabo por bandas armadas terroristas, incitadas y financiadas desde el exterior. Los manifestantes parecen haber estado desarmados en la mayoría de los incidentes, Human Rights Watch descubrió, pero los desertores armados de las fuerzas de seguridad han intervenido en algunas ocasiones después de que los manifestantes fueron atacados por las fuerzas de seguridad.
Los residentes locales dijeron a Human Rights Watch que, desde junio, las deserciones del Ejército habían aumentado y que en muchos barrios había de 15 a 20 desertores que a veces intervinieron para proteger a los manifestantes cuando escucharon disparos. Además, la violenta represión de las fuerzas de seguridad y la creciente desconfianza sectaria ha hecho que los residentes de algunos barrios de la ciudad de Homs, sobre todo Bab SBA`y Bab `Amro, se organicen en comités de defensa locales a menudo armados, en su mayoría con armas de fuego, pero en algunos casos con granadas propulsadas por cohetes (RPG).
La violencia de los manifestantes o desertores merece una mayor investigación. Sin embargo, estos incidentes de ninguna manera justifican el uso desproporcionado y sistemático de la fuerza letal contra los manifestantes, que superó claramente una respuesta justificada ante cualquier amenaza que suponía las multitudes de personas en su mayoría desarmadas . Ni tampoco la existencia de elementos armados de la oposición justifican el uso de tortura y detención arbitraria en régimen de incomunicación .
La decisión de algunos manifestantes y disidentes de armarse y luchar muestra que la estrategia adoptada por las autoridades de Siria ha provocado una peligrosa escalada en el nivel de violencia, y subraya la necesidad de que la comunidad internacional garantice el cese inmediato de la fuerza letal para evitar que el país termine en conflicto más sangriento, dijo Human Rights Watch.
SANA, la agencia oficial de noticias siria, informó el 6 de noviembre que con motivo del Eid al-Adha, las autoridades habían liberado a 553 detenidos "que participaron en los acontecimientos actuales, sin manchar sus manos de sangre". Sin embargo, las autoridades no publicaron los nombres y tres abogados de derechos humanos que representaban a activistas políticos dijeron a Human Rights Watch por separado que ninguno de sus clientes había sido liberado.
